Macrozona Sur: gobierno alista seguro público para contratistas y analiza alternativas legislativas al estado de excepción

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, afirmó esta tarde que el gobierno se encuentra alistando una propuesta para permitir que los contratistas que desarrollan sus actividades en la Macrozona Sur puedan contar con un seguro de carácter público en caso de ser víctimas de violencia en la zona.

En este sentido, explicó que por instrucción del Presidente Gabriel Boric “yo mismo me he sentado con el Banco Estado y el Ministerio de Hacienda para generar una propuesta que esperamos hacer en las próximas dos semanas, de un seguro público para quienes desarrollen actividad económica, particularmente contratista, en la Macrozona Sur con el objeto también de darle garantía en materia de quién responde una vez que son víctimas de un atentado incendiario que implique pérdida de patrimonio o de capital de trabajo”.

“Deberíamos entregar una propuesta técnica que estamos trabajando con Banco Estado y con la dirección de presupuesto”, añadió la autoridad en conversación con el programa Días Contados de Canal VíaX, donde la autoridad analizó los desafíos de la agenda de seguridad del Ejecutivo.

Asimismo, Monsalve se refirió al estado de excepción que continúa rigiendo en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío, en la Región del Biobío, donde aseguró que el Ejecutivo analiza enviar un proyecto que permitiría dejar de lado esta herramienta, y establecer un escenario donde se permita el uso de la fuerza militar para resguardar seguridad, pero excluyendo las limitaciones a las libertades de movimiento y de reunión.

“El gobierno está buscando alternativas legislativas (….) Este estado de Excepción conculca derechos constitucionales, el derecho al libre tránsito, el derecho a la reunión y evidentemente cuando se conculcan derechos de esa naturaleza, es razonable que una institución democrática como el Parlamento controle al Ejecutivo. Tal vez lo que requiere la Macrozona Sur es que no se limita el derecho a la reunión y tampoco se limita el derecho al libre tránsito. Tal vez necesitamos una herramienta legislativa que no considere esas facultades”, indicó el subsecretario.

Al respecto, destacó que “una posibilidad legislativa es eliminar la posibilidad de limitar los derechos al libre tránsito y a reunión, mantener las facultades del Presidente de utilizar las Fuerzas Armadas para apoyar las labores policiales en materia de seguridad y ampliar el plazo en el cual hay que pedir autorización al Congreso y establecer una fórmula de rendir cuentas al Congreso de manera más frecuente, pero contar con la autorización del Congreso tal vez en un período más largo de tiempo. Son fórmulas que hoy día el Gobierno está analizando para ver si es que eso se traduce en una propuesta legislativa que vaya al Congreso”.

En la ocasión, el subsecretario Monsalve se refirió también a la situación registrada el martes en el Juzgado de Garantía de Curanilahue, donde fueron dejados en libertad tres sujetos detenidos en flagrancia mientras se trasladaban en dos camiones que transportaban madera robada. Uno de los tres detenidos es un hombre de 44 años, identificado con las iniciales R.O.G. y que es apodado “El Mentolato, a quien se le sindica como el cabecilla de una banda dedicada a este tipo de ilícitos en la zona.

En la ocasión, la jueza Maruja Chávez, decidió no aplicar la medida cautelar de prisión preventiva, y los detenidos solo quedaron con firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.

“Nosotros somos respetuosos de los fallos judiciales y las decisiones que toman los jueces. Nuestra división jurídica solicitó la prisión preventiva. Yo he conversado el día de hoy con la jefa de la división jurídica, vamos a apelar a la resolución de la jueza”, sostuvo Monsalve.

“Creo que es bien importante mirar en su contexto la nueva ley que tipifica el delito de sustracción de madera, porque efectivamente puede haber un debate respecto de las medidas cautelares que se aplican respecto a los antecedentes o nuevos antecedentes del acusado, pero creo que lo más relevante en materia de la ley 21.488 son las facultades en materia de capacidades investigativas que va a tener el Ministerio Público y las policías”, explicó la autoridad.

“Porque finalmente no nos interesa detener a una persona, nos interesa poder identificar y desbaratar a la organización criminal que está detrás de un negocio que se estima que puede alcanzar los US$100 millones de dólares en algunos territorios. Y la ley lo que hace es, por ejemplo, entregar facultades para usar técnicas especiales de investigación que son esenciales para poder desbaratar una organización criminal. La interceptación telefónica, la posibilidad de tener agentes encubiertos, la posibilidad de tener entregas vigiladas puede ser muy claves para cambiar el rumbo de las investigaciones y la persecución penal en este delito que ocurre en la Macrozona Sur”, cerró.