“Mínimos comunes”: oposición propondrá al gobierno renta básica de $600.000 por familia de cuatro integrantes

Más de cuatro horas se extendió la reunión en que los parlamentarios de la oposición afinaron el documento que contendrá la propuesta de los mínimos comunes que espera enviar mañana al gobierno para seguir con el proceso de negociación para entregar ayuda a las personas y empresas afectadas más fuertemente por la crisis sanitaria y económica derivada de ella.

La discusión, vía telemática, se centró principalmente en el monto y duración de la Renta Básica Universal (RBU) confluyendo en el acuerdo de que ésta debe superar la línea de la pobreza, y que sea de $229.061 para un hogar unipersonal, y llegue hasta $604.495 en un hogar con cuatro miembros. Este monto lo percibirán las familias que están inscritas en el Registro Social de Hogares, y el período considerado para este beneficio sería hasta agosto.

“La suficiencia del monto (de la RBU) tiene que ser un criterio que tiene que llegar para quedarse en la lógica de nuestras políticas de protección social. Planteamos este apoyo a lo menos cuatro meses mientras dure esta pandemia y donde las condiciones sanitarias y económicas del país así lo requieran”, señaló esta noche a través de un video difundido en redes sociales la presidenta del Senado, Yasna Provoste, quien detalló que la propuesta será entregada al Ejecutivo “a primera hora” de este miércoles.

En cuanto a las Pymes, en la reunión de la oposición se estableció que al menos deberían destinarse US$3.000 millones en subsidios en diversas líneas de financiamiento, con tal de “defender la sobrevivencia de las empresas de menor tamaño que generan el 50% del empleo formal y, recuperar a mediano plazo los niveles de actividad económica y de empleo en las pequeñas empresas”, según indica el borrador que revisaron los parlamentarios.

Dentro de este ítem, la oposición propone la suspensión de algunos pagos, como el de patentes; la eliminación de multas por incumplimientos tributarios durante 2021; condonar o suspender pagos de contribuciones y líneas de financiamiento con condiciones preferentes con garantía estatal y la paralización de embargos y de remates de la Tesorería General de la República.

Además, de acuerdo a Provoste, se le pedirá al gobierno un “mayor esfuerzo” en compras públicas para preferir a empresas de menor tamaño; que las boletas que se solicitan a través de la compra pública se eliminen o se baje el monto y que se puedan fortalecer los convenios marco con acceso exclusivo a las empresas de menor tamaño; limitar reglamentariamente la concentración de las adjudicaciones; desarrollar licitaciones exclusivas para empresas de mejor tamaño; abrir postulaciones para convenios marco de producción y servicios culturales y activar planes específicos para las pequeñas empresas en regiones.

El documento opositor incluirá -en lo referente a medidas sanitarias- la gratuidad de los exámenes PCR; la flexibilización del calendario de vacunación, con el propósito de llegar a población más joven; la transferencia de recursos a la atención primaria; el pago de subsidios por incapacidad laboral que se encuentran pendientes tanto en Fonasa como en Isapres; abordar el tema de las listas de espera, que se han incrementado producto de la pandemia, y garantizar el posnatal de emergencia para mujeres.

Provoste señaló que para el financiamiento de la batería de medidas abarcadas en el documento propondrán un conjunto de mecanismos, que incluyen ahorros del Estado en fondos soberanos; el mayor precio del cobre; reasignación de recursos mediante una gestión temporal del financiamiento a los fondos de las FF.AA, tanto al correspondiente a capacidades estratégicas como de contingencia; el uso de activos del tesoro público y que el Estado pueda tener un nivel mayor de deuda pública.

“Chile es de los países que tiene en el promedio de la OCDE baja deuda pública, tenemos espacio para poder entregar mayores apoyos a las familias”, adujo la presidenta del Senado.

Los asistentes a la cita fueron los senadores Isabel Allende (PS), Carlos Montes (PS), Ricardo Lagos (PPD), Francisco Huenchumilla (DC), Ximena Rincón (DC), Guido Girardi (PPD), Juan Ignacio Latorre (RD), y los independientes Alejandro Navarro, Carlos Bianchi, y Alejandro Guillier. Y los diputados Raúl Soto (PPD), Daniel Verdessi (DC), Marcelo Schilling (PS). Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Natalia Castillo (RD). Todos ellos encabezados por el vicepresidente de la Cámara, Rodrigo González, y la presidenta del Senado, Yasna Provoste, y el vicepresidente, Jorge Pizarro.

Los parlamentarios consideraron el documento realizado por los técnicos que daba cuenta de la serie de reuniones con las organizaciones de la sociedad civil efectuadas la semana pasada, lo debatieron y plantearon algunos cambios. El cronograma diseñado es que hoy cerca de la medianoche recibirán la nueva propuesta, la cual deben sentenciar los asistentes al encuentro y cuando todos estén de acuerdo sea enviada al Ejecutivo por la mesa del Senado, vía electrónica.

“Quedamos en que nuestra propuesta sea un proyecto alternativo, pero con mucha responsabilidad en el sentido de que estamos seguros de que existe el financiamiento”, explicó el diputado Verdessi. En la misma línea se pronunció el diputado Soto: “La propuesta será contundente con una renta universal que vaya más allá de la línea de la pobreza porque la canasta básica ha aumentado en pandemia”.

En paralelo, los parlamentarios de Chile Vamos también estaban en espera de la propuesta que sus centros de estudios les enviarían, con la idea de entregarla mañana al Presidente.