Denuncia por millonarios pagos a asesores en campaña de Karina Oliva agita las aguas en el FA y genera la renuncia del presidente de Comunes

Tras conocerse que el equipo de campaña de la excandidata a gobernadora por Santiago, Karina Oliva (Comunes), presentaron al Servicio Electoral (Servel) boletas por sus labores por un total de $ 137 millones, desde el Frente Amplio -encabezados por el abanderado presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric- salieron rápidamente a criticar la abultada cifra de los gastos de campaña de la actual candidata a senadora por la Región Metropolitana e indicaron que los datos dados a conocer “ameritan una investigación”.

El monto fue revelado por una investigación de Ciper, en la cual se revisó las rendiciones de los candidatos a la gobernación metropolitana en la elección de mayo pasado. El reportaje arrojó que siete de los asesores de Oliva, todos militantes de Comunes -incluido su presidente, Jorge Ramírez- , presentaron boletas por la millonaria cifra. “Los registros históricos del Servel indican que cuatro asesores de Oliva están entre los mejor pagados en una campaña” y que “solo en las candidaturas presidenciales de Sebastián Piñera y Beatriz Sánchez hay valores similares”.

Tras conocerse la información, el candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, calificó la denuncia contra la campaña de Oliva como “grave”, e indicó que esta “debe ser aclarada en todas las instancias que corresponda”.

“Nuestro proyecto de cambios se funda precisamente en no repetir las prácticas que desprestigiaron y vaciaron de sentido la política y jamás en defensas corporativas”, finalizó.

En tanto, la diputada Claudia Mix, de Comunes, informó a través de su cuenta de Twitter que junto a su par Camila Rojas ingresaron una denuncia al Tribunal Supremo del partido “para que se investigue a todas las personas involucradas en los hechos relacionados con la rendición de la campaña a gobernadora de Karina Oliva”.

La parlamentaria por la Región Metropolitana agregó que “no podemos tolerar este tipo de situaciones que, más allá de lo legal, son antiéticas. Es conocida desde hace meses mi postura crítica hacia el presidente de Comunes. Este hecho viene a reafirmar las aprehensiones que he explicitado en las instancias internas del partido”.

Finalmente sostuvo que espera que el Tribunal Supremo de Comunes “dicte sanciones acorde a la gravedad de los hechos conocidos”, y que de otro modo, evaluará su continuidad al interior del partido.

En tanto, desde el partido Convergencia Social, indicaron esperar que la situación que involucra a Karina Oliva sea investigada “con todo el rigor de la ley”.

Desde su cuenta de Twitter indicaron que “como Frente Amplio hemos promovido la transparencia, presentado proyectos para rebajar el gasto en campañas e impugnado fuertemente a quienes ven la política como un botín”, por lo que “cualquier hecho poco ético que involucre a quienes aspiran a representarnos en espacios de poder, como la candidata Karina Oliva, debe ser investigado con todo el rigor que exige la ley”.

De la misma forma, los diputados Giorgio Jackson (RD) y Gonzalo Winter y Diego Ibáñez, ambos de Convergencia Social (CS) -por separado a través de sus redes sociales- concordaron en que la situación que involucra al equipo de Oliva “merece una explicación a la altura del momento” y que “amerita una investigación al interior del Frente Amplio”.

Jackson, diputado de Revolución Democrática y coordinador político de la campaña presidencial de Gabriel Boric (Apruebo Dignidad), sostuvo en su cuenta de Twitter que “desde que entramos al Congreso hemos luchado por rebajar los sueldos en política. La noticia de Ciper sobre gastos de campaña merece una explicación a la altura del momento que estamos viviendo”.

Por su parte, Gonzalo Winter, de Convergencia Social y actual diputado por el distrito 10 de la Región Metropolitana, indicó a través de la misma red social que “ante casos como este debemos marcar una línea clara y las instituciones deben actuar. Esto es importante y amerita una investigación al interior del Frente Amplio para esclarecer lo antes posible la situación”.

