La Moneda se aleja de la sequía legislativa, pero sus principales anuncios siguen trabados o pendientes

Algunas buenas noticias, al menos para los parlamentarios y el gobierno, se registraron la semana pasada en el Congreso.

Además de destrabar los nombramientos del Tribunal Constitucional, la Cámara y el Senado despacharon la reforma constitucional que permite al Ejecutivo renovar cada 30 días el estado de excepción constitucional de emergencia en el sur. Ello permitirá que el Legislativo y el Ejecutivo ya no tengan que prorrogar quincenalmente la medida, lo que en el pasado obligaba a interrumpir las vacaciones de febrero de legisladores y ministros.

Por primera vez desde 2019, el Parlamento podría tener un largo receso legislativo de cinco semanas, salvo que haya un cambio sorpresivo en el calendario de trabajo del Congreso. Sin embargo, todo indica que este verano será más tranquilo, sin nuevas acusaciones constitucionales y sin el llamado “frenesí legistativo” que suelen impulsar los gobiernos antes del asueto parlamentario.

Pese a ello, las estadísticas del gobierno dan cuenta de que al menos se logró ahuyentar el fantasma de una “sequía legislativa”, apodo que reciben los períodos de escasa producción de leyes (ver detalle en subtítulo).

No obstante, el problema de la administración del Presidente Gabriel Boric, y en particular del ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), es que los principales compromisos del programa quedarán definitivamente para marzo o, incluso, para los meses siguientes.

El caso más crítico es la agenda de Derechos Humanos, compuesta por 5 iniciativas (cuatro mociones parlamentarias y una medida de manufactura de La Moneda), que fue anunciada en el contexto de la conmemoración de los 50 años del Golpe Militar.

Los cuatro proyectos surgidos de legisladores, que el Ejecutivo se comprometió a patrocinar, aún no se les aplica ningún tipo urgencia (facultad del Presidente para apurar la tramitación de leyes) ni tampoco se les han presentado indicaciones (correcciones del gobierno al texto).

Estas cuatro iniciativas se relacionan directa e indirectamente con el Plan Nacional de Búsqueda de víctimas de la dictadura. Uno de ellos es un proyecto de autoría de la diputada Lorena Pizarro (PC) que genera una calificación jurídica de ausencia por desaparición forzada. Otra iniciativa tipifica el delito de desaparición forzada de personas.

Dentro de las propuestas parlamentarias, que serán apadrinadas por el Ejecutivo, la más controvertida es la que libera el secreto de los testimonios y antecedentes recogidos por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que presidió el obispo Sergio Valech. No obstante, la idea de La Moneda es precisar que el levantamiento del secreto de la Comisión Valech se realizará solo cuando la víctima o sus herederos den su consentimiento. Esa enmienda aún no se presenta.

También será impulsada por La Moneda una iniciativa de hace 20 años atrás, presentada en 2003, que buscaba terminar con leyes secretas desde el año 1900.

La única iniciativa legal propia que impulsará el Ejecutivo será la política para proteger los sitios de memoria, sin embargo, está en etapa de redacción y aún no tiene fecha para su ingreso al Congreso.

Las irregularidades en los traspasos de dineros fiscales a organizaciones controladas por grupos políticos, a raíz del escándalo de junio del año pasado de la Fundación Democracia Viva, dieron paso a la agenda de probidad y modernización del Estado.

No obstante, de las siete iniciativas legislativas, anunciadas en agosto de 2023, solo una se ha convertido en ley: la que moderniza las compras públicas.

También un paso importante dio el proyecto sobre integridad municipal que fue despachado por la Cámara de Diputados el 18 de diciembre y pasó a la Comisión de Gobierno del Senado, donde aún permanece.

En tanto, las otras cinco iniciativas siguen entrampadas, avanzando lentamente o aún no se presentan al Congreso.

El nuevo Servicio de Auditoría del Gobierno, que permitiría a La Moneda contar con un sistema de alertas frente a posibles irregularidades, ingresó en septiembre y aún está discutiéndose en la Comisión de Hacienda de la Cámara.

La Ley de Transparencia 2.0, que viene del segundo gobierno de Sebastián Piñera, sigue a paso lento en la Comisión de Hacienda del Senado. La Moneda, en todo caso, le ha puesto urgencia e ingresó en noviembre indicaciones.

El proyecto sobre beneficiarios finales, que busca dilucidar quiénes son las personas que reciben recursos públicos, comenzó su tramitación el 18 de diciembre y está en una fase muy preliminar en Hacienda del Senado.

La iniciativa de “Regiones Más Fuertes”, que da más herramientas y responsabilidades a los gobiernos regionales, está en la Comisión de Hacienda de la Cámara sin avances significativos, desde mayo de 2023.

Por su parte, la reforma a la Ley de Rentas Municipales tiene pendiente su ingreso.

El cuadro no es muy distinto para las reformas estructurales comprometidas por el Presidente en materia de pensiones, salud, educación, litio y los cambios al sistema tributario (estos últimos incluidos en un paquete más grande de iniciativas, bajo el nombre de “Nuevo Pacto Fiscal”).

