Ofensiva UDI contra acusación a supremos polariza al Congreso

Fue en la reunión de comités de la Cámara de Diputados que el jefe de bancada de la UDI, Javier Macaya, y su par Renzo Trisotti (UDI), advirtieron un eventual vicio de nulidad en el que habría incurrido la diputada Carmen Hertz (PC) al firmar la acusación constitucional en contra de tres ministros de la Corte Suprema que concedieron la libertad condicional a un grupo de exuniformados que cumplía condena en Punta Peuco.

Los legisladores gremialistas argumentaron que al ser parte de una causa en curso en los Tribunales de Justicia -en el marco de la ejecución de su marido, Carlos Berger, en manos de la denominada Caravana de la Muerte-, la diputada comunista tendría un interés particular sobre el futuro de los jueces, por lo que debió haberse inhabilitado.

En ese contexto, los parlamentarios anunciaron la presentación de un oficio para solicitar formalmente un pronunciamiento de la mesa de la corporación. De acogerse, podría echar por tierra el libelo que fue ingresado con el mínimo de firmas requeridas.

La acción generó una profunda molestia entre sus pares de la oposición e, incluso, al interior del propio oficialismo. Ante el anuncio, el jefe de bancada de la DC, Matías Walker, le enrostró a Macaya y Trisotti que esto era un "error político" y que, en medio de las aprensiones de algunos sectores de la oposición sobre la acusación constitucional, tendía a reforzar el libelo.

El documento promovido por la UDI se basa en el artículo 5 b) de la Ley Orgánica del Congreso, el que establece las inhabilidades de los parlamentarios en asuntos "que interesen directa o personalmente" a sus familiares.

La propia diputada Hertz, quien fue escoltada por agrupaciones de derechos humanos y un grupo transversal de parlamentarios de la oposición, también salió a cuestionar la ofensiva UDI. "Es una maniobra miserable, deleznable y canalla el pretender, sin fundamento jurídico, legal, ni siquiera reglamentario, impugnar mi firma y mi participación en la acusación constitucional. Esto indica lo nerviosos que se ponen realmente quienes sí tienen vinculación bastante directa con los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad", afirmó.

El diputado Leonardo Soto (PS) -que preside la comisión ad hoc que revisa la pertinencia del libelo- dijo que la arremetida de la UDI no tenía sustento jurídico en vista de que el mismo artículo 5 b) en su inciso segundo establece que dicho impedimento no regirá "asuntos de índole general" que "importen el ejercicio de alguna de las atribuciones exclusivas de la respectiva Cámara", como lo es una acusación constitucional.

Desde el Frente Amplio, el diputado humanista Tomás Hirsch sostuvo que "esta es una acción concertada, un lobby absolutamente impúdico de un sector de la derecha, asociado con la Corte Suprema y el mismo Presidente, buscando impedir que la Cámara lleve adelante una acción contemplada en la Constitución".

En la misma línea se expresó la presidenta de la Agrupación de Familiares de DD.DD., Lorena Pizarro. "Estamos frente a una canallada cobarde", acusó.

No solo en la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio generó incomodidad la acción de la UDI. En Chile Vamos fueron varios los que se desmarcaron de la ofensiva de sus socios.

De hecho, el vicepresidente de Evópoli, Francisco Undurraga, se acercó a varios diputados de oposición para transmitir que la postura de la UDI no representaba el sentir de su bancada.

"Las vivencias personales de Carmen Hertz no me parece que no sean garantías de su actuación", sostuvo Undurraga. Y agregó, que -a su juicio- "no se configura la causal que se está apelando" y que el destino del libelo "se tiene que dilucidar no porque falte una firma, sino por el convencimiento del Parlamento en relación a que no procede esta acusación".

En RN, en tanto, también hubo cuestionamientos a la forma en que se intentó desacreditar la acusación. El diputado Sebastián Torrealba planteó que "ponerle un palo más o un palo menos a esta acusación no tiene mucho sentido. Tenemos que concentrarnos en lo importante: no puede ser que un sector político acuse constitucionalmente a los jueces simplemente porque no les gustan sus fallos", sostuvo.

Incluso, parlamentarios del oficialismo plantearon personalmente sus reparos a Macaya, señalando que la presentación era un "error político", que terminaba por "aglutinar a la oposición" en un tema en el que ya se habían instalado muchas dudas. Es más, un diputado que prefirió mantener reserva de su nombre dijo que la acción de la UDI lo "violentaba".

Con todo, será la mesa de la Cámara la que resuelva la controversia. Según fuentes de la corporación, se estaría por rechazar la acción impulsada por la UDI.