Las recriminaciones que se desataron en la derecha por zigzagueante estrategia contra veto por Ley de Usurpaciones

El martes por la mañana, el senador y presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Felipe Kast (Evópoli), concurrió a la oficina de la UDI en la Cámara para intentar “aleonar” a los diputados de todas las bancadas de derecha, según confirman cuatro presentes de ese encuentro.

En la antesala de que comenzara a votarse el paquete de catorce observaciones o vetos, que el Presidente Gabriel Boric envió al Congreso para intentar corregir la Ley de Usurpaciones, hasta el martes en la mañana, algunos senadores opositores tenían una clara voluntad de dar la pelea y hacer una jugada reglamentaria “creativa” con el fin de recalificar algunas de estas observaciones. La idea era intentar doblarle la mano al gobierno.

Sin embargo, los planes de los senadores de derecha cambiaron radicalmente tras un almuerzo de coordinación ese mismo martes.

Luego, en un punto de prensa, convocado a las 15.50 horas, los legisladores opositores anunciaron que finalmente no forzarían el reglamento del Senado y que ante el riesgo de que la Ley de Usurpaciones quedara con un marco menos severo, aprobarían incluso las correcciones del Ejecutivo como una forma de optar por “el mal menor”.

El hecho descolocó a los diputados de oposición, quienes reaccionaron con molestia ante la poca resistencia que ofrecieron los senadores de derecha al veto presidencial, que en realidad está fraccionado en catorce puntos.

De hecho, si no fuera por el senador independiente por Magallanes, Karim Bianchi, la derecha habría perdido 0-14 en la sesión del Senado de este miércoles, donde se sometió a votación el paquete de observaciones.

Fue gracias al voto imprevisible del magallánico -que en otras materias votó relativamente alineado con el oficialismo- que la derecha al menos pudo rechazar el veto número 4, que eliminaba la pena de presidio a las llamadas tomas “no violentas”, según la terminología jurídica (es decir, donde no hubo agresiones contra personas, intimidaciones ni daños materiales).

La asistencia fue otro factor que tampoco acompañó a la derecha en esta jornada. De sus 25 senadores, nueve se ausentaron por razones de salud, viajes y otros asuntos políticos.

Entre los que no estaban presentes figuraban los presidentes de la UDI, Javier Macaya, y de RN, Rodrigo Galilea, quienes eran los únicos pareados formalmente, es decir, su ausencia estaba compensada con el compromiso de un representante del oficialismo de no votar.

Tampoco estaba el jefe de bancada de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, quien, además, es miembro de la Comisión de Seguridad, instancia donde se discutió la Ley de Usurpaciones.

También se ausentaron Alejandro Kusanovic (independiente RN e integrante de la Comisión de Seguridad), Sergio Gahona (UDI), Paulina Núñez (RN), Juan Castro (Indep. RN), Rojo Edwards (republicano) y Sebastián Keitel (Evópoli).

Sin embargo, dentro de los ausentes, tres legisladores de derecha no alcanzaron a parearse con otros del oficialismo.

Ello incidió en que siempre la derecha estuviera en minoría, por lo que nunca pudo ofrecerle pelea al gobierno y poner en riesgo la aprobación de los vetos presidenciales, salvo en el punto que contaron con el subsidio de Bianchi.

El problema es que ese “gol del honor” (según la jerga deportiva), tampoco sirvió de mucho. ¿La razón? La Constitución y las leyes le otorgan poderosas herramientas al Presidente de la República para imponer su voluntad.

Por ejemplo, la Ley Orgánica del Congreso señala que cuando una de las observaciones presidenciales es desechada, los legisladores deben contar con dos tercios de la Cámara y del Senado para reponer el texto que hubiera despachado originalmente el Parlamento. En caso de no reunir ese alto quórum, la legislación dice que no habrá ley en la parte objetada por el Presidente.

Por lo tanto, al votarse la insistencia de este único punto rechazado (el veto número 4), la oposición no tuvo los votos suficientes y el gobierno igual logró su objetivo de suprimir las penas de cárcel para tomas sin violencia física ni verbal.

Es tan poderosa la facultad presidencial en este plano, que este punto ni siquiera debiera votarse en la Cámara de Diputadas y Diputados, salvo que se haga una deliberación simbólica en este tema.

Dentro las 13 observaciones que siguen en carrera, ya hay otros cuatro vetos (los números 1, 2, 7 y 8, que suprimían elementos del texto del Congreso), en los que el gobierno también ya impuso su voluntad independiente de la votación en la Cámara.

