María Jaraquemada, directora Chile Transparente, sobre anteproyecto constitucional: “Se podría perfeccionar una debida coordinación de las entidades públicas en la lucha contra la corrupción”

La directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada, hace un análisis del anteproyecto de nueva Constitución elaborado por la Comisión Experta que fue entregado al Consejo Constitucional. La abogada destaca la regulación que le dieron los comisionados al derecho al acceso a la información pública, valora la profundización de las normas de transparencia y advierte sobre la necesidad de perfeccionar la coordinación de las diferentes entidades del Estado en la lucha contra la corrupción.

¿Cómo ha visto el proceso hasta el momento, luego del trabajo de la Comisión Experta y la instalación del Consejo?

Está recién comenzando el trabajo del Consejo, así que es difícil empezar a dar líneas, pero lo que es destacable es que sea han dado señales de que se quiere escuchar, dialogar, incluso que haya participación ciudadana extendiendo los plazos que eran bastante breves. Si bien estamos muy al inicio, las señales que se han dado son buenas, son de escucha y de interés en la participación ciudadana.

¿Qué evaluación hace del anteproyecto redactado por los expertos?

En integridad y transparencia tenemos un buen balance. Hay algunos detalles que uno quisiera que se pudieran perfeccionar o profundizar, pero varias de las materias que propusimos quedaron asentadas como, por ejemplo, que se reconozcan los principios de integridad, transparencia y rendición de cuentas que son claves para un buen funcionamiento de una democracia y de la República. Nosotros creemos que es importante que el derecho al acceso a la información pública se mantenga con una entidad autónoma garante, que vendría a ser el Consejo para la Transparencia. También es relevante que se haya terminado con algo que no ha sido tan positivo en cuanto al acceso a la información pública, que es que el Consejo no pueda garantizar este derecho respecto de todas las entidades del Estado como el Congreso, el Poder Judicial, sin que eso implique interferir o limitar la autonomía que tienen estos poderes.

En materia de regulación de temas de transparencia y probidad, ¿es suficiente lo incluido en el anteproyecto?

Es muy bueno que vuelva a recoger que la probidad rige a todas las actuaciones públicas, porque ha habido un avance jurisprudencial bastante importante desde que se estableció en la reforma del año 2005. Hoy día está considerada la publicidad, que es la base de lo que será nuestra Ley de transparencia, pero se profundiza más, se establece no solo la publicidad sino que la transparencia y la rendición de cuentas. La probidad y la transparencia no van a ser principios mágicos, pero sientan las bases de la institucionalidad que nosotros esperamos que se vayan implementando.

¿Qué materias relativas a estos temas a su juicio están ausentes en el anteproyecto y podrían ser mejoradas?

Los temas están, pero quizás se pueden perfeccionar. Se podría incorporar y perfeccionar una debida coordinación de las entidades públicas en la lucha contra la corrupción. Lo peor que puede pasar es que tengamos múltiples entidades que tengan distintas responsabilidades que a veces se topen en algunas, pero que actúen por solos. Eso debiera dejarse mucho más claro y lo que tiene que haber acá es una promoción de la integridad pública y privada. Sentar esos principios en la Constitución son declaraciones muy potentes.

Como juicio general en estas temáticas, ¿es un texto de continuidad o de innovación y vanguardia?

Tiene de ambas. Recoge los avances que tuvimos el año 2005 con la reforma constitucional del artículo octavo y recoge lo que se ha avanzado e innovado en este tiempo en nuestra jurisprudencia.

La expresidenta de la Convención Elisa Loncon criticó el actual proceso. En un conversatorio dijo que nadie sabe “lo que pasa en esas cuatro paredes”. ¿Es justificada su crítica?

Queda por evaluar del proceso y efectivamente los procesos están teniendo transparencia en cuanto a la comisiones y lo que ahí se discute. Pero también todos los procesos de toma de decisiones tienen espacios de deliberación y de negociación que muchas veces están reservados y eso está reconocido por nuestra Constitución. Yo creo que a veces es difícil encontrar el justo balance, pero necesitamos ese justo balance que permita que las personas puedan llegar a acuerdos.

En términos de transparencia del proceso, tanto la Comisión Experta como el Consejo Constitucional, ¿cree que cumplen con un buen estándar de transparencia?

Todas las comisiones son transmitidas, eso es muy relevante, también las plenarias. En general la documentación también, quizás a veces se publica con cierto retraso, porque los plazos son muy breves. Vamos a estar haciendo seguimiento para visibilizar de mejor modo la información sobre reuniones por ley de lobby para entender quiénes están tratando de influir en las decisiones, las declaraciones de intereses y patrimonios, entender dónde pueden estar los conflictos, el gasto público, distinta información que le permita a la ciudadanía hacer vigilancia ciudadana.