Líos de Platas: RD desclasifica detalles inéditos de cómo la directiva se enteró del escándalo de Democracia Viva

Democracia Viva
Foto: AgenciaUno.

Por medio de una segunda querella, Revolución Democrática desclasificó conversaciones del día en que estalló el caso que tiene en la mira a Daniel Andrade y a Carlos Contreras. A la luz de los antecedentes, dicen, llegaron a la conclusión de que ambos “desde un comienzo han tenido plena conciencia de los hechos ilícitos” y que “han intentado mañosamente esconderlos”.


Una nueva arremetida judicial emprendió durante las últimas jornadas Revolución Democrática (RD). Y es que tras ser excluidos como querellantes en la causa donde el Ministerio Público indaga convenios irregulares entre la seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, la tienda determinó presentar una nueva acción. En ella revela detalles inéditos de cómo la directiva se enteró del escándalo que tiene a varios de sus militantes bajo la lupa de la Fiscalía.

En concreto, RD interpuso ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta una querella en contra de dos exfiguras del partido, el otrora seremi Carlos Contreras y Daniel Andrade, quien fue pareja de la diputada Catalina Pérez, por los delitos de fraude al fisco y malversación de caudales públicos. Señalando, en el mismos sentido, que ambos cometieron “actos de corrupción que han afectado de manera grave” a la colectividad.

“El daño que sus acciones ha generado en la reputación y en el desprestigio del trabajo de nuestros militantes es irreparable, pues, han manchado el trabajo honesto de muchos otros”, sostuvieron, para acto seguido, describir cómo se enteraron de lo que ocurría.

Asegurando que tanto Contreras como Andrade “desde un comienzo han tenido plena conciencia de los hechos ilícitos” y que “han intentado mañosamente esconderlos”, manifestaron que recién el 6 de junio -cuando el caso se hizo público- la directiva tomó conocimiento de los hechos.

“Desde éste momento en adelante los querellados, de mala fe, intentaron a toda costa limitar el acceso de la directiva y a los otros órganos internos del partido a la verdadera información de los Convenios. Nos mintieron, dilataron y, posteriormente negaron la entrega de antecedentes”, se lee en el escrito de 44 carillas.

“Tenemos un incendio”

La primera en encender las alarmas, de acuerdo con la querella, fue Araceli Farias, secretaria general, quien por medio del chat que mantenían informó: “Oigan, en otras noticias, tenemos un incendio”.

Y a los minutos sumó un nuevo mensaje. “A propósito de la funa que le hicieron a Daniel Andrade por su contratación en la Subse de defensa, T13 dio con un convenio que firmó Carlos Contreras como Seremi de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva. El convenio para ejecución de un proyecto, lo firmó también Daniel Andrade. El monto ronda unos $40M, si bien es la fundación (hay varias en este proyecto) es la que recibe menor monto por contrato y se hizo un proceso público, se abre un flanco grande. Del equipo de la Diputada Pérez están muy preocupados y nos piden reunión urgente hoy, tipo 20 hrs para tener todos los antecedentes, ajustar relato y salidas de vocerías”, indicó a las 11.26 de la mañana del 6 de junio, pidiendo, además, la presencia del presidente Juan Ignacio Latorre.

Junto con esto, se hace presente que durante la jornada, en el Congreso, la diputada Pérez le pidió a Latorre conversar y que ahí -a juicio de él- ella minimizó la gravedad situación. Le señaló, aseguraron, “que se había levantado un ´'tema’ referido a la adjudicación de unos convenios, pero, que todo se encontraba en orden” y que por eso el entonces presidente se quedó “tranquilo”.

Supuse que ella en su calidad de abogada y promotora acérrima de la probidad tenía todo en orden, sin embargo, con la finalidad de resguardarla a ella –en quien, reitero, confiaba profundamente- y evitar cualquier interpretación inadecuada, le sugerí que enviara un oficio a Contraloría General de la República para que se pronunciara acerca de los convenios”, complementa el texto.

En la misma línea, agregaron que reunión solicitada por la secretaria general se concretó a las 20 horas de ese mismo día y que, además de la directiva, asistieron Andrade, Contreras y Romina Neumann, representante del equipo de la diputada Pérez, y Paulina Cabrera y Vasselina Vateva, también representantes de Democracia Viva.

Como se expuso, durante el encuentro Contreras y Andrade explicaron sobre lo realizado, pero con el correr de los días -sostiene la querella- la directiva llegó a la conclusión de que les habían mentido.

“Desde un primer momento, los Señores Contreras y Andrade intentaron disfrazar los hechos para esconder los hechos ilícitos. Aún más, de los antecedentes que se encuentran en la carpeta de investigación, hoy tenemos certeza de que a esa fecha el Contreras ya sabía de las falencias y reparos a los trabajos de Democracia Viva, puesto que, había requerido una auditoría interna respecto de los programas de asentamientos precarios en mayo”, aseveraron.

De la misma forma, aseguraron que tras el encuentro solicitaron todos los antecedentes necesarios a las partes y que tomaron la decisión de contactar a un abogado administrativo que les ayudase a revisar todos los detalles y eventuales “flancos”.

“Maniobras engañosas”

De acuerdo con lo expuesto, y tras el surgimiento de varios antecedentes, la directiva dijo haber llegado a la conclusión de que Daniel Andrade y Carlos Contreras realizaron una serie de “maniobras engañosas” para lograr que Democracia Viva se adjudicara los millonarios convenios.

Enumeraron, de esta forma, que ambos decidieron: fraccionar los montos de los convenios para evitar la revisión de Contraloría; realizaron los convenios mediante trato directo y no por Licitación Pública; suscribieron dos convenios el mismo día y el tercero en fechas próximas, pese a que el primer convenio aún tenían fondos por rendir, vulnerando la cláusula séptima de los Convenios.

Asimismo, agregaron que Democracia Viva no contaba con experiencia en habitabilidad o construcción al momento de suscribir los Convenios, y no estaba inscrita en el Registro de Receptores de Recursos al momento de presentar sus antecedentes, y que tampoco contaba con seis meses de existencia.

Juan Ignacio Latorre y la directiva de RD.
En junio pasado la directiva de RD había presentado la primera querella. Foto: Francisco Paredes / AgenciaUno.

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