Ley Antiterrorista: Tohá logra aprobar otra reforma emblemática de agenda de seguridad a pesar de división oficialista

El giro sorpresivo de los diputados PS y las abstenciones del Frente Amplio finalmente le dieron una amplia mayoría al informe de la comisión mixta, que introducía las pinceladas finales a la reforma antiterrorista que este miércoles fue despachada a ley por el Congreso.

Por 102 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el texto que resolvía los últimos nudos del proyecto, que ahora pasará a ser revisado por el Tribunal Constitucional (TC) antes de que sea promulgado por el Presidente Gabriel Boric.

Si bien los diputados del PC, con el apoyo de sus pares de izquierda, intentarán revertir algunos aspectos polémicos del texto en el mismo TC (específicamente el uso de dispositivos de interceptación de comunicaciones), la aplastante mayoría también reduce el margen de maniobra del tribunal, debido al criterio de “deferencia con el legislador”. En el Senado, este informe final también fue aprobado en forma holgada con 41 votos favorables, cuatro abstenciones y tres en contra.

En todo caso, estas votaciones eran miradas con cierta indiferencia por el Ejecutivo, ya que los puntos centrales de reforma antiterrorista ya estaban aprobados y los temas que fueron derivados a la comisión mixta eran básicamente indicaciones de parlamentarios.

Para La Moneda -y en especial para la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD)-, independiente de si se aprobaba o se rechazaba el informe de la mixta, lo fundamental era sacar esta semana este proyecto, otro de los puntos emblemáticos de la agenda de seguridad.

Recién la semana pasada la jefa de gabinete, con el apoyo del equipo de su par de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), ya se había anotado otro triunfo con el despacho de la reforma que crea el nuevo Ministerio de Seguridad, lo que le sirvió al Ejecutivo para romper una racha negativa luego de la denuncia por violación, destapada el pasado 17 de octubre, en contra del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve.

Sin embargo, a diferencia de la aprobación de esa iniciativa, este informe final por la Ley Antiterrorista tuvo un alto costo de tensiones internas para el oficialismo, ya que los diputados de izquierda de la alianza gubernamental cuestionaron la herramienta, conocida como IMSI catcher, para rastrear e interceptar metadatos de teléfonos celulares.

Pese a ello, la ministra ayer destacó el logro legislativo que permite actualizar una norma, que tenía disposiciones que venían desde la época de la dictadura. “El origen de este proyecto que finalmente despachamos es un compromiso que tomó el Presidente Gabriel Boric en enero del año 2023, de presentar un mensaje elaborado a partir de todo lo que se había acumulado en debates previos, recogiendo ideas que habían salido en distintos momentos”, relató Tohá, quien ya contabiliza 63 leyes de seguridad aprobadas en este mandato presidencial.

“Eso se hizo a mediados del año 2023 y en el Senado se decidió fusionar el mensaje del Presidente con mociones que habían presentado parlamentarios oficialistas y de oposición. Y eso es lo que se ha tramitado durante todo este tiempo, poco más de un año, y que hoy ha sido despachado a ley”, agregó la secretaria de Estado.

Tohá sostuvo que el acuerdo para tipificar el terrorismo fue “lo más complejo”. “Esa era la gran falla que tenía la ley vigente hasta hace poquito, que tipificaba de tal manera que era prácticamente imposible demostrar que un delito era un delito terrorista”.

Las resistencia a este dispositivo electrónico había sido levantada por la diputada Alejandra Placencia (PC), ya que su uso permite obtener antecedentes en un radio de kilómetros a partir del código IMSI (International Mobile Subscriber Identity o Identidad Internacional del Abonado Móvil) que viene dentro de la SIM card de los teléfonos celulares.

“Esta tecnología afecta a personas que no tienen relación con los delitos investigados, pero a las cuales se les interceptarán sus comunicaciones. Eso es lo que nosotros estamos cuestionando y, por eso, no estamos de acuerdo con su inclusión, porque representa una amenaza directa a derechos fundamentales como la privacidad de las comunicaciones y su inviolabilidad de forma arbitraria”, dijo este miércoles la diputada comunista.

