La Moneda intenta aprovechar reclamos de aseguradoras de EE.UU. y de republicanos para alinear a sus últimos disidentes en reforma previsional

En los mejores adversarios, en el momento más oportuno, se transformaron para el gobierno las controladoras norteamericanas de algunas AFP, que a través de una carta criticaron la reforma de pensiones, que este miércoles enfrenta en la Cámara de Diputados su jornada decisiva.

De ser aprobados todos los puntos que concordó el Senado -sin ningún rechazo por menor que sea-, el proyecto previsional sería “despachado a ley” luego de una extensa ronda de votaciones que se realizará esta noche.

A pesar de que esta mañana el Ejecutivo ya tenía alineadas mayoritariamente a sus filas, los ministros del Presidente Gabriel Boric intentaron aprovechar la declaración de las aseguradoras de EE.UU. para hacer un último apretón de los votos disidentes. Este nuevo factor se sumó a la estrategia comunicacional que ya había desplegado La Moneda en las últimas semanas para usar el rechazo del Partido Republicano a su favor.

En la misiva, firmada por presidente y CEO del American Council of Life Insurers (ACLI), David Chavern, la asociación norteamericana da cuenta su preocupación por la iniciativa, al señalar que la licitación de la cartera de clientes, “pone en riesgo los acuerdos internacionales de libre comercio” y advierte que “constituiría una expropiación de inversiones significativas de EE.UU. en Chile, y una violación de la obligación de Chile de otorgar un trato justo y equitativo a los inversores estadounidenses, entre otras violaciones del derecho internacional”.

La carta no solo violentó a los legisladores de izquierda -que a regañadientes pretendían aprobar la reforma debido a las concesiones que hizo el gobierno con la oposición-, sino que también debilitó uno de los argumentos de quienes desde la derecha se oponen al “préstamo” de un porcentaje de la cotización a un seguro social, porque sostienen que los ahorros en manos de las AFP son dineros de los trabajadores, no de inversionistas extranjeros.

“Estos fondos no son del gobierno ni de las AFP, son de los trabajadores”, dijo, por ejemplo, esta mañana el diputado Roberto Arroyo (socialcristiano), quien, de todos modos anunció, su voto en contra.

En respuesta a esa misiva, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), dijo que “los afiliados no son propiedad de nadie, son personas y, por tanto, en un mercado obligatorio de ahorro, si el mercado no se ha regulado para tener una mayor eficiencia en términos de los costos que cobra a los afiliados, se toman ciertas medidas como la licitación de actuales afiliados (...). La propuesta que ha hecho el gobierno es consistente con lo que considera correcto, no solamente de fondo, sino que también dentro del marco legal”.

Con todo, la titular del Trabajo sostuvo que los contenidos de la carta están siendo analizados y van a ser respondidos formalmente en su debido momento.

El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), quien ayer junto a Jara y el titular de Hacienda, Mario Marcel, se desplegó en la Cámara para seguir amarrando votos, también respondió a las aseguradoras. “Llama la atención que señalen que se afecta al derecho de propiedad, porque los cotizantes, las trabajadoras y los trabajadores no son propiedad de nadie. Y la reforma que ha impulsado el gobierno es una reforma que está centrada en las personas. Es una buena noticia para las personas. Hay quienes están interesados en defender los intereses de, quizás, algún grupo en particular”, sostuvo Elizalde.

De hecho, un efecto de la carta es que grupos del oficialismo que estaban en abierta resistencia esta mañana salieron a declarar su alineamiento con la reforma.

La jefa de bancada del grupo Independientes-PPD, Camila Musante, quien inicialmente acusó al gobierno de “arrodillarse” ante la oposición y las AFP, este miércoles, tras la carta de las controladoras, anunció su apoyo al proyecto, al igual que otros miembros de su comité que hace dos semanas estaban votando en contra.

