Ministro Luis Cordero responde a Daniel Jadue por dichos del alcalde de Recoleta contra el presidente del CDE

En entrevista con Cooperativa la mañana de este jueves, el ministro de Justicia, Luis Cordero, respondió a los planteamientos que hizo el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, deslizando responsabilidad del Frente Amplio en la formalización que enfrentará el miércoles 29 de mayo en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago.

“Yo tomo esas declaraciones como, supongo que una persona afectada por el funcionamiento del sistema de enjuiciamiento criminal nada más. Mire, el sistema de enjuiciamiento criminal descansa en Chile sobre la base de una institución constitucionalmente autónoma, que es el Ministerio Público”, señaló Cordero.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte investiga al jefe comunal por presuntos delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19 por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

Por otro lado, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en una decisión unánime acordó querellarse en contra del exprecandidato presidencial e integrante de la Comisión Política del Partido Comunista (PC). El 27 de marzo, el presidente del organismo, el abogado Raúl Letelier, aseguró en CNN Chile que detectaron “conductas ilícitas” en el caso, anticipando “novedades en el corto plazo”.

La tarde de este miércoles, en el programa de streaming de Jadue, Sin Maquillaje, el alcalde aseguró que en esta indagatoria la “politización excesiva de la fiscalía queda en evidencia de manera rotunda”.

Respecto a Letelier, Jadue señaló que, antes del juicio, el presidente del CDE lo condenó.

“Esta es una operación y el caballero es del Frente Amplio, el caballero tiene su historia, entonces uno dice ¿A qué se debe esto?¿Estarán muy preocupados porque los y las comunistas estamos cada vez más fuertes y podemos dar una batalla importante? ”, inquirió el alcalde.

Luego, habló de un vínculo de Letelier con el exconvencional constituyente y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Fernando Atria, y apuntó al gobierno.

“Trabajó varios años en Magallanes, fue parte de la campaña del señor Atria. Es frenteamplista y parece ser bastante cercano a las más altas esferas de gobierno”, sostuvo Jadue, respecto al presidente del CDE.

Cordero respondió que “esas declaraciones olvidan por un momento que el consejo es un organismo colegiado, integrado por 12 consejeros, y que las decisiones las adopta el consejo, no las adopta el presidente”.

“Creo que son declaraciones que no se compadecen ni con las instituciones involucradas, ni con los hechos que ha indicado el Ministerio Público sobre este punto”, agregó, recalcando que “la mejor defensa siempre son los hechos y el derecho, y no descalificar instituciones”.

Por otro lado, el titular de Justicia afirmó que la situación que enfrenta Jadue no afecta a la administración del Presidente Gabriel Boric.

“Uno debe tener claro que las responsabilidades penales son responsabilidades personales, no son responsabilidades institucionales. El gobierno está a cargo de la gestión del país, está a cargo de tomar decisiones permanentes sobre el cumplimiento de la ley y la aplicación de políticas públicas y el gobierno no se va a involucrar en una investigación que compromete personalmente a un alcalde. Por lo tanto, que él esté siendo indagado, que tenga objeto de la formalización, no afecta al gobierno. La relación que él tenga, o la posición que su partido tenga con él, es una decisión que me parece que forma parte de las relaciones y los diálogos propios que se dan. En este caso, como en otros, hay otros partidos en el pasado, que respecto a situaciones que han afectado a sus militantes, han tomado decisiones diversas, pero yo creo que es una decisión autónoma de los partidos políticos”, planteó Cordero, consultado si corresponde o no que el alcalde adopte la llamada “Doctrina” de Carolina Tohá, que apunta a que los funcionarios de gobierno deben dar un paso al costado en caso de enfrentar un proceso ante la justicia.