La semana legislativa a “matacaballo” por la agenda de seguridad

El rostro de disgusto de la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), ayer en la Comisión de Hacienda, era evidente.

A esa hora los diputados integrantes, del oficialismo y de la oposición, estaban presionando para no votar el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad, pues el informe de la Comisión de Seguridad había llegado sobre la hora. Era la última valla legislativa que le quedaba a la iniciativa antes de pasar ser discutida en la sala.

La reforma del nuevo ministerio, más el proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y los cambios a la ley antiterrorista eran parte de la tríada legislativa con la que el Congreso intentó dar una respuesta política al asesinato de tres carabineros en Cañete, el fin de semana pasado.

Para ello, los presidentes de la Cámara, Karol Cariola (PC), y del Senado, José García (RN), habían acordado suspender el receso legislativo de esta semana (llamada “regional” en el caso de los senadores y “distrital” por los diputados), en las que los parlamentarios se vuelcan al trabajo en sus territorios.

Sin embargo, lograr sacar estas iniciativas del estancamiento no fue fácil. El gobierno fue algo errático a inicios de semana y hubo resistencia de la oposición (en el proyecto del ministerio) y del oficialismo (frente a las RUF y la ley antiterrorista) para legislar a “matacaballo”, repetían los legisladores. Al final, la presión de ambas mesas se impuso y las dos ramas del Congreso realizaron sesiones de sala para votar estas iniciativas.

Pese a que estos proyectos lograron dar pasos importantes, las polémicas y tensiones dejaron una sensación amarga en el oficialismo y en la oposición.

El gobierno celebró básicamente el despacho del proyecto de ley antiterrorista por parte del Senado, donde había un acuerdo técnico entre la ministra Tohá y la oposición. Por su parte, el propio senador García retiró varias indicaciones que endurecían el texto para facilitar su aprobación transversal. Aun así, el contenido no dejó conformes a senadores de la DC, del PC y del Frente Amplio.

El vicepresidente del Senado, Matías Walker (Demócratas), valoró el avance de esta reforma, al margen de los incidentes y las diferencias. “El presidente del Senado logró que sesionara la Comisión de Constitución para ver la ley antiterrorista. Él mostró mucho liderazgo. Se conversó con la ministra Tohá la posibilidad de simplificar el proyecto. Nosotros quedamos muy conformes”, indicó.

En el caso de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) y del nuevo ministerio, que estaban en manos de la Cámara, el Ejecutivo no estaba completamente satisfecho con los contenidos, pues los diputados de derecha -en alianza con los legisladores de Demócratas y Amarillos- habían rechazado elementos defendidos por el gobierno y, por otra parte, habían aprobado otros artículos resistidos por el oficialismo. Por ejemplo, en la votación en la sala, la oposición ratificó el rechazo al principio de proporcionalidad en las RUF que proponía el Ejecutivo.

No obstante, en la oposición tampoco había una mirada de satisfacción, pues tampoco creían que estas iniciativas fueran una señal contundente para enfrentar el crimen organizado.

Al hacer un balance de la semana, el vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo (DC), señaló que “sin duda quedamos magullados. Hubo que acelerar un proceso de discusión, a raíz de una realidad que se impuso con los tres carabineros asesinados. Si algo saco en limpio es que despertamos y sacamos la cabeza de la tierra, como el avestruz. Ya no se puede hablar de violencia rural. Aquí hay un crimen organizado, narcotráfico, con la decisión de tomar control territorial. Es un despertar que al gobierno le estalló en la cara”.

Al comentar el ambiente que había en la Cámara, la ministra Tohá hizo un reproche colectivo. “Sería una mezquindad con Chile, no transformar la creación de este Ministerio (de Seguridad) en un triunfo transversal de la sociedad chilena... No transformemos en derrotas los logros que en conjunto hemos logrado. No de esta ministra, no de este gobierno, sino de este sistema político que tanto le cuesta ponerse de acuerdo”.

Polémica aparte fue el debate de la indicación del diputado Diego Schalper (RN) al proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), que le devolvía a la justicia militar los casos en que uniformados incurrieran en un delito, en el cumplimiento de labores de orden público y seguridad, aun cuando hubiera víctimas civiles. Esa medida fue severamente criticada por el oficialismo.

Dado que se trataba de una norma que se apartaba de las ideas matrices, la mesa de la Cámara la declaró inadmisible. Schalper alegó el punto, pero su postura no reunió mayoría al lograr solo 72 votos a favor, 71 en contra y una abstención (que en términos prácticos se suma al rechazo). Al darse un virtual empate, la reclamación del diputado RN se rechazó y la mesa presidida por Cariola impuso su criterio.

Esta enmienda, que igual la derecha daba por perdida porque requería de una mayoría de 78 votos en sala, se convirtió en la gran batalla legislativa del final de temporada de las comisiones unidas de Constitución y Seguridad, que durante más de un año tramitó las RUF, con varios incidentes y polémicas.

En las comisiones unidas, esta indicación sobre la justicia militar fue aprobada el jueves en la noche, con un estrecho margen, 14 votos a favor y 12 en contra, tras un tenso debate y un par de interrupciones que solo añadieron más suspenso a la votación.

Además de los 12 votos de derecha, Andrés Jouannet (Amarillos y ex DC) y el presidente de las comisiones unidas, el diputado Miguel Ángel Calisto (hoy Demócratas y ex DC), dieron su aprobación. Si uno de estos últimos se hubiera abstenido o votado en contra, se habría caído la indicación.

En la noche del jueves, Calisto estaba evidentemente complicado por el mismo peso histórico de la norma, que reabría un conflicto jurídico-político que acompañó a todos los gobiernos de la Concertación.

“Es un retroceso”, dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero, debido a que esta problemática histórica se había zanjado con dos reformas. Una de 2010, promovida por la primera administración del fallecido expresidente Sebastián Piñera, quien para acogerse a exigencias de tratados internacionales excluyó a los civiles imputados de la jurisdicción castrense.

Con ello, se daba un paso sustantivo para limitar a la justicia militar que tuvo una amplia competencia tras la dictadura, incluyendo causas de derechos humanos, de conductas terroristas o de asuntos ordinarios como accidentes de tránsito.

Luego, en 2016, en el segundo mandato de la entonces Presidenta Michelle Bachelet, se incluyó una segunda consideración, y se estableció que la justicia militar no podía ver ningún caso en los que hubiera civiles involucrados, independiente de que fueran víctimas o imputados.

Ello permitió, por ejemplo, que el caso de la senadora Fabiola Campillai, quien sufrió un impacto de lacrimógena en la cara, además de otros episodios del estallido social, fueran juzgados en tribunales civiles e investigados por la Fiscalía. La justicia militar, en cambio, mantiene el modelo penal antiguo, en que el juez-fiscal investiga y sanciona.