Los puntos pendientes del nuevo pacto que habilita un Consejo Constitucional

A los tres meses de negociaciones, a los casi cien días de intensas conversaciones, el arco político presente en la mesa negociadora alcanzó un acuerdo para habilitar un nuevo proceso constitucional. Aunque muchas dudas e inquietudes se despejaron -pues se llegó a un acuerdo que entregó varios detalles-, algunos cabos quedaron pendientes de atar.

En resumen, tal como lo anunciaron los presidentes de ambas cámaras -Álvaro Elizalde (Senado) y Vlado Mirosevic (Cámara de Diputados)- junto a los partidos firmantes, se acordó crear un órgano 100% electo de 50 redactores, que además tendrá un proceso mixto que contará con la participación vinculante -en algunas partes del proceso- de 24 expertos: doce designados por la Cámara y los otros doce por el Senado.

Entre quienes participaron del proceso -y de la redacción misma del documento- desdramatizan que algunos elementos hayan quedado fuera del acuerdo político. “Un acuerdo político son lineamientos generales y otra cosa distinta corresponde a la reforma constitucional que finalmente ingrese”, señala uno de los expertos que estuvo al tanto de las negociaciones, y que pone el peso en la redacción del proyecto que finalmente habilite este nuevo proceso constituyente.

¿Qué puntos, entonces, quedan para ser aclarados en esta reforma? El principal sería el reglamento. En el documento de acuerdo presentado no quedó estipulado con claridad qué lineamientos regirán al nuevo órgano y así lo reconoció el senador Elizalde (PS).

Sin embargo, los negociadores han afirmado que la regulación de funcionamiento del órgano será ad hoc a la instancia y no replicará los reglamentos del Senado o de la Cámara de Diputados.

Así, ha trascendido que la normativa podría basarse en la revisión que se realizó -a solicitud de la Cámara de Diputados y el Senado, bajo la presidencia del diputado Raúl Soto y Álvaro Elizalde- al exsecretario general de la Convención Constitucional, John Smok, respecto de los puntos de conflicto en el anterior proceso.

“En la reforma constitucional que ingresará en los próximos días al Congreso, se incluirá el reglamento de manera que este proceso parte desde el día uno con normativas. Es decir, lo tendrán que aprobar ambas cámaras por quórum de 4/7″, dice el presidente del Partido Liberal (PL), Patricio Morales.

Un segundo punto que quedó a abordar por la reforma constitucional tiene que ver con los tiempos de funcionamiento, pues -a diferencia del proceso anterior- la posibilidad de una prórroga no se explicitó en el documento de consenso. ¿La razón? No replicar el modelo de la antigua Convención Constitucional. Así las cosas, los cinco meses establecidos operarán según la siguiente división: cuatro de trabajo de redacción y el último estará destinado a la armonización, explican los intervinientes del acuerdo.

¿Y qué ocurriría si al finalizar el proceso de redacción y someterlo a voluntad popular, se impone -nuevamente- la opción Rechazo? Como tercer pendiente, tampoco se contempla un plan de salida o un “reinicio” del proceso si el proceso vuelve a fallar en su fase final. Al igual que el acuerdo anterior, se infiere que rige la Constitución actual. Así, y al igual que tras el 4 de septiembre, un reinicio del proceso solo dependería de la voluntad política de los partidos, que deberían dejar ello por escrito en la reforma.

Un cuarto flanco que ya han identificado algunas colectividades es la forma de designación del grupo de 24 expertos. Si bien se habla que será “en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas”, entre los partidos algunos plantean que la aprobación por 4/7 de estos nombres puede dar lugar a una suerte de “veto” a aquellos partidos que no cuenten con los votos necesarios en cualquiera de las cámaras.

En parte del oficialismo resintieron, por otra parte, que no quedaran explícitos los mecanismos de participación ciudadana. A pesar de ello, adelantan que las universidades y los gobiernos regionales tendrán un rol relevante en ello. Para el acuerdo de 2019, sin embargo, tales mecanismos quedaron explicitados solo en el reglamento que se dio a si misma la Convención Constitucional, no fueron parte ni del acuerdo político ni de la reforma al capítulo XV de la Constitución que habilitó el fracasado proceso.