Las huellas de Elizalde en el repentino revés de la reforma electoral que enardeció al Congreso

A pesar de que no suele intervenir en la sala de la Cámara, excepcionalmente la diputada Pamela Jiles pidió la palabra esta mañana para hacer un reclamo reglamentario contra el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), al ver que se paseaba campante por el hemiciclo.

“Señor presidente, que el ministro Elizalde opere contra el voto obligatorio desde el presidium (la testera donde se ubican las autoridades)”, dijo la parlamentaria.

En esos instantes, presidía la sala el vicepresidente de la corporación, Gaspar Rivas, quien tras esbozar una sonrisa le pidió al secretario de Estado que tomara asiento.

Los ánimos políticos estaban caldeados este miércoles en la mañana luego de que el Senado, con la mayoría de los votos del oficialismo y de la DC, le quitara repentinamente el piso a la fórmula que permitía destrabar la reforma que extiende a dos días las elecciones municipales y regionales de octubre, y que implementa otras medidas electorales. Incluso, diputados opositores amenazaron con cortar el diálogo con el gobierno si es que el Presidente Gabriel Boric no vetaba para revivir la reforma. La presión surtió efecto y minutos después el ministro Elizalde salió a anunciar el veto presidencial para corregir el proyecto.

La iniciativa desde un principio había sido jineteada por la subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, sin embargo, ayer en la mañana el ministro Elizalde tomó el control de la tramitación e irrumpió en la comisión mixta -que se había conformado por cinco diputados y cinco senadores, con el fin de resolver los nudos legislativos- para plantear inesperadamente un nuevo problema en el proyecto, que hasta la semana pasada nadie había alertado públicamente: ¿Cómo va a operar el voto obligatorio y la eventual multa para los extranjeros avecindados en el país?

Para ello, pretendía proponer a la comisión que la redacción fijara sanciones pecuniarias solo a los ciudadanos chilenos y no a los “electores”, en vista de que hoy los inmigrantes pueden sufragar en la medida que cumplan 5 años de avecindamiento en el país.

No obstante, Elizalde llegó tarde a la instancia que había votado a favor de la reposición de la multa, pero con un monto más bajo entre $ 32 mil a $ 130 mil, a todos los electores que no concurran a las urnas. Por lo tanto, los senadores Manuel José Ossandón (RN) y Luz Ebensperger (UDI) se negaron a volver a votar el mismo punto.

Las gestiones del ministro Segpres no se quedaron ahí. En horas de la tarde, en el oficialismo y en la DC admiten que sostuvo conversaciones para advertir a los senadores aliados del gobierno de los inconvenientes de la proposición de la comisión mixta, donde figura la reposición de una multa, la rebaja del financiamiento fiscal a las campañas electorales y la regulación de la propaganda en redes sociales y medios regionales.

El rol del ministro -quien acusó falta de voluntad de diálogo de la oposición- fue clave para que al final las propuestas para destrabar la iniciativa no lograran el quórum de 29 votos en el Senado, a pesar de hubo una mayoría a favor. Particularmente en el tema de las multas, que buscaban darle aplicación al voto obligatorio, rechazaron los senadores Jaime Quintana (PPD), Loreto Carvajal (PPD), Juan Ignacio Latorre (Frente Amplio), José Miguel Insulza (PS), Jorge Soria (indep. PPD), Daniel Núñez (PC) y Gastón Saavedra (PS). Por otro lado, se abstuvieron Paulina Vodanovic (PS), Yasna Provoste (DC), Francisco Huenchumilla (DC), Ricardo Lagos Weber (PPD), Claudia Pascual (PC), Isabel Allende (PS) y Pedro Araya (PPD).

La oposición acusó que detrás de la brusca jugada había “un cálculo electoral”, según dijo el senador Ossandón (RN). “Un beneficio político”, comentó, por su parte, la senadora Ebensperger (UDI).

En privado, senadores del oficialismo admitían que efectivamente había una consideración electoral, pero que la derecha, por lo general crítica de la migración, también tenía un interés político al promover que los ciudadanos foráneos concurran masivamente a votar. Por ejemplo, en la comuna de Santiago, los extranjeros son casi el 30% del padrón, en su mayoría venezolanos, de los que se sospecha que tienen una visión crítica de la izquierda.

