Nueva Constitución impulsada por Bachelet deberá ser aprobada en plebiscito

Este martes la Presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de Nueva Constitución que será enviado al Congreso, tal como lo anunció la noche del lunes en cadena nacional.

Entre sus principales aspectos destaca que debe ser aprobada en un plebiscito final donde los ciudadanos y ciudadanas expresen si aprueban o rechazan el nuevo texto.

Bachelet se refirió a los principales titulares de los diarios que enfatizaban que el envío del proyecto se realizaba a "cinco días" del cambio de mando. A lo que ella contestó: "Gobernaremos hasta el último día".

Según explicó la Mandataria, esta Carta Magna sostendrá las bases ciudadanas que recogen los resultados de la etapa participativa que se desarrolló durante los primeros años de gobierno y donde aportaron más de doscientas mil personas.

En este sentido, el proyecto dispone de un mecanismo de tutela universal de los derechos, "sin distinciones según el tipo de derechos como ocurre hasta ahora, donde hay derechos que valen más que otros en cuanto a su protección".

Esto implica que toda persona vulnerada en sus derechos podrá recurrir ante cualquier tribunal ordinario de primera instancia y solicitar la tutela de sus derechos, cuestión que podrá ser apelable ante el Tribunal Constitucional.

"Así, se establece un sistema que ubique en la misma posición a las libertades individuales, económicas y los derechos sociales en su consagración y amparo", se explica en el proyecto.

La iniciativa propone "una nueva manera de comprender los derechos fundamentales y la estructura de poderes del Estado", tomando las inquietudes recogidas desde las bases ciudadanas.

La Constitución se basa en los valores fundamentales de la sociedad como lo son la dignidad, la libertad, la igualdad, la solidaridad y el respeto de los derechos fundamentales de todos los seres humanos.

En este proyecto, se propone una nueva matriz de interpretación de la Constitución, con base al establecimiento de un Estado de Derecho "democrático y social", en el cual el Estado está al servicio de las personas y su finalidad es el bien común, "pero no el mero bien común individual, sino aquel que busca crear las condiciones necesarias para el desarrollo integral y sostenible de la comunidad y de cada uno de sus integrantes".

La Nueva Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte fundamental "del orden constitucional", debiendo el Estado promover y respetar su integridad, sus derechos y cultura. Junto con ello se reconoce la representación indígena en el Congreso Nacional.

Además, se pone al día con la "deuda histórica con los pueblos indígenas" reconociendo sus derechos culturales, lingüísticos y sus sistemas educativos.

En cuanto al régimen político, se fortalece el equilibrio entre el Poder Ejecutivo y Legislativo. Se eliminan los quórum supra-mayoritario de las leyes por lo que sólo existirán la mayoría simple y mayoría absoluta. El único quórum mayor a los anteriores será el quórum de reforma a la Constitución, que será un quórum único de tres quintos (esto responde a la discusión constitucional desde la entrada en vigencia de la Constitución).

En este sentido, se atribuye iniciativa legal al Congreso en materia laboral, de seguridad social y en la creación de servicios públicos.

El proyecto contempla la eliminación el control preventivo que puede hasta hoy requerir una minoría ante el Tribunal Constitucional, y sólo se podrá controlar obligatoriamente ciertas leyes con un quórum de cuatro quintas partes, es decir, ocho de diez Ministros del Tribunal Constitucional (esto responde a la discusión constitucional desde la entrada en vigencia de la Constitución).

La iniciativa establece las audiencias públicas obligatorias en la Sala del Senado o la Cámara de Diputados para todos los nombramientos de autoridades, tales como los ministros de la Corte Suprema, Ministros del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República y el Fiscal Nacional entre otros. Lo anterior fortalece el control ciudadano de los órganos públicos.

Además propone un nuevo sistema de nombramiento de los ministros del Tribunal Constitucional donde intervienen los tres poderes del Estado: la Corte Suprema llama a concurso público y elabora una terna, luego el Presidente de la República elige uno de los miembros de la terna y lo propone al Congreso Nacional, y ambas cámaras deberán aprobar el nombramiento. Luego el Presidente designa a candidato que aprobó el Congreso.

El proyecto busca profundizar la democracia y para ello se complementa a través de mecanismos de innovación democrática como lo es la iniciativa ciudadana de ley que podrá activar el 5% de los ciudadanos con derecho a sufragio

En cuanto a la generación de las próximas nuevas Constituciones, el proyecto recoge la propuesta presentada en abril del año pasado al Congreso que propone que sea una Convención Constitucional la sede para conocer y deliberar un nuevo texto fundamental.