Jugada de La Moneda para sepultar el “sexto retiro” genera fuerte pugna reglamentaria en la Cámara

“¡Es una sesión ilegal!”, acusaba este miércoles la diputada Pamela Jiles, una de las promotoras de los giros de ahorros previsionales. “¡Esto es la degradación de la política!”, respondió, a su turno, el diputado del Frente Amplio Gonzalo Winter, en medio de una tensa sesión de la Comisión de Constitución, que fue convocada de emergencia durante la tarde con el fin de salvar un conflicto reglamentario respecto de la tramitación del llamado “sexto retiro”.

El caso había sido levantado el martes por un grupo de legisladores partidarios de los giros previsionales, entre ellos, René Alinco, Rubén Oyarzo (PDG), Jorge Durán (RN) y la misma Jiles, luego de que el gobierno pusiera “discusión inmediata” a la tramitación de esta nueva reforma constitucional para el rescate de fondos, apostando que a que el texto se rechazaría en la mencionada comisión y también en la Sala de la Cámara.

El Ejecutivo buscaba darle una muerte súbita al llamado “sexto retiro”, que finalmente se rechazó en la sala.

Sin embargo, la polémica no se cerró ayer y es altamente probable que las acusaciones, que se expresaban a viva voz en el Congreso, deriven en presentaciones ante el Tribunal Constitucional (TC), por un lado, y querellas por injurias, por otro.

Los diputados, encabezados por Jiles, sostenían que el nuevo retiro refundía nueve iniciativas, por lo tanto, antes de votar la idea de legislar debía resolverse cuál era la propuesta que regiría en caso de que la Cámara lo aprobara en general.

Ellos argumentaban que en vista de que La Moneda le había puesto “discusión inmediata” (un plazo máximo de seis días para votar un proyecto), la reforma tenía que votarse “en general y en particular a la vez”, dice el reglamento de la corporación, por lo tanto, debía estar claro cuál sería la fórmula para proceder con el giro desde los fondos de pensiones.

La jugada táctica de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), que hoy lidera el ministro Álvaro Elizalde, no obstante, seguía al pie de la letra maniobras que habían realizado el actual gobierno y la anterior administración de Sebastián Piñera. Incluso, el llamado “quinto retiro”, que fue rechazado en la Sala de la Cámara en abril de 2022, también era una reforma con mociones fusionadas que venía con informe negativo desde la Comisión de Constitución. Por lo tanto, según esa interpretación, bastaba que se incluyeran todas las mociones dentro del informe.

La postura de La Moneda fue defendida el martes por el propio presidente de la mencionada comisión, el diputado Raúl Leiva (PS), a quien Jiles lo acusaba de haber cometido ilegalidades en la tramitación, como alargar la sesión o convocar a la instancia sin respetar los tiempos reglamentarios.

Dado que Leiva contaba con votos del oficialismo, de Chile Vamos y del Partido Republicano, impuso el martes su criterio y el llamado “sexto retiro” fue rechazado en su idea de legislar en la comisión por 10 votos en contra y 3 a favor.

Inesperadamente, el escenario cambió, cerca del mediodía, en la reunión de comités, donde participan representantes de todas las bancadas. En ese encuentro de coordinación, al que asiste Jiles como personera de un grupo independiente, ella contó con el apoyo sorpresivo de las bancadas de derecha para pedirle a la Comisión de Constitución una aclaración.

Ello dio paso a que la instancia, que preside el diputado Leiva tuviera que volver a sesionar de urgencia el miércoles, después de almuerzo, a horas de que la sala votara el “sexto retiro”.

En esta nueva sesión, expuso el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, quien si bien dijo que el procedimiento era habitual, proponía enumerar las nueve mociones refundidas e incluirlas como una suerte de articulado de la reforma que se votaría en la sala. Indirectamente, sin explicitarlo, ello les daba la razón a los diputados que acusaban irregularidades en la tramitación. Acogiendo tal propuesta, Leiva pidió a la comisión acoger la sugerencia del secretario.

No obstante, dado que la estrategia del grupo liderado por Jiles era ganar tiempo para evitar un inminente rechazo de la reforma este miércoles, se opusieron a que la comisión evacuara esa propuesta y exigían prolongar el debate hasta la próxima semana.

Aunque Leiva logró imponer nuevamente su criterio, ello no inhibió que escalaran las críticas a su persona y al gobierno.

“Los comités por unanimidad, lo mandan a corregir (el informe). Le advierto presidente, que usted ha cometido seis ilegalidades. Lo que está en cuestión es el pésimo manejo que ha hecho el gobierno para parar un proyecto al que le tiene terror”, le reprochó a Jiles a Leiva.

“Es inaceptable cómo estamos actuando de forma apresurada por un capricho del gobierno. ¿Dónde están las prioridades? Podría haber urgencias en seguridad, en salud, a la reforma pensiones, pero se pone urgencia, manipulando a esta comisión, haciendo que se cometan errores”, dijo Jorge Durán (RN).

El tema escaló aún más cuando algunos de los diputados partidarios del retiro acusaron al secretario de la comisión, el abogado Patricio Velásquez, de actuar “pauteado” por diputados oficialistas, particularmente por el socialista Leonardo Soto, para validar un informe que, a su juicio, tenía errores reglamentarios. “Pido que se ordene una investigación”, señaló Alinco.

“Es una denuncia muy grave”, respondió Leiva, quien luego precisó que el funcionario aludido, a quien le dio su respaldo, podría querellarse por injurias porque se le imputaba una falta a sus deberes.

A su turno, el abogado Velásquez consideró que las acusaciones eran inaceptables. “Me está atribuyendo intenciones opuestas a mis deberes, no lo voy a aceptar diputado Alinco, merezco un mínimo respeto”.

“Si estas declaraciones fuesen hechas en otro contexto, nosotros podríamos ejercer las acciones judiciales que corresponden”, comentó Landeros, quien en su calidad de jefe de servicio, salió en defensa del abogado aludido. A diferencia de Leiva, Landeros sostuvo que dado que Alinco lanzó sus imputaciones en una comisión, el diputado goza de “inviolabilidad” en sus opiniones en sesiones de la Cámara, es decir, una querella en su contra difícilmente puede prosperar.

En esa sesión, el debate sólo empeoró al punto que Leiva tuvo que amonestar a Jiles y a Durán.

A la salida del encuentro, el presidente de la Comisión de Constitución descartó las aseveraciones de supuestas ilegalidades.

“Aquí no se ha movido en un ápice el reglamento”, dijo Leiva, recordando que, por ejemplo, en el quinto retiro se aplicó el mismo procedimiento cuando se trataba de normas refundidas. “Lamento que diputadas y diputados que en una materia falaz hayan tratado de dilatar en este proyecto su discusión y votación... En el tema técnico y jurídico, la controversia fue absolutamente resuelta por la autoridad que corresponde, que es el secretario general de la corporación”, expresó el legislador socialista.

Luego estas tensiones se trasladaron horas más tarde a la sesión de sala, donde el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, también debió afrontar las imputaciones de irregularidades en la tramitación. Incluso, también aplicó sanciones como llamados al orden y amonestaciones. Además, a nombre de la mesa, Mirosevic respaldó al secretario de la Comisión de Constitución, independiente de que igualmente se ordenó hacer la investigación para despejar la denuncia del diputado Alinco.

“La mesa tiene clara la cuestión. Si algunos tienen dudas, pueden recurrir al Tribunal Constitucional”, expresó Mirosevic, anticipándose a las amenazas de algunos diputados que anunciaron que presentarán un reclamo al TC por las eventuales irregularidades en la tramitación.