Ministro del Tribunal Constitucional: "El TC no puede legislar, y en temas valóricos ese límite ha estado muy cerca de sobrepasarse"

En el Tribunal Constitucional dicen que sus ministros hablan a través de sus fallos. Sin embargo, esta semana las declaraciones que hizo su presidente, Iván Aróstica, quien aseguró que el golpe de 1973 puso fin a "un quiebre institucional" previo, rompieron con esa tradición. Los dichos del ministro incomodaron a varios de sus pares al interior del organismo, entre ellos al ministro Nelson Pozo. En esta entrevista el abogado y exmilitante del Partido Socialista toma distancia de Aróstica y asegura que sus palabras constituyeron un "error". Además, se hace cargo de las críticas al organismo y asegura que es partidario de acotar el rol del TC.

El Tribunal Constitucional ha sido blanco de duras críticas. Se ha asegurado que en sus fallos han excedido su rol, convirtiéndose en una especie de tercera cámara política. ¿Concuerda?

El tribunal no se ha transformado en una tercera cámara política sino que está en un proceso intermedio, ampliando su ejercicio de facultades. Como en todo tribunal, hay un sector mayoritario que está por una tesis y otro sector minoritario que está por la tesis contraria. Yo al menos, personalmente, y solo puedo hablar a título personal, creo que el principio de la deferencia hacia el legislador es fundamental. Esa es la clave incluso del rol del tribunal.

¿Y se cumple ese principio?

El legislador para mí es la persona que efectivamente crea la ley, junto con el órgano colegislador que es el Ejecutivo, y el tribunal no puede legislar, no puede involucrarse en eso, tiene que ser muy cuidadoso y delicado en el tratamiento de cada uno de esos temas.

¿Usted cree que en algunos casos este tribunal se ha excedido y ha terminado legislando?

En los temas valóricos, también esto en base a una opinión personalísima, ese límite ha estado muy cerca de sobrepasarse. No creo que se haya sobrepasado pero ha estado muy en el límite. Por lo menos ha afectado ciertas situaciones concretas.

¿Comparte las críticas entonces?

En cuanto al tribunal, hay diversos sistemas en el mundo y está muy legitimado a nivel internacional. Entonces, el cuestionamiento nacional lo veo como algo que obedece más bien a la coyuntura política. Hay casos como el Tribunal Constitucional irlandés que lo que hace es decirle al legislador "señor, usted tiene un plazo de dos años para solucionar el problema", es decir, no le está diciendo solo que una norma es inconstitucional sino que él vea cómo lo resuelve porque el tribunal no se puede meter en esa decisión.

Se les ha acusado de fallar basados en criterios político y no jurídicos. Un caso emblemático fue la revisión de la ley de aborto. El TC termina eliminando una palabra que prohibía expresamente la objeción de conciencia institucional, generando una redacción totalmente contraria a la voluntad del Congreso.

La naturaleza de estos tribunales es jurídico-política. Ahora, yo pienso que en la objeción de conciencia hay una situación particular. Yo no soy partidario de la objeción de conciencia institucional. Por definición, las instituciones no tienen conciencia, es una contradicción básica.

Pero en la práctica el TC interfiere en la redacción de la norma.

Es que prefiero no responderle porque yo tengo una posición diferente y eso tendrían que responderlo aquellos que estuvieron por dar esa objeción de conciencia institucional, porque es una creación.

Es que eso es lo que empaña el trabajo que ustedes hacen acá...

Claro... ese es el tema.

Esta semana recibieron al Tribunal Constitucional alemán. Su presidente mencionaba una frase que llamó la atención. Él dice: "la Constitución no contiene un legislador sustituto". ¿Se respeta esa premisa acá?

Yo creo que hay una deferencia hacia el legislador. Siempre se tienen presentes sus atribuciones, a menos que sea una cosa muy gravosa, muy fuerte, muy relevante, que tenga algún grado de irracionalidad.

Ellos consideran todo lo contrario...

El TC alemán planteaba una fórmula bastante interesante para señalar. Primero, que este conflicto que se presenta con el Poder Legislativo es un conflicto que se da en todos los países del mundo. Y, segundo, que la forma de solucionarlo es que el tribunal tenga siempre presente esa deferencia especial hacia el legislador; en el fondo, una vinculación con el legislador. Y agregaba que eso se logra además con un grado de creatividad. Hay que buscar formas de acercamiento para lograr que el otro, en este caso el Poder Legislativo, no se vea afectado por el criterio del tribunal.

El presidente Iván Aróstica ha dicho que los legisladores también tienen un grado de responsabilidad al despachar leyes que no pasan los estándares mínimos. ¿Concuerda?

De que hay algunas leyes que tienen defectos, efectivamente. Pero yo creo que también eso se puede solucionar mejorando, por su parte, el Congreso sus niveles de autorregulación y, por otro, el tribunal restringirse solo a cosas relevantes, a la irracionalidad como concepto, que solo temas de envergadura y que no tengan solución sean declarados como inconstitucionales.

