Un mensaje al grupo de WhatsApp que reúne al Presidente Gabriel Boric y su comité político envió la mañana de este martes la ministra del Interior, Izkia Siches. Las noticias no eran buenas. A primera hora, la secretaria de Estado había sido informada de dos episodios ocurridos en la Macrozona Sur que pondrían nuevamente en entredicho la estrategia que ha desplegado La Moneda para contener la crisis de violencia que afecta las regiones del Biobío y La Araucanía.

A las 8.52 horas, el jefe del campamento San Óscar, teniente Erwin Marchant Peña, informó que tres trabajadores de la Forestal Mininco habían sido heridos tras una emboscada en el sector Los Laureles de la comuna de Relún. Uno de ellos, Segundo Armando Catril Neculqueo, con una herida de bala en el cráneo. Mientras el trabajador de origen mapuche era trasladado en estado crítico a Temuco, ocurriría otro grave episodio de violencia que alertó a los personeros de gobierno: en el kilómetro 19 de la Ruta P40 -en la comuna de Arauco- un grupo de cerca de 70 encapuchados atacó con armas de fuego la base temporal de fuerzas policiales que se encontraban protegiendo un predio en la zona de Quidico.

Así, la mañana en Interior fue tensa. La ministra activó a sus equipos apenas tuvo conocimiento de los hechos y recabó personalmente -en conjunto con su subsecretario del Interior, Manuel Monsalve- todos los antecedentes con Carabineros y la PDI para poder informar al Mandatario y salir a dar una versión ante los medios. También sostuvo varios llamados con el delegado presidencial de La Araucanía, Raúl Allard, quien se trasladó durante la mañana hasta el lugar.

La gravedad en que se encontraba el trabajador a esas alturas hacía probable -y así lo reconocían tempranamente en Palacio- que pudiera fallecer, lo que terminó siendo confirmado pasadas las 16.00 de ayer, sumándose una segunda muerte, en contexto de violencia rural, en la Macrozona Sur durante la administración de Boric.

El hecho le abrió un nuevo flanco al gobierno, el que tras una serie de otros episodios violentos en la zona se vio forzado a decretar el lunes pasado un estado de excepción que faculta a las Fuerzas Armadas al control del orden público en la zona, pero solo acotado a rutas y caminos.

Y si bien en La Moneda asumían la gravedad de los hechos, la tesis que se instaló en las primeras horas de ayer era que la muerte de Catril podría haber ocurrido con o sin estado de excepción. Sin embargo, según distintas fuentes de Palacio, el Ejecutivo se estaría inclinando por mantener el actual decreto firmado por el Mandatario, el que -dicen- bajo el artículo tercero les daría flexibilidad a las FF.AA. para desplegarse también en los territorios y comunidades.

Pero a las 12.30 nada de eso estaba claro. La decisión sobre qué representante del gobierno saldría a dar una versión ante la ciudadanía no se tomó hasta última hora. Según confirman en La Moneda, si bien se pensó inicialmente que fuera Monsalve el que diera la vocería, la idea se desestimó. Ante la gravedad del hecho y la posible muerte del trabajador forestal, en el gobierno estimaron que había que dar una señal y que era la propia ministra Siches quien debía enfrentar la contingencia públicamente.

De todas formas, como es usual, la jefa del gabinete esperó que hablara primero el Presidente antes de emitir sus declaraciones. Pasadas las 13.20, en una actividad con la Gran Logia masona, el Jefe de Estado dio su mensaje. Ahí, con un tono severo, el Mandatario recalcó: “Arauco hoy día tiene una pena y esa pena se llama Segundo Catril Neculqueo, es el nombre de un trabajador que hoy recibió un disparo en la cabeza, que está siendo operado y con quien quiero desde este espacio solemne manifestar toda mi solidaridad y decir que tal como los principios que han inspirado a este espacio y esta reunión es nuestro deber más profundo hacer algo que es muy básico”.

Y agregó: “Decir y repetir hasta el cansancio que la violencia no es el camino y que es importante que todos sepan que siendo la ley una declaración de la voluntad soberana y siendo hoy yo representante de la voluntad del pueblo, tenemos el deber de hacer valer esa voluntad soberana mediante el imperio de la ley. No vamos a tolerar que la violencia se imponga como método de resolución de conflictos en nuestro país, ni en las escuelas, ni en La Araucanía, en ninguna parte. Hay algunos que creen que atentando contra el pueblo mismo pueden conseguir fines que quizás consideran nobles, sepan que si los medios no son nobles, los fines pierden ese objetivo”.

Poco después, a las 13.40, Siches hizo lo mismo. Vestida de negro, la titular de Interior lamentó los hechos ocurridos y señaló -desde el Patio de los Cañones- que “quiero manifestar a nombre del gobierno nuestro absoluto rechazo a los actos de violencia que hemos presenciado en Arauco”.