Uno de ellos eliminaba la llamada “legítima defensa privilegiada”, que permitía a un privado recurrir a la fuerza con medios propios para recuperar una propiedad. Otro sacaba la referencia a las usurpaciones “transitorias” y le quitaba la pena de cárcel más alta a las tomas con “daños”. Otro suprimía el marco rígido para que el juez sólo aplicara castigos severos. Y el último, borraba la redacción original de la “flagrancia permanente” del delito de usurpación.

En estos cuatro puntos, aun cuando la Cámara los rechace, automáticamente se genera la discrepancia con el Senado y, por lo tanto, tampoco habrá ley en esas materias.

En la Cámara, los diputados opositores ya estaban conscientes de que al menos cinco observaciones (cuatro aprobadas y una rechazada) no se pueden revertir. Un diputado de derecha explicaba que antes de entrar a jugar el segundo tiempo del veto, ya van con 5 goles en contra.

Uno de los más molestos por el escenario legislativo era el diputado por La Araucanía, Henry Leal (UDI), quien acusó una suerte de “capitulación” o “rendición” de los senadores de su sector. “Lamento que se haya vetado la ley por parte el gobierno. En segundo lugar, encuentro incompresible que, teniendo las facultades, el presidente de la Comisión de Seguridad, Felipe Kast, no haya recalificado el veto de las tomas sin intimidación. Eso pasa con los senadores que representan a mi región, pero viven en Santiago. Mi sector debió haber dado la pelea hasta el final. Estoy decepcionado y molesto. Yo prefiero morir con las botas puestas”, dijo Leal, quien anunció que rechazará gran parte de los vetos.

Por otro lado, el diputado y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Andrés Longton (RN), dijo que “resulta difícil de comprender lo ocurrido en el Senado. La oposición en la Cámara no tengo dudas responderá diferente, rechazando como corresponde algo que le hace mal al país. El veto del gobierno es tremendamente dañino para la situación de las víctimas de usurpación”.

El jefe de los diputados republicanos, Agustín Romero, optó por la cautela y prefirió no criticar a los senadores. Sin embargo, admitió que estaba “sorprendido por lo que pasó en el Senado”. “Quiero revisarlo bien. El diputado Cristián Araya está preparando un resumen, bien meditado, para tomar una buena decisión de cómo vamos a votar”.

La Ley de Usurpaciones surgió de la fusión de un par de mociones de senadores de derecha que buscaban endurecer las sanciones en contra de las ocupaciones de propiedades y agilizar los procesos policiales y judiciales para la restitución y el desalojo de estos inmuebles.

Esta iniciativa se había transformado en el tema más emblemático de la agenda de seguridad que están tramitando el Congreso y el gobierno.

Por ello, en la oposición reaccionaron airadamente cuando la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), anunció que el Presidente haría algunas correcciones a través de conjunto de “vetos” a la iniciativa, despachada el 30 de agosto por el Congreso.

Estas observaciones ingresaron al filo del plazo constitucional, el 29 de septiembre.

Si bien hubo un intento de llegar a un acuerdo, a través de una mesa técnica entre gobierno y oposición, al final quedó un nudo: la decisión del Ejecutivo de buscar una sanción menos severa para las llamadas tomas “no violentas”.

Durante semanas, los senadores opositores advirtieron que podrían declarar la inadmisibilidad o bien recalificar el veto, con el fin de dar vuelta la ventaja constitucional que tiene el Ejecutivo.

De hecho, hasta el martes en la mañana, el diseño era fusionar los vetos 4 y 5 para transformarlos en un veto “aditivo” que no afectara el artículo sobre penas de cárcel para las tomas “no violentas”.

No obstante, ese plan generaba severas dudas jurídicas, pues cada parlamentario tiene el derecho a pedir votaciones por separado y, además, el presidente de la Cámara podía volver a separar los temas fusionados.

En defensa de la decisión de los senadores opositores, Rodrigo Galilea (RN), reiteró que presentarán un nuevo proyecto para endurecer las sanciones por las tomas. “Desde Chile Vamos consideramos un gran avance lo ocurrido en torno a la Ley de Usurpaciones. Esto ha ocurrido por nuestra insistencia y no por voluntad del gobierno. Esta es una ley muy importante, hecha y promovida por nosotros. A pesar del veto del gobierno, hemos alcanzado casi todos los objetivos. Con un nuevo proyecto de ley que pronto presentaremos, esperamos concluir nuestro esfuerzo en sancionar como corresponde las usurpaciones”.