LyD: se necesitarían $ 13 mil millones para sueldos de los cargos públicos que crea la nueva Constitución

En medio de la campaña de cara al plebiscito del 4 de septiembre, en que la ciudadanía decidirá si aprueba o rechaza la propuesta de nueva Constitución emanada de la ya disuelta Convención Constitucional, dentro de los sectores partidarios del Rechazo se ha instalado como argumento que, de aprobarse el texto, aumentaría la burocracia debido a la creación de nuevos cargos e instituciones públicas.

En este contexto, el centro de estudios ligado a la UDI Libertad y Desarrollo publicó un informe que estima que la propuesta constitucional contempla la creación de un total de 120 altos cargos públicos: 42 de ellos en órganos existentes y cerca de 78 en instituciones u órganos nuevos, tales como jueces, consejeros, autoridades indígenas, defensores y directores o jefes de servicio.

El costo anual asociado a los 120 cargos -según las estimaciones incluidas en el informe realizado por el abogado del Programa Legislativo de Libertad y Desarrollo, Esteban Ávila, y la economista Soledad Monge- bordea los 13 mil millones de pesos solamente en remuneraciones, es decir, en remuneración bruta.

“Nosotros creemos que la Convención perdió una gran oportunidad de haber hecho una modernización del estado, mirando hacia el futuro, más eficiente. ngresos mínimos mensuales.

En este sentido, el diputado Guillermo Ramírez (UDI) sostuvo que “no es sorpresivo el alto costo que va a significar la implementación de este texto si es que gana el Apruebo, porque se burocratiza un montón el Estado y se crean un montón de organismo que obviamente cuestan plata”.

“Nosotros creemos que la convención perdió una gran oportunidad de haber hecho una modernización del Estado mirando hacia el futuro, más eficiente. Hizo algo de décadas anteriores, que es crear y crear cargos, agrandar y agrandar la burocracia”, agregó el diputado.

Por un lado, en cuanto a los órganos existentes en que se aumenta el número de altos cargos públicos, el centro de estudios identificó tres como los que sufren mayores modificaciones. Se trata del Consejo del Banco Central, los ministros de la Corte Constitucional -que reemplazaría al actual Tribunal Constitucional en caso de ganar el Apruebo- y los jueces de los Tribunales Ambientales.

En concreto, el Banco Central pasaría de tener cinco a siete consejeros -según se detalla en el proyecto de nueva Constitución-. La Corte Constitucional, en tanto, pasaría de 10 a contar con 11 ministros, de acuerdo a la propuesta. Pero el mayor aumento, según calculan en Libertad y Desarrollo, proviene de los jueces pertenecientes a los tribunales ambientales, los cuales pasan de nueve a 48 -según estimaciones del centro de estudios-, lo que representaría un aumento del 433%.

Ávila sostiene que precisamente los nuevos tribunales ambientales son una de las instituciones que resultan más preocupantes, pues, a su juicio, no se justifica en consideración de la carga de trabajo que tendrían. El abogado sostuvo que si se examinan las cifras de causas de esos tribunales, “comparativamente con la cantidad de cargos que se crean, no se condice”.

“Hoy día existen tres tribunales ambientales que funcionan por macrozona. Si miramos las causas que ingresan a los tribunales ambientales, son pocas. Por ejemplo, si hacemos una comparación con los tribunales civiles, durante 2021 ingresaron 670.000 causas. En los de familia, más de 590 mil. En los de cobranza, más de 270 mil… En los tres tribunales ambientales durante cinco años -entre 2017 y 2021- ingresaron 555 causas”, explicó el abogado.

Por otra parte, el estudio calcula que, en cuanto a los cargos asociados a la creación de nuevas entidades públicas, habría un total de 10 órganos nuevos que consideran altos cargos públicos en su composición. Entre ellos, defensores, directores o jefes de servicio, consejeros y jueces. Al igual que en el caso de los órganos existentes, el sistema judicial aporta la mayor cantidad de altos cargos públicos, en consideración de que 32 provienen de tribunales de instancia -administrativos y de ejecución de penas-, mientras que 17 serían parte del Consejo de la Justicia, según sus estimaciones.

Sobre este último organismo, el diputado Ramírez agregó que “se crean muchas instituciones que no tienen ningún sentido, como por ejemplo el Consejo de Justicia, que lo que hace es politizar lo que sería el sistema judicial. Al final hay un montón de instituciones que no solamente implican más gastos, sino que, además, generan daño”.

Sobre este punto, Ávila es crítico en relación a la diferenciación de las defensorías. Según explicó el abogado, “además de la tradicional que nosotros ya teníamos, se crea una del pueblo y una de la naturaleza. Era comprensible que se condensara la defensoría de la niñez, la del pueblo y la de la naturaleza en una sola, para que no se cree más burocracia y por una cuestión de eficiencia del Estado”.

En cuanto a la metodología utilizada para elaborar el informe, desde el centro de estudios explican que para el cálculo del costo del aumento de altos cargos públicos en órganos existentes se utilizaron las remuneraciones brutas de cada cargo actual. En el caso de los órganos nuevos, se hicieron supuestos tomando en consideración un órgano existente de tamaño o funcionamiento similar.

Así, por ejemplo, para la determinación de la remuneración del Defensor del Pueblo y el Defensor de la Naturaleza se consideró la remuneración bruta de la defensora de la niñez. Por su parte, para la estimación de la remuneración del jefe o director de la Agencia Nacional de Protección de Datos se consideró la remuneración bruta del presidente del Consejo para la Transparencia.