Las definiciones clave de la primera propuesta constitucional opositora

“Bases y fundamentos de una propuesta constitucional progresista”. Así se titula el documento de 101 páginas que presentaron este jueves las colectividades de la Convergencia Progresista. En la sede del Partido Socialista, los timoneles Álvaro Elizalde (PS), Carlos Maldonado (PR) y Heraldo Muñoz (PPD), junto con algunos de los cerca de 50 abogados que participaron en la elaboración del texto, dieron a conocer la primera gran propuesta de contenidos para una nueva Constitución de la centroizquierda.

Reformas a los tres poderes del Estado, al sistema económico, la consagración de nuevos derechos fundamentales y modificaciones en la separación territorial del país son algunos de los planteamientos que serán fundamentales para que la oposición alcance acercamientos en la materia. A continuación, sus propuestas más audaces.

Uno de los temas con mayor acuerdo en la centroizquierda es pasar de un régimen presidencial a uno semipresidencial. En concreto, dicho planteamiento crearía una nueva figura en el Poder Ejecutivo: el primer ministro, quien asumiría la jefatura de gobierno. En tanto, el jefe de Estado seguiría siendo el Presidente de la República. Con esta modificación, además, se repartirían las atribuciones que hoy le pertenecen al Mandatario, como las relativas a nombramientos en órganos del Estado o de derecho a veto a alguna ley. Asimismo, el primer ministro sería el encargado de nombrar al gabinete.

El primer ministro, en tanto, será dependiente de la Cámara de Diputados. Sobre este punto, el documento entrega opciones del sistema de nombramiento, el que podría ser a través de una elección en esa corporación o, en cambio, tras ser nombrado por el Presidente con acuerdo de la Cámara.

Por su parte, el nuevo régimen semipresidencial le conferiría al Presidente la atribución para resolver conflictos entre el Ejecutivo y Legislativo: disolver el Congreso y convocar a elecciones anticipadas. Esta facultad, dicen en el texto, tendría que aplicarse a petición del gobierno o ante la imposibilidad de “formar gobierno”.

Asimismo, también se incluye la posibilidad de que la Cámara Baja impulse una moción de censura al primer ministro, aunque no se aventuran en definir su funcionamiento. Pese a esto, en el documento llaman a que estas facultades sean “racionalizadas”, debido a que “el abuso de este mecanismo produce la inestabilidad de los gobiernos”.

En el documento aseguran que en la Constitución se debe enfatizar la “función social” del derecho a la propiedad. “(Se) debiera poner énfasis en la idea de que la propiedad obliga y que su uso debe servir al mismo tiempo al bien común. En esa línea se garantizará la función social del derecho a la propiedad privada delimitando su contenido de acuerdo con la ley”, sostienen.

Asimismo, también aseguran que se debe garantizar la libre iniciativa económica privada, pero sin que se desenvuelva “en oposición al interés social”.

Una “república paritaria”. Ese es uno de los puntos que se incluyen en el texto, en el que se enfatiza en la necesidad de que los nombramientos en todos los cargos del Estado deben ser de manera paritaria.

En ese sentido, en la propuesta del PS, PR y PPD van un paso más allá: que se establezca “la democracia paritaria” como mecanismo de elección para todos los cargos de representación.

Una reducción del periodo de ocho a cuatro años con la posibilidad de solo una reelección. Esa es una de las modificaciones para el cargo de senador que proponen en el documento, donde también revisan algunas de las atribuciones de la Cámara Alta.

En ese sentido, en el texto sostienen que, de adoptarse un régimen semipresidencial, tanto el Senado como la Cámara de Diputados mantendrán el ejercicio legislativo, pero esta última corporación tendrá más facultades para insistir con sus proyectos de ley.

Asimismo, la Cámara Alta no tendría ninguna atribución respecto del nombramiento del primer ministro.

Asimismo, en el documento sostienen que la nueva Constitución deberá contener una asignación de escaños reservados para los pueblos indígenas en ambas cámaras del Congreso. En ese sentido, los abogados estimaron que ese número se hará en proporción al censo de la población y al padrón electoral de los pueblos indígenas.

Uno de los principios en que ya habría acuerdo en la mayoría de los sectores de la oposición es que la nueva Constitución consagre a Chile como un “Estado Social y Democrático de Derecho”. ¿Qué significa eso? Según el documento de la Convergencia Progresista, se basa en el principio de que un “Estado Social” no puede dejar en desamparo “a quienes se encuentren excluidos”, mientras que al mismo tiempo un “Estado de Derecho” protege los derechos individuales al limitar al ejercicio del poder bajo un principio de legalidad. Asimismo, este tipo de Estado también salvaguarda el carácter democrático de la República. Pese a esto, en el documento reconocen que esta modificación no pretende ser “un remedio universal”.

Como otro punto, en el texto también se propone el cambio de un “Estado Unitario” a un “Estado Regional”, que dote de mayor poder a las regiones.