Ministra Fernández descarta renunciar a Defensa y su vocería no logra cerrar flancos en el oficialismo

“Yo estoy acá porque me ha nombrado el Presidente de la República, y estaré hasta el momento en que él lo decida”, respondió -visiblemente afectada- la ministra de Defensa, Maya Fernández (PS), al ser consultada si ha pensado en renunciar luego de la frustrada compra que el gobierno intentó hacer de la casa de su abuelo, el expresidente Salvador Allende.

Se trató de una declaración que entregó Fernández a las 15.53 horas de este miércoles en dependencias de la cartera y cuyo objetivo era dejar en claro que no tuvo participación directa en el proceso de adquisición del inmueble de Guardia Vieja que gestionó el Ministerio de Bienes Nacionales.

“Siendo ministra de Defensa yo no podía estar involucrada en el proceso, por eso se hace un patrocinio, un mandato a un abogado, que es quien llevó adelante todo el procedimiento. Más bien que tenía que ver con aspectos técnicos o que tiene que ver con cosas propias de la casa. Nunca participé en reuniones porque no corresponde”, dijo la otrora diputada socialista.

Aunque el aviso del punto de prensa de la ministra Fernández fue con 20 minutos de antelación a los medios, la idea se había materializado durante la tarde-noche de este martes.

Fue parte de una conversación que sostuvo la titular de Defensa con la vocera de gobierno subrogante, Aisén Etcheverry (FA), durante la tarde-noche del martes. Según pudo conocer La Tercera, ambas habían estado coordinadas desde que Fernández volvió del Polo Sur.

En todo caso, la ministra Fernández ya se había referido a este hecho. Lo hizo el sábado en su arribo a Punta Arenas, luego de haber participado de la Operación Estrella Polar III.

Luego de eso, la secretaria de Estado ya tenía contemplado volver a hablar, pero su intención habría sido esperar que la situación decantara y por eso eligió este momento. Una vez tomada la decisión, los equipos de ambos ministerios comenzaron las coordinaciones para preparar lo que diría.

Eso sí, el día escogido tenía complejidades. No se realizó durante la mañana porque la ministra de Defensa tuvo dos audiencias: primero con el comandante en jefe de la Armada, el almirante Juan Andrés De La Maza; y luego con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el general del aire Hugo Rodríguez.

La tarde también era complicada, puesto que es parte de la comitiva que acompaña al Presidente Gabriel Boric en su visita a la Región del Biobío. Así se inclinaron por realizar la declaración antes del viaje, lo que también se consideró como un factor.

Con la declaración de la titular de Defensa, plantean algunos en Palacio, se evitaba que la polémica fuera resuelta en medio de la gira presidencial, la primera que sostiene este 2025 el Mandatario.

Además de descartar que renunciaría, Fernández reconoció en el punto de prensa que tampoco había informado a su equipo de la existencia de este trámite. Insistió en el mandato a su abogado, el que -según cercanos- se diseñó como un fideicomiso ciego, y realizó una autocrítica, aunque sin profundizar.

En esa línea señaló que “no participé en ninguna reunión ni en ningún levantamiento, dado que correspondía a quienes estaban, en este caso, los abogados, ver los temas técnicos”.

Y aunque no quiso responsabilizar directamente a su abogado, en su entorno reconocen que la culpabilidad es de los profesionales, incluyendo a quienes dentro del gobierno debían pesquisar los aspectos legales de la compra.

“Uno siempre, y lo ha hecho parte del gobierno, ha reconocido que el proceso no fue bien llevado, lo cual yo lo lamento, y siempre uno tiene que hacer autocrítica respecto a los procedimientos”, añadió la secretaria de Estado.

Sobre si lo ocurrido afecta el legado de su abuelo, el expresidente Salvador Allende, aseguró que “el legado del Presidente no está en su casa, está en su historia”. La defensa de la memoria del otrora líder de la Unidad Popular, dicen en Palacio, fue otra de las razones por las que Fernández enfrentó a los medios este miércoles.

Luego, la ministra agregó: “De manera personal quisiera decir que yo jamás, desde que murió mi madre y yo heredé lo que le correspondía a ella, con mi hermano, jamás he recibido un peso por esta casa. Creo que es importante. Esto tiene que ver con mi historia”.

En el Congreso hubo reacciones divididas. Algunos parlamentarios respaldaron a la secretaria de Estado, otros afirmaron que, pese a su declaración, sigue habiendo dudas.

El diputado Tomás de Rementería (PS) señaló que no se pueden “buscar responsabilidades de una ministra que no actuó como tal, sino que como particular en un acto que no era un negocio particular de una ministra, sino que era una situación que generaba un beneficio al Estado”.

Mientras que para la jefa de bancada de PPD e independientes, Camila Musante, “no es bueno llamar con eufemismos este tipo de errores, que además de un error es una inconstitucionalidad, porque es evidente y además todo el país se ha dado cuenta de que este fue un error garrafal que se cometió por parte del gobierno”.

El diputado Raúl Soto (PPD), por su parte, profundizó en los reparos hacia Fernández y aseguró que “esa autocrítica y esa explicación todavía es insuficiente. (...). La situación es delicada, la situación es grave, y yo creo que era necesaria una autocrítica, pero también es necesaria una explicación un poco más profunda, un poco más amplia de la que hemos escuchado”.

Con las dudas que se mantienen en el Parlamento, se espera que la prensa pueda abordar a Fernández durante la gira en que acompaña al Presidente Boric en el sur.

No solo han tenido que salir a aclarar el proceso la vocera subrogante Aisén Etcheverry y la exministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval (FA), quienes defendieron el actuar en la adquisición del inmueble como “un proceso en curso” que aún se encontraba en una fase inicial.

También fue requerido el ministro de Hacienda, Mario Marcel. “Hasta donde yo entiendo, la transacción no se realizó, así he sido informado por el gobierno, así que en ningún caso podría haber habido perjuicio fiscal”, señaló en el Congreso.

Sus dichos van en la línea de lo que, hasta ahora, ha informado el Ejecutivo respecto a que el proceso de adquisición se detuvo en la firma de la compraventa de la residencia.

“Este proceso, que llevaba varios pasos, no fue concluido, por tanto no se adquirió la vivienda, con lo cual no hubo traspaso de ella, pero sobre todo quiero ser bien enfática en que nunca ha habido traspaso de recursos. Eso no ha ocurrido”, dijo la propia Maya Fernández durante su declaración de este miércoles.