Manejo de la ministra Orellana en la salida de Isabel Amor abre flanco en el oficialismo

“Obviamente no corresponde que una persona sea sancionada o sufra los efectos por las conductas de su padre, por condenable que sean estas”. Con esas palabras, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, respondió este martes a la consulta por la salida de Isabel Amor Alfaro de la dirección regional en Los Ríos del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg).

Las palabras del secretario de Estado -en entrevista con Radio 13C, donde no quiso profundizar en el tema, argumentando al principio y al final de su alocución que “sobre esto se pronunció la ministra vocera (Camila Vallejo), yo no es mucho más lo que puedo agregar”- no pasaron desapercibidas en La Moneda, donde se interpretó como una diferencia con la bajada comunicacional que ha intentado instalar la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien ha estado en el foco de las críticas tras la salida de Amor por “pérdida de confianza” y no como una respuesta al caso de su padre.

En la Segpres, en todo caso, descartan que Elizalde se haya desmarcado de lo expuesto por Orellana y Sernameg. Aseguran que el ministro respaldó lo que había dicho previamente la ministra de la Segegob, Camila Vallejo, solo que con otras palabras. Por lo mismo, dicen, mencionó dos veces a la vocera al responder la pregunta.

Pero, más allá de los dichos del titular de la Segpres, en Palacio se transmite que la reacción de la secretaria de Estado del Frente Amplio, quien es una de las más cercanas al Presidente Gabriel Boric, fue tardía y que la plataforma que eligió para pronunciarse no fue la más adecuada. Esto, porque ayer se dio a conocer una carta al director que envió a El Mercurio, en la cual entregó los argumentos por los que se decidió removerla.

Aunque Amor acusó que la decisión de la remoción fue por ser hija del médico y militar en retiro del Ejército Manuel Amor (condenado como cómplice de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura), la titular de la Mujer lo descartó y dijo que fue por pérdida de confianza, al igual que el servicio. De todas formas, argumentaron que la determinación también se tomó por “comentarios desafortunados relativos a la condena de su padre, expresados al conocer al equipo del servicio que trabaja en la región de Los Ríos; a lo cual se suma el envío -por parte de la exdirectora- de una nota periodística que aún no era publicada, donde relativiza la responsabilidad de su padre, pese a existir una condena por violación de derechos humanos ejecutoriada en su contra”.

Ese mensaje Orellana lo reforzó posteriormente en una entrevista radial y en un punto de prensa. Sin embargo, en el Ejecutivo algunos creen que su manejo no fue el más óptimo y lo califican de “lento y reactivo”, lo que -agregan- permitió que el tema siguiera escalando y se abriera un flanco innecesario.

De hecho, el tema lleva en el debate público varios días y despertó críticas del Congreso, desde donde oficiaron a la secretaria de Estado para que entregara algunas respuestas sobre la materia. Además, la UDI decidió citarla a la Comisión de Mujeres para que aborde la controversia.

En el Ministerio de la Mujer, por otro lado, aseguran que Orellana coordinó sus salidas comunicacionales con Vallejo, quien se mantuvo en la misma línea comunicacional que Orellana.

“Primero, en nuestro gobierno se producen desvinculaciones de funcionarios y funcionarias por distintas razones según lo establece nuestro marco normativo”, comenzó en su alocución Vallejo.

La ministra explicó que esas decisiones, “a veces se da por incumplimiento o a veces se da por pérdida de confianza cuando se produce esa pérdida de confianza y así lo ha expresado el servicio, un comunicado oficial”.

Y finalizó su respuesta aseverando que “ninguna pérdida de confianza está asociada a vínculos de sangre”.

En el Ministerio de la Mujer, en todo caso, argumentan que el silencio de los primeros días de Orellana respondió a que le dieron espacio al Sernameg para que se hiciera cargo del asunto, como también lo han hecho con otros servicios cuando se desvinculan a funcionarios.

Además, reiteran que la decisión de pedir la renuncia a la profesional fue por relativizar los temas de derechos humanos y no por ser hija de una persona condenada por delitos de lesa humanidad.

En el oficialismo si bien hay quienes dicen que no ha sido tema de discusión en las instancias habituales donde conversan, también ha llamado la atención el cómo la ministra Antonia Orellana ha respondido a esta crisis.

En la Delegación Presidencial de Los Ríos no han sido parte de la situación a pesar de que se trata de la designación de una autoridad regional, ya que todo se ha manejado desde el nivel central. De hecho, el delegado Jorge Alvial no se ha referido al tema.

En el Congreso, la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola (PC), también fue requerida por el caso. Dijo que “solo conocemos lo que se ha dicho públicamente, que tiene que ver con que había elementos de información que no se habían tenido a la vista en el momento de tomar esta decisión”.

Además, se excusó por ser parte de otro poder del Estado: “No podemos intervenir en los procesos de contratación o designación de cargos o de responsabilidades que se llevan adelante, cuando se trata de directa confianza del Presidente de la República”.

En todo caso, agregó que “acá hay procedimientos que se han llevado a cabo y yo me imagino que esos procedimientos deberán ser aclarados. Si hubo alguna arbitrariedad o alguna situación que desconozcamos, que se esté demandando o denunciando, evidentemente serán los organismos correspondientes los que tendrán que tomar resoluciones al respecto”.