Oposición busca limitar contratación de primos de autoridades

Más de cien indicaciones al proyecto de ley de integridad pública ingresaron los senadores de la oposición de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Alta para "endurecer" la normativa -impulsada por La Moneda- que busca, entre otras materias, regular la contratación de parientes en la administración pública.

Las enmiendas propuestas por los parlamentarios Juan Ignacio Latorre (RD), Rabindranath Quinteros (PS) y los independientes Pedro Araya, Alejandro Guillier y Carlos Bianchi apuntan principalmente a "fortalecer" el mensaje del Ejecutivo en materia de conflictos de interés, contratación de familiares y de la denominada "puerta giratoria" entre el sector privado y público.

La iniciativa del gobierno, que fue enviada al Congreso en julio pasado, luego de la polémica que generó el fallido nombramiento del hermano del Presidente Sebastián Piñera como embajador en Argentina, establece que las autoridades que quieran nombrar en algún cargo a algún familiar -desde el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad- deberán hacerlo previo informe del Servicio Civil. Dicho informe, dice la normativa, deberá ser conocido por el Consejo de Alta Dirección Pública, instancia que hará una recomendación en torno a la "idoneidad" e "integridad" del candidato o candidata al cargo.

Así, los senadores Latorre y Guillier proponen, por ejemplo, ampliar dicha obligación al cuarto grado de consanguinidad, incluyendo a los primos de las autoridades regidas por la normativa, los que van desde el Presidente de la República y los ministros de Estado hasta los alcaldes.

Asimismo, el senador Araya propone precisar algunos elementos en torno al informe que debe emitir el Servicio Civil, estableciendo que debe ser "público" en caso de que el pariente de la autoridad sea finalmente contratado, además de eliminar del mensaje del Ejecutivo la necesidad de que el organismo se pronuncie sobre la "integridad" del candidato.

Por su parte, el senador Quinteros plantea derechamente suprimir del proyecto de ley el procedimiento propuesto por La Moneda. Desde su colectividad han sido críticos en torno a la iniciativa y, de hecho, han asegurado que el proyecto más que ir en contra del nepotismo busca regularizar la contratación de familiares en la administración del Estado.

Para el senador socialista el problema de fondo que debe resolver este proyecto es el de los conflictos de interés de las autoridades, más allá de sus vínculos familiares, lo que -a su juicio- pueden darse también en relaciones societarias y comerciales.

En otro punto, los parlamentarios de oposición coinciden en la necesidad de modificar el mensaje del gobierno en torno a las limitaciones para las autoridades en su paso del sector público al privado. Si bien la propuesta del gobierno establece la prohibición, por el periodo de un año, de que las autoridades puedan ofrecer servicios a organismos que bajo sus cargos hayan tenido que fiscalizar, precisa que dicha limitación se dará solo en caso de que la autoridad haya tomado "participación personal o directa" en algún proceso administrativo, resolución o acto de fiscalización respecto de esa entidad.

Los legisladores proponen eliminar el requisito de participación "personal y directa", endureciendo la norma.

Desde el sector esperan que, al tener mayoría en la instancia y, asimismo, en ambas cámaras del Congreso, sus enmiendas puedan ser aprobadas durante las distintas etapas de la tramitación.