“Muerte cívica para los corruptos”: consejeras RN y Evópoli anuncian indicación para que personas condenadas por corrupción no puedan trabajar en el Estado

La bancada de consejeras de RN y Evópoli tomaron la delantera y ante el escándalo de corrupción por el lío de platas de Democracia Viva y los traspasos de recursos desde el Estado hacia las fundaciones, anunciaron este miércoles medidas para que la propuesta de nueva Constitución pueda tener artículos que colaboren en la agenda anticorrupción.

“Hemos decidido lanzar una agenda anticorrupción dado los acontecimientos que está viviendo el país. En este proceso constitucional tenemos la oportunidad histórica de sentar ciertas bases para que nunca más hayan hechos como estos y puedan quedar regulados como corresponde en el marco de la Constitución”, afirmó la delegada Pilar Cuevas en un punto de prensa acompañada de las consejeras Ivonne Mangelsdorff (RN), Gloria Hutt (Evópoli) y Lorena Gallardo (RN).

En el marco del trabajo de las enmiendas al anteproyecto de nueva Constitución -cuyo plazo vence el 17 de julio- la bancada pensó algunas indicaciones que puedan hacerse cargo del escándalo de corrupción desatado por el caso Democracia Viva y así dar una señal de que el órgano redactar se hará cargo de este tipo de problemáticas.

Para eso, las consejeras ingresarán una indicación que apunta a que cualquier persona que sea condenada por hechos de corrupción no podrá trabajar en los órganos del Estado, ya sea en cargos de la administración o de elección popular.

“La sanción es muerte cívica para los corruptos, para cualquier persona que trabaje en el Estado, un juez, un ministro, un seremi, un director de un servicio, un diputado, un senador, sea electa o sea designada, será muerte cívica para trabajar en algún órgano del Estado”, explicó la consejera Ivonne Mangelsdorff (RN).

La enmienda, comentan fuentes de la bancada, apuntará a crear una inhabilidad especial en la propuesta de nueva Constitución que redactará el Consejo Constitucional. Esto, en el marco de que actualmente algunas de las sanciones más grave solamente prohíben, en ciertos casos, una prohibición de trabajar en el Estado hasta por cinco años.

“El momento es mostrar que podemos diseñar en la nueva Constitución un Estado realmente al servicio de las personas y para eso tenemos que poner todas las protecciones para que casos como este no vuelvan a ocurrir, no solo que esté la normativa como realmente existe, sino además que las sanciones sean mucho más duras, que no haya incentivo alguno para quebrar esta normativa que lo que hace es proteger a las instituciones y el interés de las personas”, agregó la consejera Gloria Hutt (Evópoli).

Las enmiendas también irán acompañadas de indicaciones que tendrán como objetivo “profesionalizar y a reducir la arbitrariedad” en los nombramientos del Estado. Para eso, la bancada se sumará a la propuesta de iniciativas populares de norma como la que promueve la fundación Pivotes respecto de avanzar hacia un “Estado sin pitutos”.

Esa iniciativa cuenta con casi 14 mil firmas, por lo tanto, ya pasó el requisito para pasar a ser debatida por el Consejo. La propuesta de Pivotes incluye “establecer un nuevo régimen único de designación, contratación, promoción y cese de funciones para los funcionarios de la Administración del Estado, que resalte su naturaleza técnica, profesional y meritocrática, y que contenga una regulación especial para los funcionarios de exclusiva confianza de los gobiernos de turno, coherente con su condición excepcional y limitada”.

En esa misma línea, se añade la creación de “un Consejo Autónomo de Alta Dirección Pública que regule los procesos de selección de candidatas y candidatos a cargos del Sistema de Alta Dirección Pública y de aquellos que deban seleccionarse con su participación”.

Desde el oficialismo, el delegado de la bancada RD, Julio Ñanco sostuvo que hay que analizar la enmienda en su mérito. “Nosotros no conocemos en detalle lo que está presentando la bancada de Evópoli y Chile Vamos, pero sí nos parecería interesante estudiarla y por supuesto también sumarnos a aquellas que tengan sentido común, que permitan garantizar la transparencia y probidad del uso de recursos públicos, tanto en el sector privado como también en el ámbito de las instituciones públicas”, afirmó el consejero.