Libertades condicionales: Justicia no descarta vicios de constitucionalidad

"Este es un tema ciertamente debatible y por eso no quiero pronunciarme, quiero ver los antecedentes que se alegan por quienes creen que sí hay vicios de constitucionalidad antes de tener una opinión".

Con esas palabras el ministro de Justicia, Hernán Larraín, evitó fijar una posición sobre la intención de algunos parlamentarios de Chile Vamos de -eventualmente- recurrir al TC por el proyecto de libertades condicionales.

La explicación del ministro se daba luego de que el lunes tanto desde RN como desde la UDI manifestaran -en medio del comité político ampliado de La Moneda- sus aprensiones respecto de la iniciativa en cuya tramitación jugó un rol central la cartera liderada por Larraín y anunciaran que están por rechazar el informe de la comisión mixta en la sala.

Los reparos se centran en uno de los pocos artículos de la normativa, que fue despachada hace dos semanas por la comisión, que no fueron consensuados entre la división jurídica de Justicia y los parlamentarios de oposición que integraron la instancia: el régimen especial para condenados por delitos de lesa humanidad. Esto, porque en la mixta se impuso una enmienda de la oposición que establece que para que aquellos condenados opten al beneficio deberán haber cumplido, al menos, dos tercios de la pena, manifestar arrepentimiento por los crímenes cometidos y haber "colaborado sustancialmente" con la investigación, indicación que en el oficialismo ven como una "discriminación arbitraria" que vulneraría la igualdad ante la ley.

En ese sentido, Larraín aseguró que, específicamente en ese punto, el gobierno comparte las discrepancias de su sector en vista de que se establecieron requisitos más gravosos que los que promovió el Ejecutivo y aseguró que "hay legítimo derecho de algunos, si consideran que eso es muy definitorio, a no aprobar este proyecto".

La reacción del ministro venía a bajar la tensión que durante la jornada se había instalado en el sector en torno a este tema. Esto, luego de que tanto la timonel de la UDI, Jacqueline van Rysselberhe, como su par de RN, Mario Desbordes, salieran a reafirmar públicamente su posición contraria a la iniciativa.

"El proyecto atenta contra tratados internacionales el exigir o arrepentimiento o colaboración a personas que declaran ser inocentes, por mucho que hayan sido condenados", sostuvo Desbordes, mientras que Van Rysselberghe aseguró que "a primera vista hay una discriminación arbitraria: no es razonable que hayan ciertos derechos que son para unos ciudadanos y no para otros. Por lo tanto, yo creo que (ir al TC) es un tema que efectivamente hay que estudiar".