Mesa de seguridad que encabeza Interior se congela con 79 puntos acordados y gobierno insiste en destrabar pacto

En el Ministerio del Interior querían, a toda costa, cerrar un acuerdo transversal en seguridad antes de que terminara el 2022. Las reuniones se hicieron diarias, una y hasta dos veces al día, pero todo comenzó a complicarse el jueves 29 de diciembre, cuando hasta las bancadas de la oposición llegó el rumor de que el Presidente Boric indultaría a los denominados presos del estallido social.

El rumor se hizo cierto y el viernes 30 de diciembre el Mandatario concretó el indulto para 13 condenados, entre ellos el exfrentista Jorge Mateluna. La mesa prácticamente se dinamitó y todos miraron a la ministra Carolina Tohá buscando una explicación.

Interior insistió, igualmente, en concretar el acuerdo, pues Tohá ya en los primeros días de noviembre del 2022 se había impuesto terminar la mesa antes de que comenzara el 2023. Como no se dieron las fechas, se fijó nuevo día y hora, ahora, el martes 3 de enero de este año, pero -nuevamente- no había ánimo en la oposición.

Aunque la mesa no siguió funcionando, en Interior alojan la idea de buscar un entendimiento y sellar el acuerdo, y dicen estar cerca.

La razón, explican en Interior, es que ya hay 79 puntos donde hay un consenso transversal en distintas materias relativas a la seguridad, a través de proyectos de ley, indicaciones, medidas administrativas y la asignación directa de recursos.

Entre los temas más importantes, según cuentan en el gobierno, destacan afinar nuevas medidas de control fronterizo; fortalecimiento de programas para la prevención dirigidos a niños, niñas y adolescentes; mejoramiento de la legislación para combatir el terrorismo, el control del crimen organizado con medidas tales como el levantamiento del secreto bancario, entre otras.

El despliegue de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en la Macrozona Norte es prácticamente un acuerdo cerrado. Hay consenso en eso, tanto en la oposición como en el oficialismo, pero lo que no se tiene claro es cómo implementarlo. En el gobierno ya ingresaron las indicaciones para que las zonas limítrofes sean decretadas infraestructura crítica, pero en la UDI, RN y Evópoli quieren que se decrete el estado de excepción.

En Interior, además, explican que hay dos ejemplos que dan cuenta del avance. El primero es el compromiso que plantea nivelar las asignaciones de riesgo para Carabineros en la zona norte y la Región de Los Ríos, las que hoy son inferiores al promedio del resto del país, con 10% y 15%, respectivamente.

La mesa por la seguridad acordó nivelar estas asignaciones, lo que permite que estas lleguen a 30% para las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta y un 20% en el caso de Los Ríos.

Respecto de víctimas, el gobierno pidió ingresar una indicación al proyecto de ley presentado por la administración anterior para crear el Servicio de Protección a las Víctimas. Lo que se busca por parte del Ejecutivo es asignar recursos para la representación judicial de las víctimas en distintos delitos violentos.

También en materia de víctimas, y después de un trabajo con el Servicio de Impuestos Internos, se acordó tener una modalidad administrativa que permita eximir del pago de contribuciones a personas cuyos predios han sido tomados y que, por distintas razones, no han sido desalojados.

Este beneficio aplicará a través de un Decreto con Fuerza de Ley que permita establecer una exención temporal para quienes enfrentan la toma de sus terrenos, sin necesidad de presentar un proyecto de ley ante el Congreso.

El futuro de la mesa, por ahora, está en suspenso y con el gobierno empujando para volver a sentar a todos los actores ante un documento que se pueda firmar en conjunto con la oposición.

La idea no desagrada a toda la oposición. Por ejemplo, durante la tarde del jueves 5 de enero, 13 senadores de ese sector entregaron a Interior un documento con “mínimos comunes” para retomar las conversaciones, donde están los temas de la defensoría de las víctimas, la excepción de contribuciones para terrenos tomados, el despliegue de las FF.AA. en la Macrozona Norte, entre otros.