Fue la misma Placencia la que anunció que recurrirían al TC para revertir la norma que autorizaba su uso, no solo en delitos terroristas, también en hechos de narcotráfico, crimen organizado y control de armas. Este uso amplio del dispositivo es lo que el tribunal tal podría acotar, ya que se sale de las ideas matrices del proyecto referido a conductas terroristas.

A los reparos se sumó también la presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC), quien señaló que “a nadie le gustan las medidas intrusivas en su vida”.

Esta presión del PC llevó a los legisladores del Frente Amplio a desmarcarse, a pesar de que al final prefirieron abstenerse, y, hasta el martes, tenían en una posición complicada a los diputados del PS. No así, los del grupo PPD-Independientes, los liberales y radicales que siempre estuvieron por aprobar.

Sin embargo, hubo gestiones clave para alinear a la mayoría de la bancada del PS. En particular del diputado socialista Raúl Leiva (quien integra la Comisión de Seguridad y es uno de los candidatos para asumir en el nuevo ministerio) y de la senadora y la presidenta del PS, Paulina Vodanovic (quien es una de la autoras de este reforma antiterrorista y presentó la indicación para habilitar el uso de este dispositivo electrónico).

Leiva (PS) señaló que el IMSI catcher “es una herramienta extraordinaria, acorde a la tecnología, a medida que los delitos se van complejizando, la respuesta del Estado en materia de persecución criminal y particularmente de investigación debe ir en esa misma proporción”.

También ayudó el hecho de que la misma Tohá le diera un sutil visto bueno al uso del IMSI catcher. En la sala, señaló que tal como quedó redactada, a criterio de los jueces, dijo que al Ejecutivo le parecía “adecuada” la norma.

Sin embargo, la división oficialista fue aprovechada por la oposición para que La Moneda no pudiera adjudicarse un completo triunfo con el despacho de esta reforma.

El diputado Henry Leal (UDI) dijo que “vemos con preocupación que un sector del gobierno ya ha anunciado que va a votar en contra. ¿No les parece adecuado cuando se comete un atentado terrorista?”.

Otro referente de Chile Vamos, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli), indicó que “llama la atención que hoy día los sectores que dicen estar preocupados del irrestricto derecho a la privacidad, ayer lamentaron la caída de un dictador en Siria, que avale la dictadura en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua y en tantas otras partes más. Pongámonos serios, le digo al Frente Amplio y al Partido Comunista. ¿Hasta cuándo ustedes marcan para un lado y obran por el otro?”.

El diputado Andrés Longton (RN), por su parte, si bien valoró que “finalmente nuestro país va a contar con una ley antiterrorista moderna, que cumple las expectativas de quienes sufren los atentados terroristas en nuestro país, del crimen organizado y del narcotráfico”, lamentó que “el Presidente de la República, una vez más, no estuvo a la altura para poder ordenar a su coalición. El Partido Comunista y el Frente Amplio una vez más no se ponen del lado de las víctimas, pero sí de los victimarios, votando en contra de la ley antiterrorista”.

El informe de la mixta contenía otro aspecto, incluso resistido por el gobierno: la disposición que permite el cambio de jurisdicción en casos excepcionales, a modo de proteger a jueces y fiscales de presiones y amenazas. Pero la misma Corte Suprema había recomendado que no era pertinente el cambio de competencia y el Ejecutivo era partidario de otras herramientas.

En términos generales, la ley antiterrorista actualiza tipos penales, entre ellos pertenecer o financiar una asociación terrorista.

También se incorporan nuevas situaciones orientadas a favorecer el accionar terrorista como amenazas, robos, receptación, lavado activos, delito de tráfico o delitos informáticos.

Además, se amplían los tipos penales base, como la misma asociación terrorista y se agrega el delito terrorista individual conexo e inconexo (lobo solitario).

Adicionalmente, se establecen nuevas atribuciones para las policías y la Fiscalía.