El nuevo escenario de la fase final del caso Penta

Hace tres años exactos, el 13 de marzo de 2015, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió no revocar las prisiones preventivas que el Octavo Juzgado de Garantía había decretado en contra de los empresarios Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, además del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner.

Los controladores del grupo Penta y su ex ejecutivo llevaban ya cinco noches recluidos en el recinto penitenciario Capitán Yáber, tras ser formalizados por cohecho, soborno, delitos tributarios y lavado de activos en el caso de Wagner. Y pasarían otros 40 días privados de libertad.

Hoy, en la fase final del caso que daría inicio a uno de los escándalos políticos más emblemáticos en democracia, como ha sido el financiamiento irregular de campañas, no solo han cambiado los fiscales de Alta Complejidad que llevaban la causa. El escenario judicial para los controladores de Penta y el ex subsecretario también se encuentra en plena transformación.

Según relatan conocedores del desarrollo de la causa, hace algunos días el fiscal Manuel Guerra habría sostenido conversaciones clave con las defensas de Délano, Lavín y Wagner.

Las mismas fuentes aseguran que en los contactos se ha explorado la factibilidad de avanzar en un acuerdo para llegar a un procedimiento abreviado en lugar de un juicio oral. Sin bien no es preciso que en estos acercamientos se haya transmitido los caminos para sellar un acuerdo, conocedores del caso explican que entre los intervinientes se ha socializado una idea que destrabaría las tratativas: la recalificación del delito de cohecho.

Desde un inicio, los tres imputados han negado que los pagos por $ 42 millones realizados a Wagner entre 2010 y 2012 -cuando ya era subsecretario del gobierno de Piñera- y quien había prestado servicios por 12 años al holding, hubiesen sido para sobornarlo. Según la versión de los tres, estos montos traspasados en cifras de $3 millones cada dos meses, correspondían a una deuda inconclusa que los dueños de Penta mantenían con Wagner. Y si bien no estaban obligados a pagar, dicen que decidieron hacerlo para ayudarlo.

La fiscalía, sin embargo, ha sostenido lo contrario, argumentando que a través de correos electrónicos se constata que el ex subsecretario intentó beneficiar a Lavín desde su puesto en el gobierno y que, por tanto, se configura el delito de cohecho.

Así, entre las varias conversaciones que se han ventilado sobre tratativas para llegar a un procedimiento abreviado en estos tres años, el Ministerio Público y las defensas han sondeado llegar, incluso, sin acuerdo respecto al delito de cohecho para que el tribunal decida, pero dentro de un procedimiento abreviado. Es decir, sostener un pacto previo respecto de los delitos tributarios, pero alegar ante el tribunal si se aplicará condena sobre cohecho.

Con todo, según explican conocedores de la última opción que ha surgido estos días, ahora se apuntaría al enriquecimiento ilícito o injustificado, que está consagrado en el artículo 241 bis, del Código Penal. Su aprobación implicaría que Délano y Lavín no sean acusados ni condenados por cohecho.

El enriquecimiento de este tipo afecta solo a funcionarios públicos, en este caso Wagner. Y posee una pena pecuniaria además de imponer la inhabilidad para ejercer cargos públicos.

"El empleado público que durante el ejercicio de su cargo obtenga un incremento patrimonial relevante e injustificado, será sancionado con multa equivalente al monto del incremento patrimonial indebido y con la pena de inhabilitación absoluta temporal para el ejercicio de cargos y oficios públicos en sus grados mínimos a medios", dice el artículo mencionado.

Tanto la fiscalía como las defensas ayer declinaron referirse a las tratativas que pudieran estar ocurriendo entre las partes. Sin embargo, quienes han estado cerca del trabajo de los fiscales explican que las conversaciones que se han sostenido durante estos tres años se han visto permanentemente quebradas.

En marzo del año pasado, el Ministerio Público acusó en la causa a 35 formalizados, lista encabezada por los controladores de Penta y el ex subsecretario. Para los tres se solicitaron 10 años de pena. Esto, para el caso de Délano y Lavín, en virtud de delitos tributarios, consagrados en el artículo 97 número 4 y 5 (consumados y reiterados), y soborno. A su vez, la acusación -entonces comandada por el ex fiscal Carlos Gajardo- solicitaba una multa del 300% de la elusión. Para Wagner, la pena de 10 años se sustentaba también en los delitos del 97 numero 4, además de cohecho y lavado de activos.

De prosperar la idea de recalificar los delitos, el ex subsecretario enfrentaría una acusación por delitos tributarios, pero no por cohecho ni lavado de activos. Este último delito, está directamente vinculado al cohecho, puesto que el ex subsecretario solicitó a su cuñada boletas para extender a cambio de los pagos de Penta.

El nuevo escenario en el cual se encuentra el caso, ocurre luego de que la causa contempla 40 formalizaciones, 84 tomos de investigación, dos condenas -una contra el ex senador UDI Jovino Novoa y otra contra el ex funcionario del SII, Iván Alvarez y una reapertura del caso.

Para quienes han seguido de cerca las tratativas internas, explican que el mejor indicio de que todavía existe espacio de negociación es que nadie ha apercibido el cierre de la investigación. Eso, pese a que el plazo se encuentra ampliamente extinguido.