El diputado por el distrito 6 de la Región de Valparaíso, Diego Ibáñez, indicó en Twitter que “hemos presentado proyectos para rebajar el gasto en campañas y promovido la transparencia porque es lo correcto, lo ético y nuestra manera de construir fuerza política de cambio. Esto amerita una investigación y una explicación a la altura. Si no, no estamos en la misma vereda”.

La situación movió las aguas al interior de la directiva de Comunes. Cuatro de sus integrantes -las vicepresidentas Emilia Schneider y Carolina García, junto a la diputada Camila Rojas y a la candidata a la Cámara Baja Doris González- a través de una declaración pública pidieron la renuncia del presidente del partido, Jorge Ramírez, y de la secretaria ejecutiva, Camila Ríos -ambos nombrados en el reportaje-, “mientras los hechos se investigan por los canales internos del partido”.

Las dirigentas, quienes afirman no haber participado en visar la rendición ni los montos asociados a honorarios de militantes, sostienen que los hechos descritos en el reportaje de Ciper “constituyen un grave error, y a pesar de estar dentro de la legalidad, se alejan del proyecto transformador que estamos viviendo en Chile”.

Tras esta declaración, Jorge Ramírez dimitió a la presidencia de la tienda.

“Durante estas horas Karina (Oliva) me ha pedido evaluar mi continuidad como presidente de Comunes y luego de conversar con miembros de la dirección he decido presentar mi renuncia, la que he comunicado formalmente también al jefe de campaña de Gabriel (Boric)”, señaló Ramírez a través de su cuenta en Twitter.

Sin embargo, Ramírez rechazó haber incurrido en una ilegalidad. “Lamento profundamente el aprovechamiento que se ha hecho de una nota y un titular que no se corresponde con la realidad. La rendición a la que se alude cumplió con todo lo legal y fue aprobada por el Servel”, sostuvo.

A través de su cuenta de Twitter, Karina Oliva indicó que en su campaña se cumplieron todos los requerimientos del Servel y, tras calificar la información como “utilización política sin antecedentes”, dijo estar disponible para “aclarar lo que sea necesario”.

Asimismo, Oliva destacó que su equipo prestó servicios por seis meses, desde diciembre de 2020, cuando el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) proclamó su candidatura.

Producto de una ley aprobada por el Congreso en el marco del aplazamiento de las elecciones de gobernadores desde abril a mayo de 2021, debido a la pandemia de Covid, se permitió la extensión del pago a colaboradores por un mes más: desde mediados de enero -cuando empezó la campaña electoral- hasta las primeras semana de junio, mes en que se realizó finalmente la segunda vuelta.

En su declaración pública de este miércoles, la excandidata a gobernadora indicó que “la cuenta de ingresos y gastos de primera vuelta de Gobernadora Regional se encuentra aprobada por el Servicio Electoral” por una resolución que “concluye que las cuentas tanto de Comunes corno mías fueron aprobadas, no teniendo por rechazado ningún gasto declarado”.

Agregó que “la premisa de que mi campaña sería la más cara de la Gobernación Regional y que los montos cobrados también son los más altos es absolutamente falsa y lo muestro a continuación: El costo de nuestra campaña de primera vuelta fue de $408.492.235, lejos de los más de $ 790.000.000 millones de Catalina Parot o de los S 780.000.000 de Claudio Orrego”.

Oliva detalló indicando que el costo de su campaña contempla dos dimensiones: “el pago de servicios que alcanzaban a costearse con el crédito de 125 millones de pesos que solicité al BancoEstado, muy menor al que le aprobaron a Catalina Parot ($715.000.000) y Claudio Orrego (350.000.000); y el endeudamiento que nos permite realizar el pago con el reembolso que podíamos recibir por parle del Servel”.

Manifestó que, debido a esto, tuvieron que “recurrir a compañeros y compañeras que estuvieran disponibles a esperar por el pago de los distintos servicios cerca de 8 meses, pues salvo una agencia comunicacional, nadie más estuvo disponible a esperar este tiempo en recibir los pagos de servicios por los distintos trabajos que se prestaron en la campaña”.

