La inquietud del gobierno ante el panorama que deja la caída de los supremos

El Senado selló este miércoles el destino del juez de la Corte Suprema, Sergio Muñoz al aprobar la acusación constitucional que interpuso contra él la oposición y que lo dejó inhabilitado por cinco años para ejercer cargos públicos. Un destino similar al que arriesga la ahora exministra de la Suprema Ángela Vivanco, cuya acusación era revisada por la Cámara Alta al cierre de esta edición, pese a que ya fue destituida del cargo por el propio tribunal.

En La Moneda no esconden que este escenario es inquietante, por varias razones. Primero porque el estrés institucional no es gratis, dicen en el Ejecutivo. El nuevo escenario, además, obliga a la administración del Presidente Gabriel Boric a iniciar negociaciones que no estaban contempladas para llenar los cupos que quedan vacante y porque nada asegura que se mantendrán los equilibrios políticos en el máximo tribunal.

Pese a que públicamente el gobierno no se inmiscuyó en la discusión, autoridades del Ejecutivo como el ministro de Justicia, Luis Cordero, sí ha advertido sobre el estrés institucional que significa este remezón a la Suprema.

Con la salida del poderoso juez Muñoz, la Corte Suprema se queda sin tres de sus 21 ministros, ya que aún no se ha llenado el escaño que dejó Jorge Dahm y se debe enfrentar la destitución de la jueza Angela Vivanco, quien salió tras el caso Audio. Pero, además, a ellos se sumará Juan Eduardo Fuentes, quien el próximo jueves 24 de octubre -la próxima semana- cesará sus funciones tras haber alcanzado la edad límite para ejercer el cargo. Es decir, a fines de mes La Moneda coincidirá con la merma de cuatro integrantes del máximo tribunal.

Dentro del Ejecutivo ya han enfrentado tres veces el proceso de nombramiento de jueces -María Soledad Melo, Jessica González y Mireya López- para la Suprema, por lo que entienden lo complejo que es la definición en términos de plazos.

En este sentido, la inquietud de La Moneda se concentra en los plazos con los que se pueden tramitar los nuevos nombres de supremos, así como también en la mantención de los equilibrios políticos al interior del máximo tribunal. Y es que una de las reglas no escritas en la Corte Suprema es la nivelación que se da entre la oposición y el oficialismo para la designación de estos cargos.

A ello se suma otro temor que se ha transmitido desde personeros del gobierno a parlamentarios en el Congreso, sobre cómo va a reaccionar la Corte Suprema ante el golpe asestado por el Congreso, pues altos personeros de La Moneda creen que la vorágine generada no quedará sin respuesta.

Por ejemplo, las mismas fuentes recuerdan que es la Corte Suprema la que debe elaborar y presentar ante el Ejecutivo una quina -selección de cinco alternativas- para las próximas nominaciones. Recién ahí el Presidente Boric podrá proponer un nombre al Senado para llenar las vacantes del máximo tribunal.

Este miércoles Cordero dijo en el Congreso dijo que esta “es la crisis del sistema de justicia, no solo del Poder Judicial, más relevante desde el retorno a la democracia, pero las instituciones democráticas también tienen mecanismos de recomposición. Uno de los mecanismos es que las instituciones democráticas ejerzan sus labores y todos entendamos respetuosamente que cada uno ejerce la que corresponde”.

“Cuando las instituciones pasan por periodos como estos también se producen estreses institucionales. (...) El Ejecutivo es respetuoso del rol que ha cumplido la Cámara y el Senado y la obligación del Ejecutivo es garantizar la continuidad del sistema judicial”, complementó el titular de Justicia.

En paralelo a la disputa entre el Congreso y la Corte Suprema, La Moneda presentó este miércoles el proyecto que modifica el sistema de nombramientos judiciales. Se trata de la medida con la que la administración del Presidente Boric busca enfrentar la crisis desatada por el caso Audio.

Los detalles de la iniciativa fueron presentados por el ministro Luis Cordero en la comisión de Constitución de la Cámara, en donde también estuvo presente el extitular de Justicia de Sebastián Piñera, Hernán Larraín.

Hoy la propuesta del Ejecutivo se centra en ejes como la separación de las funciones judiciales de las administrativas, la creación de un ente independiente a la Suprema que se encargaría de las nuevas designaciones y la idea de que la Corporación Administrativa del Poder Judicial pueda ser regulada por la Contraloría. A esto se suma que se eliminarán los abogados integrantes y se priorizará el mérito por sobre otros factores en la designación de nuevos jueces.

Eso sí, un punto que se mantiene es la participación del Senado en los nombramientos. “Sé que es un punto de discusión”, reconoció Cordero.

La innovación, en todo caso, es que el consejo de nombramiento se compondrá por un criterio de sorteo, además de un decano o exdecano que nombre el Consejo de Rectores, y por último, un abogado de trayectoria de 30 años. Es decir, “personas que en teoría debieran estar en la partes finales de su carrera profesional”, aseguró el ministro.