Ministro (s) de Justicia refuta argumentos del juez Urrutia tras otorgar beneficios a reos: “Están imputados por los delitos más graves”

El ministro (s) de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió este sábado a los reos de alta peligrosidad -algunos vinculados al Tren de Aragua- que fueron autorizados por el juez Daniel Urrutia para mantener comunicación mediante videollamadas. La decisión fue cuestionada por la autoridad.

“No estamos hablando de personas que sus crímenes sean delitos comunes, sino que son crímenes organizados. Son crímenes que ponen en riesgo la seguridad del país y que, por lo mismo, se requiere un régimen especial para mantener a estas personas aisladas del resto de la población penal”, expuso Gajardo en diálogo en CHV.

Según explicó el juez Urrutia, su determinación se basó en normativas internacionales, como las de Naciones Unidas, reglas mínimas para el tratamiento de reclusos y las reglas Nelson Mandela, entre otras. Pese a ello, para el ministro (s) esto no debió haber ocurrido.

“Sabemos que son los líderes de las bandas criminales, por eso mismo se encuentran en cárceles de máxima seguridad”, refutó, además de recalcar que, por la naturaleza de sus delitos, estas personas -a su juicio- no pueden ser visitadas.

Gajardo fue enfático en diferenciar a la población penal de la que se habla en este caso: “Aquellos aspectos que señala el juez Urrutia pueden ser relevantes en personas que se encuentran imputadas o que están condenadas por delitos que son comunes, por delitos que eventualmente implican que estas personas tengan alta, mediana o bajo compromiso delictual, pero no respecto a las personas más peligrosas que tenemos dentro de nuestro país, que están cometiendo crímenes que tienen un impacto muy importante, pero que además han puesto en riesgo la seguridad de nuestro país y han puesto en riesgo la seguridad del país vecino”.

Con respecto a la denuncia de amenazas de muerte hacia el magistrado, Gajardo partió mencionando que “es importante que todos los poderes del Estado tengan en cuenta que la amenaza del crimen organizado es real”.

“No nos podemos dar el lujo de que las personas que persiguen los delitos sean amenazadas y tomen decisiones débiles respecto de la persecución del delito. Se tiene que investigar y perseguir a los responsables de las amenazas”, aseveró.

Por otro lado, el titular subrogante de Justicia relevó la consciencia transversal que se tiene sobre el control del crimen organizado. “La tenencia y el ingreso de teléfonos ahora es un delito. Antes era una falta administrativa”, dijo, como ejemplo de formas en las que han avanzado para fortalecer el combate contra el crimen organizado.

Para evitar que situaciones como esta ocurran, Gajardo aseguró que Gendarmería tiene control de los establecimientos penitenciarios a lo largo del país y llamó a “preservar ese control, de forma coordinada con las instituciones públicas”. Además, respecto a cómo evitar que jueces autoricen cosas similares, sostuvo que “hay que revisar las decisiones y ajustarlas a derecho”.

El ministro (s) también destacó que se está aumentando el presupuesto de Gendarmería. “Mas de 3 mil millones de pesos irán en la remodelación de la cárcel de máxima seguridad. Seguimos el Plan Contra el Crimen Organizado. Vamos a instalar un sistema de división para impedir la comunicación y desbaratar las bandas de crimen organizado”, especificó.

Asimismo tomó como ejemplo el caso de la Expenitenciaria de Santiago, donde se hizo un operativo conjunto para retirar estructuras instaladas en los alrededores, dedicadas al comercio ambulante. Gracias a eso, y luego de una investigación conjunta, lograron llegar a los líderes de las bandas que arrojaban objetos al interior de la cárcel.

“En un operativo retiramos todo el comercio ilegal. Lamentablemente, vuelve, pero estamos coordinados con Carabineros para atacar eso. Ese operativo lo vamos a repetir en todos los establecimientos penitenciarios donde tenemos ese problema”, puntualizó.