La reforma previsional seguía estancada en la Comisión de Trabajo de la Cámara y recién reanudó sus votaciones después del último plebiscito constitucional de diciembre. Aunque es probable que pueda discutirse en la sala de los diputados en enero, su paso al Senado depende de si se confirma el acuerdo con partidos políticos no alineados como Demócratas, la DC y el PDG. En la Cámara Alta, sin embargo, inevitablemente la discusión volverá a trabarse por el empate de fuerzas que hay con la derecha.

La reforma al sistema de Salud está comprometida para finales de 2024, pero -por mientras- el Senado está avanzando en una “ley corta”, que busca evitar la caída de las isapres. La idea del Ejecutivo es que esta iniciativa transitoria cumpla al menos su primer trámite antes del receso de febrero.

En materia educacional, el compromiso que adquirió el Presidente Boric para eliminar el CAE o reformar el financiamiento de la educación superior, fue postergado para septiembre de 2024.

La creación de una Empresa Nacional del Litio, que estaba comprometida para fines de 2023, ni siquiera tiene nueva fecha de ingreso. No obstante, dado que Codelco asumió un rol en la negociación con SQM, esta iniciativa pasó a segundo plano.

En el caso del “Nuevo Pacto Fiscal” (que en rigor comprende un paquete de más de 50 medidas, algunas de ellas para favorecer el crecimiento) está más claro que La Moneda esperará hasta marzo para enviar la parte que genera cambio en el impuesto a la renta.

El 8 de marzo se cumple el año de restricción que impone la Constitución, para reponer la reforma tributaria, luego de que a inicios de 2023 fuera rechazada la idea de legislar.

Aunque el Presidente había dicho que presentaría una insistencia al Senado, donde se requerían dos tercios para reponer la fracasada reforma, el realismo político llevó al gobierno a esperar. A partir de marzo, una vez que se cumpla la veda constitucional, el Ejecutivo solo requiere de mayoría simple en ambas ramas del Congreso.

Por mientras, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ya comenzó a implementar las medidas de corte más administrativo y la semana pasada partió con el envío de una iniciativa para perfeccionar el sistema de permisos medioambientales y sectoriales. Además, el jefe económico anunció que a fines de enero presentará los proyectos de cumplimiento tributario y de regulación las transferencias desde el Estado a los privados.

Un mejor pronóstico, en tanto, enfrenta la agenda de seguridad, donde si bien hay nudos casi insalvables, hay materias que están teniendo una rápida resolución, en parte por la colaboración de la misma oposición.

Aunque la política criminal y policial no era uno de los temas centrales de Boric al asumir, la delincuencia, la migración irregular y los atentados en el sur obligaron a La Moneda y, en especial, a la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD) y a su antecesora, Izkia Siches, a dar un giro en sus prioridades.

De acuerdo a las estadísticas del propio gobierno, desde marzo de 2022 se han despachado 49 leyes de seguridad, lo que lo convierte en una las administraciones que más cambios legales ha hecho en esta materia.

Paralelamente, la ministra Tohá y el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI) acordaron un listado de 31 prioridades legislativas de seguridad antes de que culminara el 2023. Dado que solo alcanzaron a completar 22 de estas iniciativas, se dieron un nuevo plazo hasta el receso de febrero, donde al menos lograrían sacar entre dos o tres leyes más.

Los nudos, sin embargo, se mantienen en torno al nuevo Ministerio de Seguridad, la reforma al Sistema de Inteligencia y la Defensoría de las Víctimas.

A semanas de que la administración del Presidente Boric cumpla dos años, sus cifras legislativas han mejorado. Desde el 11 de marzo de 2022 al 15 de enero de 2024, La Moneda ha enviado 151 mensajes (proyectos de manufactura gubernamental), lo que la deja en la medianía de la tabla en comparación con anteriores gobiernos.

Sin embargo, donde las cifras resaltan es en la cantidad de leyes culminadas (incluyendo mociones de parlamentarios y proyecto surgidos de anteriores administraciones presidenciales y de la actual). Hasta la fecha, se han publicado 259 normas legales en el presente mandato de Boric.

A modo de comparación, en igual período (11 de marzo de 1990 al 15 de enero de 1992), el gobierno de Patricio Aylwin había enviado 309 reformas al Congreso y había promulgado 139 leyes (de origen parlamentario o presidencial).

El Ejecutivo de Eduardo Frei contabilizaba, en tanto, 255 proyectos propios y 141 leyes.

Ricardo Lagos sumaba 140 iniciativas propias y 118 normas publicadas.

La primera administración de Michelle Bachelet tenía 179 mensajes enviados al Parlamento y 148 nuevas legislaciones.

Sebastián Piñera, en su primera administración, contaba con 199 reformas de origen presidencial y 150 leyes terminadas en el período.

Bachelet, en su segundo mandato, sumaba 189 reformas y 170 leyes; mientras que Piñera, en su retorno a La Moneda, había alcanzado a enviar 135 iniciativas y había ya promulgado 134 normas legales.