Ministro Cordero por lío de platas de fundación Democracia Viva: “Hay casos que derechamente tienen que ser calificados como corrupción”

Esta mañana el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero calificó como “corrupción” la polémica asignación de recursos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta hacia la fundación Democracia Viva, ligada a militantes de Revolución Democrática (RD).

“Tenemos un poblema estructural, ese problema estructural hay que resolverlo y yo creo que va a ser inevitable en la ley de presupuestos. En segundo lugar, una cierta flexibilización en el mecanismo que genera incentivos para un uso discrecional, en algunos casos, arbitrario. Y lo tercero, casos que derechamente tienen que ser calificados como corrupción”, explicó el titular de Justicia en Mesa Central.

Al ser consultado por cuáles casos debiesen ser calificados como corrupción, el secretario de Estado contestó que “creo que Democracia Viva es un caso”.

Las declaraciones del ministro ocurren un mes después de que se destapara el lío de platas que involucra a militantes de RD, en el que un total de $426 millones, fueron asignados desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta, encabezada por Carlos Contreras -ex jefe de gabinete de la diputada Catalina Pérez- hacia la fundación Democracia Viva, liderada por la entonces pareja de la diputada por Antofagasta, Daniel Andrade.

“Definamos para estos efectos que es lo que se entiende tradicionalmente como corrupción. Lo primero, es que usted puede entender corrupción como la infracción a la ley o la comisión de delitos, como cohecho. Pero hay una segunda excepción, que es la que en principio nosotros debieramos compartir, que es el ejercicio abusivo de la posición de autoridad para obtener un beneficio privado, aunque no sea constitutivo de delito. En esa segunda dimensión, uno debe entender que estamos en presencia de casos de corrupción”, aseveró Codero.

En concreto, el ministro aseguró que en el caso Democracia Viva, se produjo “la suscripción de un acuerdo con conflicto de interés, una asignación directa. No tomó los resguardos en relación a un régimen de garantía, porque inmediatamente transfirió, podría haber transferido parcialmente. Cuarto, un contrato o un convenio en el que el plan de trabajo se presentó con mucha posterioridad. Quinto, un mecanismo de rendición que no se cumplió adecuadamente”.

“O sea, usted pasa eso por un test y auditoría no lo resiste, es altamente probable que la auditoría de la Contraloría sea extremadamente severa, al menos en estos cinco puntos”, manifestó.

Respecto de la decisión de Democracia Viva de negarse a restituir el monto ordenado por el Ministerio de Vivienda, y la estrategia legal que adoptará el gobierno ante la maniobra de la ONG encabezada por Daniel Andrade, Cordero indicó que “el gobierno no puede revelar por anticipado sus estrategias legales”. No obstante, aseguró que “con la decisión vigente de la autoridad, el Estada va a hacer efectiva las responsabilidades civiles, y si ellos se quieren arriesgar a responsabilidades penales, las asumirán”.

Esto, luego de la resolución del Ministerio de Vivienda, que ordena a Democracua Viva reponer $391.768.516, del total de $426 millones que le fueron asignados a la ONG desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta. Sin embargo, la fundación asegura que el monto que tendrían que devolver es de $294.384.230.

Consultado por una eventual “participación activa” de la diputada Catalina Pérez (RD), en el caso Democracia Viva, el secretario de Estado respondió que “no hay antecedentes que den cuenta de la participación activa de ella, en los antecedentes que tiene el gobierno”.