Oficialismo discute primeros criterios para mecanismo del nuevo proceso constituyente y gobierno busca alinear a sus coaliciones

Entro al salón donde estaban reunidos, en el Congreso en Valparaíso. Antes de tomar asiento, la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte (PS), saludó de beso uno a uno a los dirigentes de los partidos oficialistas. De acuerdo a algunos de los presentes, tras saludar, no dijo nada durante las casi tres horas que estuvieron reunidos. Ni siquiera tomó apuntes. “Pura memoria”, comentó uno de los testigos.

El objetivo del encuentro fue para que los partidos de las coaliciones de gobierno -Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático- y la DC pudieran acercar sus posiciones para llegar a una propuesta común sobre el mecanismo para redactar una nueva propuesta constitucional. En la cita, según presentes, los dirigentes oficialistas debatieron sobre seis puntos.

El primero de ellos tiene que ver con el tipo de órgano que se formará en el futuro. Los dirigentes conversaron sobre cuántos integrantes tendrá la futura Convención. Previo a la cita, el Socialismo Democrático ya había mostrado sus cartas. Ese bloque quiere un órgano de al menos 100 personas electas. Ese antecedente se tuvo sobre la mesa y también se consideró como insumo la idea que ronda en Chile Vamos de querer replicar el Senado, es decir, tener una instancia de 50 representantes.

Esto, pese a que en las últimas horas, en sectores del oficialismo y la derecha han comenzado a transmitir que hay dirigentes del Socialismo Democrático que, soterradamente, están abriéndose a una convención mixta y no 100% electa.

Sobre el sistema electoral, el asunto no quedó cerrado. Hasta el momento los partidos de gobierno se estarían inclinando por listas cerradas. Esto implica que, una vez que se obtenga la cifra repartidora de cuántos escaños entran por lista, los candidatos que saldrían electos quedan predefinidos según el orden de prelación de la lista, independientemente de la cantidad de votos. Sobre este punto hay dos alternativas sobre la mesa: que sean listas cerradas nacionales o regionales.

En el oficialismo hay acuerdo de que debe haber escaños reservados para pueblos indígenas. Esta vez ambas coaliciones comparten la idea de que estos escaños deben ser proporcionales al padrón indígena de la Conadi. En la reunión, según algunas versiones, fue el diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social) quien hizo una simulación y, según su cálculo, ese padrón se traduciría en siete u ocho escaños reservados.

Una de las materias que sí está despejada, es que el órgano sea paritario. No alcanzaron a debatir en profundidad sobre la integración del comité de expertos ni tampoco cuáles serán sus atribuciones. Respecto del reglamento tampoco hubo definiciones, pero previamente habían conversado que lo más óptimo es adaptar el reglamento de alguna de las dos cámaras del Congreso. También conversaron sobre el quórum del órgano para aprobar las normas y, hasta el momento, los apoyos se estarían centrando en dos opciones: mantener los 2/3 o dejar el quórum vigente para reformar la Constitución actual que quedó fijado en 4/7.

Testigos del encuentro comentan que cada uno de los asistentes pudo explayarse largamente sobre sus posiciones y que más que diferencias entre los partidos, lo que hay es ausencia de propuestas más concretas. Por lo mismo, quedaron en compartir lo poco que avanzaron con sus expertos electorales para volver a reunirse durante este miércoles en la noche y tratar de afinar una propuesta única.

La ministra Uriarte previamente ya había tenido otros acercamientos con la mesa negociadora. Dada la diversidad de visiones que existen al interior de ambos bloques, la presencia de la ministra ha adquirido especial relevancia. En el oficialismo comentan que ella ha seguido al pie de la letra su misión de “acompañar” el proceso de negociación, manteniéndose al margen de los temas de fondo, pero sin perder influencia. Eso explica, por ejemplo, que haya decidido asistir a la reunión del miércoles, pero en silencio.

Uriarte ha asistido a otra de las reuniones ampliadas con el resto de las fuerzas políticas, siempre manteniendo su bajo perfil, sin dar muchas declaraciones a la prensa, lo cual, hasta el momento, ha sido bien recibido por la oposición.

Más allá de eso, desde los partidos oficialistas reconocen que el gobierno ha tenido un rol activo en marcar los tiempos de la discusión constituyente. En concreto, según dicen, los han instado a llegar a un acuerdo lo más pronto posible. Sobre este punto, dentro del sector coinciden en que hay una preocupación por “no eternizar la discusión”.

Así, las mismas fuentes admiten que para el Ejecutivo las encuestas de opinión referidas al proceso constituyente resultan cada vez más adversas. “Cuando tengamos un acuerdo, no le va a importar a nadie”, dice un representante del oficialismo debido a que los sondeos muestran cada vez más un mayor desinterés de la ciudadanía.

La preocupación en La Moneda por una excesiva dilación del acuerdo es alta, reconocen en el sector. El temor, dicen, es que si termina octubre sin consenso, la opción de repetir el plebiscito de entrada adquiera cada vez más fuerza. O, peor aún, que el tema muera lentamente y el proceso se transforme en una reforma constitucional con sede en el Congreso.

El Ejecutivo, en todo caso, sabe que tiene que jugar un rol soterrado, de lo contrario, podría entorpecer las negociaciones. Hasta el momento todos los errores que han enredado las tratativas se los han endosado a La Moneda, más allá de las diferencias internas que ha tenido la derecha que también han repercutido a la hora de avanzar en un nuevo acuerdo.

Primero fue la ministra Camila Vallejo (Segegob) cuando dio por sentado un acuerdo que luego fue desconocido por Chile Vamos. Después fue el turno de su par de la Mujer, Antonia Orellana, cuando en Tolerancia Cero comprometió el envío de un proyecto de ley de aborto libre -tal como está estipulado en el programa de gobierno-, pero sus palabras provocaron a la derecha y entorpecieron una vez más el ritmo de las tratativas.

La tercera ocasión fue la semana pasada cuando Vallejo, en una entrevista en The Clinic, aseguró que “hay que resguardar que el proceso constituyente no se transforme en una reforma a la Constitución del 80 hecha por el Congreso”. Si bien estas últimas declaraciones no generaron una mayor polémica, en Chile Vamos fue comentario obligado y, en privado, transmitían que la vocera de gobierno otra vez intentó incidir en la negociación.

Y este miércoles hubo un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y la oposición, esta vez, por la aprobación del TPP11. “Así como el gobierno respetó y ha respetado la decisión del Senado, ahora le toca al Senado respetar la decisión del Presidente”, respondió la ministra Vallejo, lo que reactivó el malestar en Chile Vamos. “No esperen acuerdos, ni legislativos ni tampoco constitucionales”, advirtió el senador UDI Iván Moreira.