Respecto de los reembolsos aprobados por el Servel, Oliva afirmó que es importante destacar que “el equipo se conformó apenas terminada la primaria de gobernadores, en el mes de diciembre del año 2020, cuando el Tricel proclamó nuestra candidatura a gobernadora, por lo que este equipo prestó servicios durante seis meses por un monto de $2.500.000 mensuales”.

Oliva argumentó que “el equipo señalado en la nota además estuvo disponible para esperar 8 meses de terminada la campaña para poder recibir este reembolso” y que respecto a los dineros recibidos por su jefe de campaña, “su remuneración corresponde a $ 2.500.000 más los servicios prestados de un equipo bajo su responsabilidad que acompañó el proceso de campaña”.

La postulante a la Cámara Alta reiteró que “cada rendición fue acompañada por informes al Servel que muestra cada uno de los servicios y trabajos desarrollados”, y que este sistema “nos permitió sostener la campaña durante seis meses. sin contar durante ese tiempo con los recursos para realizar dichos pagos de manera inmediata. Tal como es de conocimiento público el reembolso demora alrededor de ocho meses si es aprobado y cumple con todos los aspectos que exige la ley y que nosotros cumplimos”.

Finalmente, Oliva destacó que “de acuerdo a la votación que obtuvimos en primera vuelta el monto máximo de reembolso al que podíamos optar era cercano a los 800 millones de pesos. y se solicitó un reembolso de 409 millones de pesos, correspondientes a 125 millones del crédito del BancoEstado y 284 millones aproximadamente que corresponden a los servicios detallados en la rendición de ingreso y gasto electoral, por lo tanto, es falso señalar que hemos hecho un aprovechamiento de los recursos fiscales”, cerró.

De acuerdo al reportaje de Ciper, en conjunto, los ocho candidatos a gobernador que compitieron en las elecciones de mayo pasado rindieron gastos por más de $2.700 millones, De estos, la postulante del FA, Karina Oliva, “contó con uno de los equipos de campaña mejor pagados desde que existe el registro del Servel sobre gasto electoral”.

Este equipo “estaba compuesto por siete personas que se repartieron un total de $137 millones. Todos han integrado el núcleo que ha trabajado cercanamente con Karina Oliva en el Partido Comunes”, según la investigación.

De los datos del Servel se desprende que el jefe de campaña de Oliva, Martín Miranda, cobró cerca de $8 millones mensuales, unos $40 millones en total, considerando los cinco meses de campaña legal, incluida la segunda vuelta. Por su parte, Camila Ríos, encargada de análisis de datos y planificación territorial en la primera vuelta, y jefa del equipo electoral para el balotaje, se embolsó $25,5 millones en el mismo período. Asimismo, José Robredo, quien en el informe aparece como jefe, coordinador y asesor comunicacional de Oliva, registra pagos por $20,9 millones, con un promedio mensual de $4,1 millones.

En tanto, Luis Romero, encargado territorial del distrito 14 en la segunda vuelta, cobró $10 millones por solo un mes de trabajo, de acuerdo a la investigación de Ciper.

Los otros personeros nombrados en el reportaje son Jorge Ramírez, presidente de Comunes, con pagos por $16,2 millones por conceptos de preparación electoral de Oliva y elaboración de líneas discursivas para los territorios; Jean Flores Quintana, con una boleta por $15 millones por diseño y planificación del despliegue territorial en el distrito 8 en la primera vuelta; y Diego Corvalán, jefe del equipo electoral del partido, con $10 millones.

En este sentido, Ciper destaca que, según los datos del Servel, entre los otras candidaturas a la gobernación metropolitana que compitieron con Oliva “solo hay una en las que se registró un colaborador con pagos de alrededor de $4 millones mensuales: la de Rojo Edwards (Partido Republicano)”.

En otro apartado de la investigación, se destaca que el centro de estudios vinculado al Partido Comunes facturó otros $120 millones asociados a la campaña de gobernadores.

“El centro de estudios Fundación Chile Movilizado, vinculado al Partido Comunes, emitió una factura por $60 millones por asesorías para la campaña de Oliva. El mismo centro facturó otros $60 millones, pero en la rendición del Partido Comunes, aunque también fueron cargados a la cuenta de la campaña de Gobernador Regional”, indica el reportaje.