No obstante, en la alianza gubernamental también recalcan que es una anomalía constitucional, que data de 1980 que los extranjeros tengan tan pocos requisitos para sufragar en Chile. Ello se agravó con la ley de inscripción automática, que incorpora a los inmigrantes al padrón electoral sin preguntarles su opinión, en base a la información que le entrega la Dirección de Extranjería al Servel.

La irrupción de Elizalde implicó un brusco cambio de mano en la conducción del proyecto.

En su propuesta original, La Moneda nunca advirtió el riesgo de no hacer una distinción entre chilenos y extranjeros. De hecho, el mensaje presidencial proponía replicar las mismas multas a todos los “electores” que se habían aplicado para el fallido proceso constituyente pasado. El voto de los inmigrantes no fue tema entonces.

Luego el gobierno, a partir de una concesión que hizo la subsecretaria Lobos a una recomendación de senadores, hizo una indicación ingresada en la Comisión de Hacienda que repetía exactamente lo mismo y que la sanción se aplicaría a los “electores”. La única diferencia es que en vez de decir que se aplicaría la multa contemplada en el artículo 160 de la Constitución (donde estaban incluidas las sanciones del proceso constituyente) se copiaba el mismo texto y se incorporaba en el articulado de la actual reforma en discusión.

Hasta ese minuto, todos entendían que La Moneda estaba empujando alineadamente la idea de reforzar el voto obligatorio. Al menos eso había propugnado la subsecretaría Lobos y la misma ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), quien incluso advirtió la semana pasada que podrían vetar el proyecto para reponer las multas, luego de que los diputados oficialistas rechazaran en bloque las sanciones pecuniarias. Esa rebelión fue liderada por tres diputados cercanos a Elizalde: Vlado Mirosevic (liberal), Raúl Leiva (PS) y Leonardo Soto (PS).

No obstante, el juego desplegado ayer por el ministro de la Segpres no solo descolocó a la oposición, en el oficialismo ciertos senadores también se declaraban confundidos. Si bien en el gobierno niegan que el ministro haya cabildeado los votos para rechazar las propuestas de la mixta, al menos no hizo nada para evitar que los senadores de los partidos de gobierno desecharan las medidas.

En una señal pública, la subsecretaria se restó del punto de prensa que hizo Elizalde, el martes en la tarde, tras la votación del Senado. En todas las conferencias previas ante los medios de comunicación ambos siempre habían preferido aparecer juntos.

Para esta nota La Tercera no alcanzó a tener una versión directa de la subsecretaria, sin embargo, algunos legisladores y asesores legislativos revelaron que ella estaba afectada y que se comunicó con algunos de sus interlocutores habituales en el Congreso para darles explicaciones de lo ocurrido.

El vicepresidente del Senado, Matías Walker (Demócratas), a quien le correspondió dirigir una parte de la sesión de ayer, comentó que “la actitud del gobierno y del ministro Elizalde ha sido inconsistente. Había acordado el lunes, a las 8 de la mañana, con la subsecretaria Macarena Lobos y con el jefe de la División Política, Nicolás Facuse (PS), insistir en la aplicación de la multa y nunca fue materia de controversia si se hacía una distinción entre ciudadanos chilenos y extranjeros”.

Consultada por la postura que asumió su bancada, la senadora Provoste (DC) dijo que no formaron parte del debate en la comisión mixta y que “el problema de redacción sobre el concepto electores ciudadanos, que planteó el ministro Elizalde, solo lo conocimos en la sala. Por eso el senador Huenchumilla pidió una pausa para solucionar una duda legítima antes de votar. Lamentablemente esto no fue acogido. En ese escenario nos pareció pertinente abstenernos a la espera del veto que comprometió el gobierno... Yo espero que ese principio democrático básico se cumpla con el veto que presentará el gobierno, sin dudas ni ambigüedades, en la línea de lo que ha planteado la ministra del Interior”.

El senador oficialista Esteban Velásquez (FREVS), quien integró la mixta y luego en la sala votó a favor, a pesar del desmarque de sus pares, dijo que “hay temas en los que uno debe mantener principios. El voto obligatorio es parte de las obligaciones que uno tiene. Hay que mantener una línea más allá de las consecuencias, a pesar de que a nuestro sector electoralmente pueda irnos mal, que no creo que haya fundamentos, pero si así fuese, sería irresponsable estar cambiando de opinión y desorientar a la ciudadanía”.