Oposición aprueba en la Cámara solicitud para destituir a dos consejeros del INDH y oficialismo se abre a una reforma

A pesar de que la Cámara no le dio más de 20 minutos al debate, la solicitud de remoción de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, y del consejero del mismo organismo, Francisco Ugás, tensionó ayer a los diputados.

La medida, presentada por los diputados de las bancadas de Chile Vamos (RN, UDI y Evópoli), fue aprobada por 66 votos a favor (todos de la oposición), 51 en contra (todos del oficialismo) y 8 abstenciones (DC y radicales). En la aprobación fue clave el voto de los diputados de Demócratas que apoyaron la moción de la derecha y las ausencias del oficialismo.

El resultado habilitó un procedimiento, en el que la mesa de la Cámara, presidida por la diputada comunista Karol Cariola (quien fue uno de los votos en contra), debe recurrir a la Corte Suprema para que considere la destitución de los dos directivos del organismo.

Sin embargo, antes de la votación, el diputado Diego Schalper (RN) hizo un punto de reglamento para hacer una sorpresiva denuncia.

“Vemos con preocupación y así se nos ha informado por varias fuentes que habría funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos dentro de los pasillos de la Cámara, conversando con diputados de cara a la votación que vamos a tener sobre la eventual remoción de algunos consejeros... Es una situación nueva a la que no nos habíamos visto enfrentados”, dijo el legislador de RN, quien le pidió a la mesa, presidida por Karol Cariola (PC), salvaguardar “la autonomía” de la Cámara.

La denuncia añadió más tensión al debate.

Si bien el diputado Leonardo Soto (PS) justificó las gestiones de los funcionarios del INDH, que tienen una presencia permanente en el Congreso para dar seguimiento a los proyectos sobre derechos humanos, la secretaría de la corporación ordenó evacuar el pasillo por el cual se ingresa al hemiciclo, donde fueron vistos estos representantes del instituto.

Según confirmaron desde la mesa de la Cámara, efectivamente, durante la mañana había algunos personeros del INDH, que estaban en la zona de la cafetería, pero una vez concluidas sus reuniones por las que acudieron al Congreso, se retiraron.

El hecho reflotaba una antigua discusión jurídica -aún no resuelta- respecto de si servidores o funcionarios públicos pueden hacer cabildeos informales por una decisión -que les favorece o les perjudica personalmente-, que deba ser adoptada por una de las ramas del Congreso, por ejemplo, nombramientos o acusaciones.

No obstante, al margen de la ofensiva opositora -que fue ideada por el coordinador de la bancada UDI, Rodrigo Pinochet-, la presentación agudizó la crisis del INDH y expuso un debate más profundo sobre la necesidad de una reforma al organismo.

Incluso, a pesar de haber votado en contra de la solicitud de remoción, en las propias filas de la izquierda hay autocrítica y conciencia de que el organismo -que surgió como una recomendación de las comisiones de verdad y reparación que operaron durante los gobiernos de la transición-, requiere ser sometido a una modernización para recuperar su legitimidad especialmente de quienes son parte de la derecha.

“Me parece que es una discusión legítima. El instituto tiene ya 14 años y se puede hacer una evaluación de sus luces y sombras. Hay que trabajar con el gobierno, porque esta es una iniciativa exclusiva del Presidente, para ir mejorando aspectos que resultan controversiales o que puedan afectar la legitimidad del INDH”, dijo la diputada Lorena Fries (Frente Amplio), quien fue directora de la instituto, también fue subsecretaria de DD.HH. y hoy preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara.

La diputada Javiera Morales (Frente Amplio), quien integra la Comisión de Constitución, señaló que la disputa entre el INDH y el ministro Mario Desbordes (RN) está contaminando la discusión y “hoy nadie está pensando en la institución, el INDH juega un rol en nuestra democracia”. “Puede haber roces internos. Todos los sectores estamos abiertos a hacer modificaciones (legales), pero esta no es la forma”, dijo la legisladora frenteamplista.

“Tenemos la tremenda responsabilidad de darle continuidad a un instituto importante para la sociedad chilena... Reafirmamos nuestro compromiso para hacer que el INDH, rectifique algunas de sus actuaciones. Aquí también ha habido luces y sombras. Hay que hacer una autocrítica y una reflexión de eso”, señaló el diputado Daniel Melo, jefe de bancada del PS.

La solicitud aprobada por la Cámara deriva en un procedimiento equivalente a un proceso de acusación constitucional contra un ministro, sin embargo, a diferencia de los libelos contemplados en la Constitución, la solicitud debe ser resuelta por la Corte Suprema y no por el Senado. Este mecanismo para destituir a un consejero está regulado en el artículo 7 de la Ley N°20.405.

Dicha normativa señala que la remoción de los consejeros del INDH solo puede ser declarada por el máximo tribunal a requerimiento del Presidente de la República o de la Cámara, por “incapacidad sobreviniente declarada judicialmente, por alguna de las causales contenidas en los números 1°, 5°, 6°, 7° u 8° del artículo 256 del Código Orgánico de Tribunales, o negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio de sus funciones”.

Justamente, los parlamentarios firmantes plantearon que ambos consejeros incurrieron en esta última falta al “promover una querella por el delito de tráfico de influencias”, aludiendo a la polémica acción judicial que presentó el INDH tras la divulgación de un informe policial que dio cuenta de presuntas irregularidades en la designación de María Teresa Letelier como ministra de la Corte Suprema en 2021, y que involucra, entre otros, al exjuez Juan Antonio Poblete y el otrora ministro de Defensa Mario Desbordes (RN).

En defensa de la presentación, la jefa de bancada de diputados de RN, Ximena Ossandón, señaló que “la señora Consuelo Contreras y el señor Francisco Ugás tuvieron una incidencia determinante en la querella declarada inadmisible por la justicia, incurriendo en una negligencia manifiesta e inexcusable en el ejercicio de sus funciones al llevar al Instituto a intervenir en asuntos que están por fuera de su órbita”, dijo la diputada y agregó que en esta “solicitud de remoción no se busca destruir al Consejo ni terminar de facto con el Instituto, y muestra de ello es que sólo requerimos la remoción de quienes tuvieron un rol relevante en los hechos objetos de reproche”.

No obstante, el hecho de que la presentación tuviese algunas implicancias políticas fue cuestionada especialmente por la izquierda. La diputada Lorena Pizarro (PC), expresidenta de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, dijo que esta acción solo tiene un fin, “salvar al señor Mario Desbordes, todo lo demás es mentira, busca tapar el sol con un dedo, los hechos de corrupción y de influencias inaceptables a los que se ha acostumbrado la derecha”.