Más de 100 viernes de desórdenes en Plaza Baquedano, indulto a presos del estallido y el narco: cómo la seguridad se transformó en pilar clave en la carrera presidencial

A sólo horas de los resultados de la primera vuelta presidencial, la lectura de la gran mayoría de los analistas políticos se ha centrado en cómo la seguridad pública se transformó en un factor determinante de cara al balotaje. El tema fue destacado por el candidato José Antonio Kast, ganador por estrecho margen este domingo, en su discurso de cierre de campaña donde prometió recuperar “la paz” para el país. En las últimas horas este relato también ha sido incorporado por Gabriel Boric en lo que podríamos interpretar como un giro en su estrategia para llegar a La Moneda.

“El que viole la ley se va a ir preso, y punto”, dijo esta mañana en Chilevisión el candidato del pacto Apruebo Dignidad, quien ha debido enfrentar una serie de críticas de la oposición, y también desde la ex Concertación, por su postura ante los desórdenes públicos en el centro de Santiago, la visita a la cárcel a un joven preso y el proyecto de ley para indultar a quienes enfrentan procesos judiciales por delitos cometidos durante el estallido social.

Desde el gobierno, además, también advirtieron un flanco ahí y por eso el 19 de octubre -tras el segundo año de conmemoración del 18-0-, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli señaló que “los responsables finales de esta violencia son quienes instalaron en nuestro país una sensación de impunidad, que cometer delitos violentos no era condenable en Chile, los que hicieron un llamado a quemarlo todo”.

Desde el 18 de octubre de 2019 a la fecha, ya son 108 los viernes de desórdenes en el centro de Santiago. Este escenario aceleró el cierre de locales comerciales, la falta de áreas verdes y una Plaza Baquedano que en los próximos días se quedará sin estatua, ni plinto, ni soldado desconocido.

El director ejecutivo de Chile 21, fundación de centroizquierda, Eduardo Vergara, advirtió que “el factor orden-seguridad será determinante en quien llega a La Moneda el 2022. Una problemática que la amplia izquierda ha dejado en segundo plano y sobre la cual ha actuado con ambigüedad por mucho tiempo hoy se transforma en un asunto clave”. Además, agregó que “el proyecto de indulto resultó desde el punto de vista comunicacional ser un fracaso. Por un lado, no se logró explicar que el asunto de fondo tenía que ver con el abuso de las prisiones preventivas y una búsqueda de justicia que no descansaba en la impunidad, sino más bien en el debido proceso, mientras por otro sirvió de combustible para la hoguera de acusaciones que instaló la derecha”.

José Antonio Kast ha emplazado en más de una vez a Boric sobre este punto: “Decirle a Gabriel que si quiere apoyar a las pymes, que vote en contra del proyecto de indulto que presentó la senadora Provoste”, le dijo en un foro hace tres semanas.

El tema nunca ha sido cómodo de abordar para el candidato de Apruebo Dignidad. Ya en las primarias que disputó en julio contra Daniel Jadue (PC) era algo que parecía ser una constante piedra en el zapato. Por esos días, y antes de lograr una victoria sobre la carta comunista, Jadue señaló: “Gabriel Boric permitió con su voto en la aprobación de la Ley Antibarricadas, que hoy día tengamos muchos presos políticos del estallido en nuestro país. Gracias a él, gracias a su conglomerado”, dijo el alcalde de Recoleta.

Tiempo después otro “portazo” vendría desde la cruzada en favor de los “presos de la revuelta”. El 30 de julio, Boric intentó visitar a David Gómez Valenzuela (26), joven en prisión preventiva tras ser imputado de ataques con elementos contundentes e incendiarios a una comisaría en La Granja. Cuando el diputado del Frente Amplio llegó a Santiago 1 para ejecutar la visita, fue insultado por amigos y familiares de los presos. Dentro de la cárcel, además, fue golpeado.

Pía Green, exjefa de División de Seguridad Pública y experta en seguridad, sostuvo que “no hay sorpresa en que este tema haya sido tan relevante en la campaña: la seguridad es la primera prioridad de las personas según diversos estudios, porque afecta directamente en su calidad de vida, sus actividades diarias. Sin embargo, es importante diferenciar la seguridad entendida, al menos, desde dos ámbitos: orden público o lo que sucede en La Araucanía, para lo que se requieren políticas claras, firmes (...) y la seguridad de la previsibilidad y certeza de las reglas, donde el orden se asocia a que la población no quiere más violencia ni desorden en su vida diaria, como ciudadana quiere subirse al transporte público y llegar a su destino a salvo, poder estudiar, trabajar y vivir en paz”.

En ese sentido, agregó que Kast “fue más consistente en ambas dimensiones, aunque debe cuidar la retórica maximalista o el discurso de ley y orden del pasado. Además, se mostró preocupado por fortalecer el rol de las Fuerzas de Orden y Seguridad, que es fundamental para implementar acciones efectivas que aborden estas dos dimensiones: seguridad para las personas y para el país. Boric, por su parte, me parece que sólo se focalizó en una parte de la preocupación de la población, el orden público, y asociándolo al narcotráfico. Sin embargo, y quizás a pesar del propio candidato, su sector político ha enviado señales de política pública y proyectos de ley que, o bien minimizan ambas dimensiones del problema, o apuntan a una retórica que no va al fondo de los desafíos institucionales, como ocurre con la refundación de las policías”.

La última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) arrojó que durante el año 2020 un 19,2% de los hogares del país declara haber sido víctima de un delito, cifra 4,5 puntos porcentuales menor que la registrada en el año 2019 y que es la más baja desde el año 2012. A pesar de la baja en los delitos -situación que debería medirse ya sin el confinamiento de las medidas restrictivas por el Covid-19- el crecimiento del narcotráfico es uno de los temas que más preocupan a las autoridades policiales y del Ministerio Público.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, dijo en septiembre que “nuestro país enfrenta por primera vez la amenaza de la instalación en Chile de carteles internacionales de droga, que no conocíamos hasta ahora.” En esa misma línea, el jefe de la unidad antidrogas del Ministerio Público, Luis Toledo, sostuvo esa vez que “Chile es también hoy un país de destino (para la droga) y eso hay que decirlo con mucha claridad. Hasta el momento siempre habíamos señalado Chile que era un país de paso y poca de esa droga quedaba en Chile, eso no es así hoy día. Hoy día la droga llega para consumo del mercado nacional”.

Ambos candidatos han apuntado a aumentar los controles, prometiendo enfrentar el avance de los carteles de narcotráfico en Chile, aunque cada uno con sus matices.

Kast apunta a mejorar la dotación policial, con más “recursos y estrategias de la policía marítima y de Aduanas”, a fin de “cerrar el tráfico marítimo desde y hacia Chile”. Boric, por su parte, en su programa planteó “desburocratizar el sistema de denuncia de delitos e incentivar la denuncia” a escala barrial, y una nueva estrategia “alejada de la noción de la ‘guerra contra las drogas’ basada exclusivamente en la represión”.