Fue tras conocerse un nuevo ataque a Carabineros que terminó con tres uniformados heridos en La Florida que desde los distintos sectores políticos aumentaron la presión para pedir un estado de excepción en la Región Metropolitana.

La semana pasada autoridades como el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, y el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, entre otros, habían solicitado la medida, luego de que se cometiera el asesinato al cabo Daniel Palma, mártir número 1.233 de la institución. No obstante, tras una reunión del Presidente Gabriel Boric con los presidentes de los distintos partidos el viernes, la solicitud perdió fuerza.

Sin embargo, ayer volvieron las presiones. Desde la oposición, en el Partido Republicano emplazaron al Presidente. “Si hay poblaciones y barrios completos en los cuales las policías no pueden ingresar, es necesario que planteemos una necesidad como estado de excepción, donde las Fuerzas Armadas puedan intervenir y recuperar el Estado de Derecho”, dijo el diputado Cristián Araya, misma línea a la que se sumó su par de bancada, José Carlos Meza.

También adhirieron a la medida voces de la centroderecha, como la del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter -donde ocurrieron los hechos-, y candidatos al Consejo Constitucional por la capital, como los exministros Rodrigo Delgado (UDI) y Bruno Baranda (RN). “Tras lo ocurrido hoy en La Florida, el gobierno debe adoptar medidas más potentes”, dijo este último.

La medida también fue solicitada en redes sociales desde el oficialismo por el senador Juan Luis Castro (PS) -quien ya lo ha hecho dos veces anteriores-. El parlamentario planteó que “urge estado de excepción en la RM”.

En Demócratas, lo pidió la senadora Ximena Rincón, mientras que en el PDG lo hicieron los diputados Gaspar Rivas y Rubén Oyarzo. Y el independiente en comité PPD Jaime Araya dijo que “un estado de excepción en la RM no hay que descartarlo, en la medida en que la información de inteligencia de Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas aporten datos relevantes. Es deber del Estado mostrar quién manda.” También se mostró a favor el jefe de bancada DC, Eric Aedo.

De todas maneras había dudas en la misma derecha. En la UDI, a algunos -como el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jorge Alessandri- no les acomodaba, por lo que en esa bancada ingresaron la semana pasada una reforma constitucional con un estado de excepción de “riesgo”, que incluye medidas más flexibles para ser implementado en zonas afectadas por narcotráfico, delincuencia y crimen organizado. En RN también tenían reparos, pese a que algunos diputados, como Catalina del Real, Eduardo Durán, María Luis Cordero, Diego Schalper y Ximena Ossandón, presentaron la semana pasada un proyecto de resolución solicitando la medida al Mandatario.

También existían dudas acerca de la factibilidad de implementar un estado de excepción. Algunos creían que la medida era difícil de incorporar considerando las disponibilidades de las Fuerzas Armadas, y que si no había resultado en algunas zonas como el norte, era difícil que se concretara en la RM.

En RN quien se declaró contrario fue el senador por la RM Manuel José Ossandón, quien dijo que “declarar estado de excepción es reconocer que tenemos un Estado desorganizado compitiendo contra un crimen organizado”, mientras que el diputado de ese partido Miguel Becker sostuvo que “si el Ejército va a salir a la calle, tiene que salir con todas las atribuciones. No tiene solo que andar patrullando. Poner al Ejército en la calle, sin las reglas claras, es negativo por todos lados”. En la derecha también incomodaba el estado de excepción, porque algunos lo veían como una quitada de piso a la labor de Carabineros.

Desde el gobierno, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo en el Congreso que “nunca vamos a descartar instrumentos que están disponibles y que cuando consideremos que son los adecuados los vamos a ocupar sin ningún complejo, como los hemos ocupado en muchas oportunidades”.

Sin embargo, acotó que “queremos decir que la experiencia de ocupar fuerzas militares en zonas urbanas densamente pobladas, para situaciones que involucren no zonas vastas y despejadas, como sucede en el norte con las fronteras o en La Araucanía, está muy desaconsejado por la experiencia. No son buenos resultados los que ha habido en otros lugares de nuestra región donde se han ocupado esos métodos”.

Por otro lado, tras conocerse el nuevo ataque, desde la oposición salieron a fustigar el proyecto de ley del Ejecutivo sobre las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), que busca modificar los protocolos en Carabineros en cuanto a las labores de orden público, y en la UDI anunciaron su rechazo a la iniciativa. Mediante un comunicado, la bancada afirmó que “conminamos a modificar sustancialmente el proyecto de ley por cuanto representa una verdadera camisa de fuerza para la labor policial y contradicen absolutamente los avances alcanzados en la recién promulgada Ley Nain-Retamal. De lo contrario, notificamos al actual gobierno que la bancada de diputados de la UDI no concurrirá con sus votos para aprobar dicha iniciativa”.

En RN comentan que si bien aún no han tomado una decisión al respecto, no les acomoda el proyecto, por lo que presentarán indicaciones al proyecto de ley para modificarlo. Otros en la derecha plantean que es mejor impulsar un proyecto propio. El diputado Diego Schalper dijo que “si no vemos señales del gobierno, vamos a votar en contra en general”.

Desde el Partido Republicano, el diputado Johannes Kaiser dijo a Radio Biobío que “lo que se está planteando ahora está cercenado, no considera reglas de uso de la fuerza separadas para las Fuerzas Armadas y Carabineros (...) Es un retroceso en aquello que habíamos planteado”. En esa bancada el ánimo era por rechazar el proyecto.

El gobierno debe reunir al menos 78 votos para que se apruebe en general, por lo que se comentaba que existía cierto riesgo de que la iniciativa fuera rechazada en su idea de legislar.