Los parlamentarios han planteado limitar el rol del TC, por ejemplo, reformando el sistema de nombramiento, además de la idea de que el organismo solo pueda pronunciarse sobre los artículos contenidos en el oficio de la cámara remisora. ¿Cree que es necesario?

Yo soy partidario de que el TC debería solo tener competencia en aquellas normas que vienen consultadas. Siempre que el Parlamento a su vez fije mecanismos de autorregulación, porque sucede que a veces consulta más de lo que tiene que consultar, otras veces consulta muy poco. Pero hay que buscar fórmulas para que esto se pueda equilibrar.

Esta semana, en el marco del encuentro con el TC alemán, el presidente del organismo señaló que el golpe de 1973 puso fin a un quiebre institucional previo. Eso generó incomodidad de algunos miembros. ¿Le pasó lo mismo?

Mi opinión personal es que el quiebre de la institucionalidad fue el 11 de septiembre de 1973. Así lo ha declarado la Corte Suprema, los informes Rettig y Valech I y II. La institucionalidad funcionó hasta el 10 de septiembre de 1973. Después hubo un gobierno de facto, una Constitución que recién se dio en el año 1980, y yo en eso tengo profundas diferencias con el presidente, a quien le tengo mucho respeto, pero creo que en esta opinión actuó de forma personal y a mí no me representan sus declaraciones. La constitución exige la defensa de los derechos humanos y una dictadura por naturaleza los viola. Además fue un tema que no se consultó en el pleno.

Además las hace en el marco de una actividad institucional...

No me parece correcto, porque pareciera que todo el tribunal está de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo.

¿Cómo cree que afecta esto al tribunal, en vista de que esta misma semana los parlamentarios de oposición los instaron a dar trámite a las causas de DD.HH. que están frenadas?

Por lo mismo, este fue un error no menor, porque hay causas pendientes sobre derechos humanos. Y, efectivamente, plantea un factor de partida, a mi modo de ver, distorsionador de la historia de este país.

¿Cree que con eso se afecta la imparcialidad que pueda tener el tribunal en estas causas?

Es un tema delicado. El tribunal tuvo una actitud histórica de rechazar todos esos recursos de inaplicabilidad. Y ahora que ha llegado un número considerable que están todavía pendientes.

¿Y por qué no se avanza en eso?

No se avanza porque hay dificultades en la redacción de los fallos, dificultad para llegar a consenso. Pero pienso que eso pronto se va a solucionar, ya se están empezando a ver. Son temas que si van a la justicia ordinaria, hay ministros en visita que los están llevando adelante y el tribunal no podría jugar un rol en contra, tiene que respetar la justicia ordinaria donde ya hay criterios preestablecidos hace más de 20 años.

Ha trascendido que Aróstica tiene un estilo que ha generado incomodidad entre el resto de los ministros del TC. Se ha dicho incluso que trabaja de forma autoritaria. ¿Usted coincide con esa apreciación?

Prefiero no pronunciarme, porque es un tema interno del tribunal. Aquí simplemente se convive.

¿La convivencia es más difícil que antes?

Se convive.

Aróstica también señaló que la Constitución del 80 propuso un marco institucional "objetivamente más receptivo, para equilibrar los desafíos de la convivencia democrática". Sin embargo, hay una fuerte presión ciudadana por generar una nueva Constitución, legitimada en democracia. ¿Es partidario de aquello?

Yo tengo una opinión personal, pero prefiero no dársela porque tengo mis opciones políticas, ideológicas, religiosas.

Pero más allá de lo personal, se lo pregunto en su calidad de ministro...

Creo que a veces los cambios son para mejor. En la medida que sean consensuados, pausados, que haya una posibilidad de entendimiento. Y hacerlo en virtud de un fenómeno cultural histórico, la necesidad histórica de ir adecuando las instituciones. Y el rol del tribunal también se tiene que adecuar. Por eso yo soy partidario de que este tribunal solo debería tener competencia en el control preventivo obligatorio. Es decir, aquello que viene consultado. Porque surge la tentación de algunos ministros, factores externos también que afectan.

Pasó por ejemplo en el caso del fallo por educación superior, y en el caso del Sernac se presentaron téngase presente desde grupos de interés...

Así es. Creo que el tribunal logra más legitimidad en la medida en que esté acotado al control que le consultan, porque no aparece afectando las normas.

¿Y cree que se cede en algún sentido a esas presiones?

Hay sectores interesados que utilizan sus presiones, legítimas, no entro a calificar, pero el tribunal va a ser más legitimo en la medida en que funcione bien, que sus órganos sean muy activos, que los fallos se hagan en tiempos razonables, que cumpla con su deber.

¿Usted cree que cobraría mayor legitimidad entonces si este TC resguardara una Constitución distinta?

Depende de las atribuciones que tenga. A mí me gusta el modelo irlandés. Esto de que en virtud de esta deferencia al legislador, sea él el que solucione el problema de inconstitucionalidad y no sea el TC el que tenga que cambiar un "sí" por un "no", porque a veces eliminar ese sí automáticamente implica un no.