En ese mismo sentido, aseguró que el gobierno presentaría las querellas correspondientes, las que tras la muerte del trabajador se ampliaron al delito de homicidio. “Acompañar a la familia de este hombre trabajador, que es una víctima más de la violencia que impera en nuestro sur. En conjunto con el Ministerio Público, la fuerza de nuestras policías y la capacidad investigativa de nuestra Policía de Investigaciones esperamos seguir hasta el fondo estos hechos y buscar a los responsables, para efectivamente hacer que el Estado de Derecho llegue a todo el territorio nacional”, agregó la secretaria de Estado.

La ministra, sin embargo, no contestó las preguntas de la prensa, por lo que más tarde fue su par de la Segpres, Giorgio Jackson, quien respondió a las voces críticas que, a esas alturas, se levantaban desde la oposición y la DC, apuntando -precisamente- a la responsabilidad del Ejecutivo por haber decretado un estado de excepción acotado y no a todo evento.

“Estas situaciones así de sensibles como las que han ocurrido hoy no admiten ser aprovechadas políticamente. Es algo que tenemos que abordar como país y que sucedió cuando había estado de excepción antes”, dijo molesto el ministro aludiendo al gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

Sin embargo, la muerte del trabajador aumentó la presión de dirigentes del propio oficialismo para ampliar el estado de excepción y provocó una complicación adicional en Palacio. Tras la confirmación del fallecimiento, el Mandatario publicó -en su cuenta de Twitter- un mensaje lamentando la muerte y reforzando el llamado sobre que “no vamos a tolerar que la violencia se imponga como método de resolución de conflictos”.

En este contexto, la ministra Siches se contactó con la familia de Catril para ofrecer personalmente sus condolencias. Y más tarde, cerca de las 19.00, la jefa de gabinete -con el objetivo de dar una señal de que el tema es relevante para el Ejecutivo- volvió a emitir una declaración en Palacio. Ahí, la secretaria de Estado reforzó las palabras que más temprano había entregado.

Al cierre de esta edición, en Palacio transmitían que no estaba contemplado que el Presidente, la ministra Siches o el subsecretario Monsalve viajaran a la zona.

La muerte de Catril volvió evidenciar las “dos almas” de las coaliciones de gobierno. Mientras en el Socialismo Democrático varios parlamentarios salieron a exigir la utilización de todas las herramientas que provee el estado de excepción en la zona, en Apruebo Dignidad -particularmente en el PC- recalcaron que esa no es la vía para la solución del conflicto.

Uno de los primeros en emplazar al Ejecutivo para un mayor despliegue territorial en la Macrozona Sur -y no solamente en vías y carreteras- fue el senador PS Fidel Espinoza. “Siempre lo sostuve: no me parecía adecuado un estado de excepción acotado. La seguridad implica mano dura con la delincuencia y no hay que tener temores ni vivir de los traumas del pasado. Hay que poner un estado de excepción total”, dijo.

En esa misma línea, el senador socialista Juan Luis Castro sostuvo que “el jefe de la Defensa, en acuerdo con Interior, debe ampliar las facultades y permitir proteger a trabajadores que ingresan a los caminos interiores donde se producen estos atentados. Lo de hoy lo defino como un acto terrorista”.

Más allá fue la senadora PPD Loreto Carvajal, quien reflotó la idea de legislar un estado “intermedio” para el resguardo de infraestructura crítica, como en la previa también había pedido la Democracia Cristiana.

“Estamos disponibles a apoyar a Interior y al Ejecutivo en todas las medidas que estime necesarias, como apoyar en medidas de ampliación de las facultades para el resguardo de la infraestructura crítica”, señaló la legisladora PPD. Su par Pedro Araya apuntó a que “mas allá de las querellas, hay que ocupar todas las herramientas constitucionales”.

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD), por su parte, afirmó que “el gobierno debe adoptar más medidas para asegurar la tranquilidad y la vida en la zona”.

Al ser consultado en CNN si respaldarían una ampliación del estado de excepción, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), planteó que “vamos a apoyar todas las medidas que el gobierno decida adoptar (…). Las medidas que se implementen en el marco del Estado de Derecho van a contar siempre con nuestro respaldo”.

Sin embargo, ampliar el poder militar en la zona tiene profundos reparos entre los comunistas. El senador Daniel Núñez (PC) advirtió que “esto no parará con el estado de excepción total como lo impuso Piñera. Hubo muchas muertes en La Araucanía, no es garantía de que la violencia se detenga”.

En la oposición también salieron a criticar que se hubiese decretado un estado de excepción acotado a las carreteras y responsabilizaron a Boric de la muerte del trabajador. “Estado intermedio es insuficiente”, criticó el presidente UDI, Javier Macaya.

Asimismo, entre algunos diputados de La Araucanía, como Miguel Mellado (RN) y Miguel Becker (RN), comenzaron a plegarse a la idea de una acusación constitucional contra la ministra Siches, que si bien fue impulsada por el Partido Republicano, no había contado previamente con el respaldo de la UDI, RN ni Evópoli.

Este martes en la noche la bancada UDI, al cierre de esta edición, tenía contemplado analizar el tema, mientras que este miércoles los diputados de La Araucanía se reunirían en forma transversal para ver qué pasos seguir.

Desde la UDI también mandaron una carta a la ONU para que envíe a relatores especiales y que constate violaciones a los derechos humanos en la Macrozona Sur.