“Esta reforma va a constituir parte del legado del Presidente Gabriel Boric, porque reconocemos también que se abre una ventana para comenzar a terminar con el sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones. Y quiero referirme a la carta de las aseguradoras de Estados Unidos que ponen en tela de juicio los mecanismos que se abren como el de licitación, porque temen a la mayor competencia. Y eso, es una buena noticia en torno al avance que puede constituir esta reforma para nuestro país”, comentó la legisladora que ya la semana pasada había comenzado a morigerar su postura inicial.

Otro de los críticos del acuerdo previsional alcanzado por el gobierno y senadores de Chile Vamos, el diputado y presidente de Acción Humanista, Tomás Hirsch, al menos señaló esta mañana que la reforma “era una pequeña grieta en este sistema ladrón”.

Otro de los que estaba escéptico, el diputado Carlos Bianchi (independiente asociado al grupo PPD), declaró un pleno apoyo a partir de las actuaciones de republicanos y las aseguradoras. “Aquí escucho palabras de republicanos y de libertarios y hago la constatación, y Chile tiene que hacerla. ¿A quiénes defienden? Bueno, coincidentemente el país se enteró que grupos norteamericanos, dueños de las AFP, no permiten que se haga nada. Y mire usted la coincidencia, republicanos y libertarios no quieren hacer nada. Y eso me motiva a votar favorablemente”, dijo.

En este proceso de cierre de filas, gradual, en algunos caso, y también a la fuerza, admiten en el gobierno, otro factor gravitante -pero en sentido inverso-, fueron los diputados republicanos.

Si bien los legisladores del partido de José Antonio Kast tensionaron a la oposición, en general, también incidieron en que legisladores de izquierda se allanaron a votar a favor para no quedar en la misma posición de lo que ellos califican como “la extrema derecha”.

En ese juego político, la negativa de los republicanos para no dar la unanimidad y no suspender la semana de labores en terreno (distrital), también se convirtió en una buena oportunidad para La Moneda, ya que le permitió al Presidente Gabriel Boric usar una facultad constitucional extrema, que nunca se había usado, para forzar a la Cámara a trabajar legislativamente.

En la RN y la UDI admitían que la negativa republicana los dejaba en una vereda incómoda, porque le daba a Boric una herramienta popular que, al menos en las apariencias, obligada a los diputados a trabajar y supuestamente postergar sus vacaciones, ya que en febrero comienza el receso legislativo.

La misma ministra Jara también se valió de ello para acusar a los republicanos de querer irse de vacaciones.

Anticipándose a ese escenario para “no quedar como flojos”, decían algunos, los diputados de Chile Vamos (RN, UDI y Evópoli) y del Partido Demócratas, le pidieron públicamente al Mandatario que los citara a sesionar esta semana.

El oficio del Mandatario invocando esta facultad constitucional de última ratio, que nunca había sido necesaria aplicarla desde que existe esta disposición de 2005, fue enviado el lunes en la noche.

El mismo Boric dio cuenta de ello en redes sociales, donde apuntó veladamente a los republicanos. “Pese al acuerdo transversal de la gran mayoría de diputados y diputadas, la ultraderecha chilena no dio la unanimidad requerida para poder votar reforma de pensiones esta semana. Por ello, he decidido hacer uso de la facultad presidencial establecida en el art 32 n°2 de la Constitución de citar a sesión extraordinaria del Congreso a la brevedad para resolver este tema que es prioritario para las familias chilenas y lleva más de dos años de debate en el Parlamento”, publicó Boric ayer.

En respuesta, el jefe de los diputados republicanos, Luis Sánchez, señaló que no eran empleados del Presidente y emplazó al Jefe de Estado a “bajarse del parapente, dejar de lado esas actividades extraprogramáticas a las que él está dedicando los fines de semana, que se dedique un poquito mejor al trabajo”.

En todo caso, esta mañana, la disputa continuó y Elizalde volvió a criticar a los republicanos.