Los alcances del rechazo al veto presidencial por la ley del estatuto docente

El pasado miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados le asestó otro golpe al gobierno, luego de rechazar las observaciones del Presidente Sebastián Piñera al proyecto de ley que modifica el estatuto de los profesionales de la educación. El veto buscaba, entre otras cosas, suprimir la eliminación de la causal de despido por malos resultados reiterados en la evaluación docente.

Y mientras en el Colegio de Profesores celebran el rechazo, así como también lo hacen parlamentarios de oposición, en el oficialismo acusan el golpe, otro más, y critican que la decisión se haya tomado con tintes políticos y eleccionarios.

Para entender lo ocurrido se debe recordar que el proyecto original fue despachado a ley el pasado 9 de septiembre, pero a un par de días del plazo constitucional, el 6 de octubre, Piñera envió un veto supresivo, por lo que la Cámara Baja nuevamente tuvo que discutir los puntos que el Mandatario buscaba eliminar. El miércoles, ese veto fue rechazado.

“El veto apunta a mantener cierto estándar de calidad en el sistema y vemos con mucha preocupación que la Cámara haya optado por dar una señal tan equivocada, porque lo que hace es señalar que no es relevante la buena evaluación de un profesor y que eso no tiene ningún vínculo con la calidad del sistema”, dice primeramente Raúl Figueroa, ministro de Educación, quien ahonda: “Es importante que los parlamentarios dejen de legislar por los intereses específicos de dirigentes gremiales y empiecen a hacerlo en beneficio de los estudiantes”.

Justamente, en el intertanto de la presentación del veto y hasta que se votó, el Colegio de Profesores, aludido por el ministro Figueroa, entregó una carta al Presidente pidiéndole retirar las observaciones, además de convocar a un paro nacional el 13 de octubre.

“Valoramos indudablemente el rechazo al veto, porque nos parece del todo justo que esos logros que estaban consagrados en la ley se lleven a cabo tal cual están planteados en el proyecto que salió el 9 de septiembre desde el Congreso”, asegura Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores. “Esto es una demostración más de la soledad en la cual está hoy día Sebastián Piñera, que no tiene ni siquiera respaldo de los diputados que son de su coalición, pero por sobre todo refleja que lo que se está solicitando por parte del profesorado, que no significa recursos económicos, está en la línea de lo correcto”, agrega.

Pero ¿a qué apunta el veto? Las principales diferencias de La Moneda eran con materias que habían sido incorporadas en el Senado. En simple, las modificaciones a la ley que provocaron las observaciones de Piñera fueron despachadas originalmente así: vacaciones de invierno obligatorias; que los docentes puedan ser llamados a capacitarse solamente durante las primeras tres semanas de enero y solo en el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP); que no sea causal de despido de un docente el tener tres evaluaciones negativas, con resultado de ‘básica’ o ‘insuficiente’ y, finalmente, que los docentes que van a jubilar puedan eximirse de la evaluación y puedan recibir el bono de incentivo al retiro.

En contraparte, el veto quería corregir así esas situaciones: eliminar las vacaciones de invierno para profesores como una regla general; no restringir a que las capacitaciones para docentes solo sean en el CPEIP y en fechas determinadas; no eliminar el despido cuando un docente tiene como causal tres malas evaluaciones y permitir que un docente que esté a tres años de jubilar se exima de la evaluación docente, pero que no pueda acceder a los bonos de incentivo al retiro.

A ojos de Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, “el veto corrige una indicación del proyecto que vulnera la autonomía de los establecimientos y les quita atribuciones a los directores, al prohibir que los docentes sistemáticamente mal evaluados se mantengan haciendo clases”.

Y añade: “De los pocos acuerdos transversales en educación está la importancia de los profesores para una educación de calidad. Desde hace décadas que se desarrolla en Chile una política de evaluación docente que se orienta en mejora de capacidades y significativas mejoras en las remuneraciones, pero también busca asegurar que los docentes que no demuestren las competencias necesarias para educar salgan de la sala de clases. Cuando el Congreso elimina de un plumazo un elemento clave de una política consistente, en una ley que trata otra materia, uno ve básicamente un fin electoral”. En este punto, por ejemplo, diversos parlamentarios argumentaron que la evaluación docente no tiene que ser punitiva.

En otro de los ámbitos, para Gonzalo Muñoz, académico de la U. Diego Portales y exjefe de la División General de Educación del Mineduc, en términos generales estos ajustes iniciales del proyecto de ley “son positivos para el sistema escolar, ya que mejoran algunos derechos laborales -como la titularidad de un grupo importante de profesores a contrata y el reconocimiento de las vacaciones de invierno- que permiten seguir avanzando en las condiciones de trabajo del profesorado”.

“De todas formas, creo que la contribución real de algunos de los cambios va a depender de una correcta implementación. Un ejemplo claro es la nueva forma en la que se procederá para las capacitaciones que regularmente se realizan en enero y que, de no mediar un cambio en la manera y tiempo en que el CPEIP reconoce esas instancias de formación, producirá un retroceso en cuanto a las oportunidades de desarrollo profesional de los profesores y profesoras”, complementa.

Uno de los diputados que votó por rechazar el veto fue Mario Venegas (DC), presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. “El veto y su rechazo es una nueva expresión de una frágil gestión legislativa del gobierno, tónica de todo su periodo”, señala.

El diputado justifica así el rechazo: “En coherencia con lo que habíamos aprobado inicialmente se rechazaron las indicaciones del Presidente que suprimían estos avances. Cuando uno legisla tiene que considerar el contexto y las circunstancias: estamos en un momento de revisión de la Constitución y existen las circunstancias para insistir en cuestiones que se pueden dialogar y conversar”.

En concreto, el golpe para el gobierno fue doble, puesto que no solo se terminó por rechazar el veto, algo que intuían, sino que se logró aprobar la insistencia del texto despachado originalmente, que requería del quórum de 2/3. Ahora le toca al Senado.

Al respecto, el titular de la cartera de Educación expone que “lamentablemente hay una oposición que simplemente no tiene su interés en mejorar la calidad del sistema, tanto en este proyecto, como en el de kínder o el bloqueo de otras iniciativas, opta por hacer guiños a los dirigentes gremiales y es muy grave que por esa presión esté optando por legislar en desmedro de los estudiantes. Se debe al hecho de que no actúan por convicciones, sino por intereses electorales, que enfrentárseles puede traer consecuencias electorales”.

“El Senado tiene una oportunidad de poner la calidad de la educación como prioridad”, cierra el ministro Figueroa.