Nombramientos del Congreso siguen entrampados y La Moneda pide no afectar designaciones para la Suprema

Sin prisa, pero -a diferencia del refrán- sumido en una larga pausa se encuentra un conjunto de nombramientos que debía realizar este año el Congreso.

Hasta ahora hay seis cargos en distintos órganos del Estado que no se han llenado por falta de acuerdo: la jefatura de la Defensoría de la Niñez, dos ministros del Tribunal Constitucional, un cupo en la Corte Suprema, un integrante del Consejo para la Transparencia y un miembro del Consejo de Asignaciones Parlamentarias.

En casi todos estos casos, las propuestas de nombres han sido rechazadas por falta de votos. En su mayoría, estas designaciones requieren de un altísimo quórum para ser ratificadas: dos tercios de la Sala del Senado, es decir, 33 votos.

Algunas de estas nominaciones están pendientes desde el año pasado, como es el caso de dos cupos para el Tribunal Constitucional (TC).

El problema es que si se prolonga la falta de entendimiento entre el oficialismo y la oposición -condimentada además por conflictos internos en cada sector político, duelos corporativos entre el Senado y la Cámara y complejidades propias de estos procesos- en los próximos meses se irán acumulando más vacantes con otros dos integrantes de la Suprema, con el cargo de fiscal del mismo máximo tribunal, con otro consejero para la Transparencia que debe resolverse a fin de año y con el contralor general de la República, en vista de que Jorge Bermúdez culmina su período a mediados de diciembre.

Por lo pronto, en la lista de espera del Senado se encuentra la votación de la nueva propuesta que hizo la Comisión de Derechos Humanos para designar a la defensora de la Niñez.

Luego de que la proposición inicial de Rosario Martínez (RN) no lograra convencer a la mayoría (no contó con el apoyo del oficialismo ni de algunos senadores de derecha), ahora la comisión propuso a Blanquita Honorato, exsubsecretaria de la Niñez, ligada a la UDI. Su nombre surgió de una votación dividida y desde fines de agosto está en condiciones de ser discutido en la Sala del Senado. Sin embargo, el pronóstico es negativo y ante el riesgo de que se rechace, su proposición no ha sido puesta en tabla.

Una de las complejidades de este nombramiento es que es un cargo uninominal, que no puede ser “cuoteado” y difícilmente puede ser compensado con otras designaciones equivalentes. En el caso de la Defensoría de la Niñez, cuya jefatura está vacante desde julio, la postulación y nominación dependen exclusivamente del Senado y no intervienen otros poderes del Estado, por lo que tampoco opera la lógica de candidatos favoritos.

En mayo pasado, desde el PS algunos senadores propusieron incluir la Defensoría de la Niñez en un paquete con otros nombramientos de la Corte Suprema, pero la idea no prosperó, pues el gobierno y otros legisladores oficialistas se opusieron.

Ello repercutió en el rechazo del nombre de Rosario Martínez a mediados de junio. La consecuencia siguiente fue que el Ejecutivo se vio obligado a retirar el nombre de la jueza Jéssica González, quien había sido propuesta por el Presidente Gabriel Boric como ministra de la Suprema. ¿La razón? Los senadores de RN advirtieron que, en represalia, no apoyarían el nombre de la magistrada, a quien se le asocia un perfil cercano al mundo socialista.

Entonces, el cuadro se agravó aún más, pues el mismo día que se votó el nombre de Martínez para la Defensoría de la Niñez, el 20 de junio, zozobró la propuesta de la Cámara para que los abogados Manuel Núñez y Alejandra Precht fueran designados como nuevos ministros del Tribunal Constitucional. A ambos les faltó un voto; sólo lograron 32 de los 33 necesarios.

Las motivaciones de la fallida postulación de Núñez y Precht, cuyos nombres se votaban en un paquete cerrado, eran distintas. En la derecha no todos estaban convencidos de que Núñez -promovido por los diputados de RN- cumpliera el perfil ideal del sector para asumir como titular del TC. Hoy él tiene la calidad de ministro suplente. En el caso de Precht, ella era avalada por la DC.

Esta era la segunda vez que fracasaba una dupla para llegar al TC. En junio del año pasado el Senado tampoco dio la venia a la postulación del exdiputado RN Gonzalo Fuenzalida y la misma Precht. En esa ocasión, los mismos senadores de Renovación cuestionaron la nominación de Fuenzalida.

En estas dos fallidas designaciones, la abogada Precht no ha sido el foco del conflicto, pero ha tenido que asumir los costos por las diferencias que hay entre diputados y senadores de la derecha por quienes han sido sus compañeros de fórmula.

Ahora corresponde que la Cámara de Diputados inicie un nuevo proceso, que se paralizó a la espera de que RN definiera a su nuevo presidente. En el Congreso dan por hecho que el cupo en el TC corresponde a ese partido.

No obstante, no está claro que Alejandra Precht sea propuesta por tercera vez, ya que las bancadas de la DC se fraccionaron y ya no pesan lo mismo en ambas ramas del Poder Legislativo. Además, legisladores de izquierda están interesados en que este otro cupo sea asignado a un jurista más cercano al progresismo, debido a que el TC hoy quedó empatado, tras el fallecimiento de Rodrigo Pica y el nombramiento de Raúl Mera por parte de la Suprema. En un cuadro empatado y con la hipotética nominación de Precht, la jurista cercana a la DC se transformaría en el voto dirimente.

Otra manifestación de estos desencuentros se dio el 8 de agosto cuando la Cámara rechazó el nombramiento del exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) para el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. A pesar de que exjefe de Hacienda había sido propuesto por un acuerdo transversal de diputados y senadores de derecha y del oficialismo, los representantes de Chile Vamos en la Cámara Baja simplemente le quisieron “pasar una cuenta” a Eyzaguirre por antiguas diferencias personales y políticas con él.

Dado este clima en las nominaciones que le corresponden exclusivamente al Congreso y donde el Ejecutivo no interviene, La Moneda resolvió adoptar un repliegue táctico y retirar la propuesta de la jueza González para la Suprema. La decisión del gobierno es esperar que se produzca una nueva vacante en el máximo tribunal para enviar una proposición con dos nombres (uno del agrado del oficialismo y otro de la oposición) y así minimizar el riesgo de un rechazo.

El ministro de Justicia, Luis Cordero explicó que las nominaciones que deben darse este año en la Corte Suprema corresponden a vacantes de jueces de carrera con “mucha trayectoria”. “Y nosotros queremos evitar que otros procesos de nombramientos terminen por afectar sus trayectorias, asumiendo costos que no les corresponden. Cuando exista claridad de la tramitación separada de estos nombramientos, el Ejecutivo procederá a la normalización de los procedimientos de la Corte Suprema”, dijo Cordero, quien añadió que al gobierno le interesa “no confundir unos procedimientos de nombramientos con otros”.

“El problema que tiene el Senado es que tiene muchos nombramientos este año en distintas instituciones. Algunos (nombramientos) son exclusivos del Senado y otros requieren de la concurrencia del Ejecutivo. El Ejecutivo va a tratar de contribuir para que el Senado pueda despejar rápidamente todos sus nombramientos”, señaló el ministro de Justicia, quien agregó que no recordaba un año en que se juntaran tantas designaciones.