Ley de Usurpaciones: senador Felipe Kast, presidente de la comisión de Seguridad, dice que veto “marca un antes y un después” en la relación con el gobierno

El presidente de la comisión de Seguridad del Senado, Felipe Kast (Evópoli), cuestionó duramente este sábado al gobierno por el veto del Ejecutivo a ley de usurpaciones, proyecto que había sido aprobado por el Congreso el 30 de agosto y que busca -entre otras medidas- sancionar con penas de cárcel a quienes incurran en estos tipos de delitos.

A nivel macro, el veto elimina la legítima defensa privilegiada, que permitía- según La Moneda- una “autotutela” o “justicia por mano propia” por parte del dueño de un terreno al recurrir a la fuerza con medios propios para recuperar un inmueble. Esto, sin que fuera necesaria la intervención de Carabineros. Además, mantiene la posibilidad de pena de cárcel en los casos más graves de usurpación.

Si bien eso último fue leído como una concesión del Ejecutivo a la derecha, con el veto, en casos de tomas sin violencia, se propuso que las penas vayan de multas a presidio, pero dejando en manos del juez la decisión, lo que no fue visto con buenos ojos por ese sector.

Desde hecho, desde la oposición salieron rápidamente a cuestionar la medida y también a emplazar al gobierno y a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.

“Una vez más el Presidente Boric junto a la ministra Tohá, se ponen del lado de los delincuentes (...) Ellos quisieron pasar la máquina, la aplanadora y desnaturalizaron el corazón del proyecto, entonces claramente no se podría buscar un acuerdo”, comenzó diciendo el senador Kast. Esto, luego de que en las últimas semanas La Moneda intentara llegar a consensos a través de una serie de reuniones con representantes de distintos partidos.

En esa línea fue que Kast aseguró que el veto presidencial “marca un antes y un después en las discusiones que voy a tener yo en la comisión de Seguridad del Senado con el gobierno”. Precisando que “claramente el ánimo después de la decisión de ellos no es el mismo”, con respecto a la agenda de seguridad que se discute en esa instancia legislativa.

La titular de Interior había sido la primera en anunciar que el gobierno no dejaría pasar el proyecto sin realizar observaciones. El mismo día de la aprobación de la iniciativa la jefa de gabinete declaró que “así como está, esto no lo vamos a promulgar. Vamos a vetarlo”.

Esta mañana, en medio de las críticas de la oposición, la secretaria de Estado defendió el actuar del Ejecutivo y aseguró que en el debate legislativo de la iniciativa “se fueron incorporando nuevos temas que lo transformaron en un proyecto que terminó en un formato muy peligroso”.

En línea con la jefa de gabinete, poco más tarde la vocera de gobierno, Camila Vallejo, profundizó en el concepto que ha instalado el Ejecutivo respecto a la “justicia por las propias manos”.

“El problema que se generó en la discusión legislativa -que lo advertimos con la ministra del Interior desde el primer momento-, es que se estaba desvirtuando esto y estaba abriendo paso a generar una especie de ley de la selva, la ley del más fuerte para enfrentar este tipo de delitos. Nosotros tenemos un Estado de derecho y la gracia de esto es que cuando tu eres víctima de un delito, tienes tu legítima defensa y eso está considerado hoy día, pero finalmente son las policías las que tienen que actuar”, dijo.

“La Justicia es la que tiene que revisar las pruebas y determinar la responsabilidad, no son los ciudadanos de a pie. Lo que hacía la legítima defensa privilegiada era permitir responder frente a este delito con el uso de armas con terceros y eso iba a generar o iba habilitar legalmente la confrontación violenta entre civiles”, agregó.

Otro foco de preocupación del gobierno que advirtió la vocera fue que, en caso de campamentos o terrenos, cuando “se toman un establecimiento transitoriamente, por un par de horas, eso iba a ser considerado como un delito con pena de cárcel, al igual que las usurpaciones permanentes y violentas, entonces no era proporcional”.

Las observaciones del Ejecutivo en el veto, de hecho, también pretenden suprimir la penalización de usurpaciones “transitorias”, por ejemplo, aquellas tomas ejecutadas en el contexto de una manifestación o una huelga.