Oposición y gobierno ceden y Senado aprueba proyecto Aula Segura

"Salió perfecto". Así celebraba durante la noche en los pasillos del Congreso la ministra de Educación, Marcela Cubillos, el acuerdo al que -luego de intensas gestiones- logró llegar con los senadores de la oposición en torno al proyecto de Aula Segura, el que busca "fortalecer las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula" en casos de violencia.

El hito que destrabó la iniciativa impulsada por La Moneda, y que fue aprobada pasada la medianoche por la sala del Senado por 33 votos a favor y 1 en contra, se daba luego de que el Ejecutivo activara a primera hora de la jornada intensas gestiones con los parlamentarios de oposición para revertir el traspié que la normativa había sufrido el martes en la Comisión de Educación, liderada por la senadora Yasna Provoste (DC), instancia que pese a aprobar la idea de legislar, mediante varias enmiendas, convirtió el proyecto impulsado por La Moneda en uno completamente nuevo.

Así, el acuerdo que se fraguó en la Comisión de Hacienda de esa corporación, implicó que ambas partes cedieran en sus posturas iniciales y bajaran el tono de un debate que había alcanzado altos niveles de tensión en los días previos.

"Hemos llegado a un muy buen acuerdo y como ministra de Educación quiero agradecer a los senadores el trabajo que se ha hecho en conjunto. Siempre quisimos poder aprobar esta ley que va a dotar a los directores de facultades que hoy día no tienen para enfrentar los hechos de violencia. Y los más importante, porque también era nuestra intención, el apoyo transversal de los senadores es una señal de apoyo a los directores y a los profesores que han enfrentado situaciones adversas", subrayó Cubillos.

En concreto, la nueva redacción del texto consensuado entre el Mineduc y la oposición establece que el director tendrá el deber de "iniciar un proceso sancionatorio" en contra de cualquier miembro de la comunidad escolar por conductas graves o gravísimas y tendrá la facultad de expulsarlo aplicando la suspensión como medida cautelar.

El texto aprobado por el Senado, además, detalla que dichas causales serán aquellas "que causen daño a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en la dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento".

Asimismo, se incluye la propuesta de la oposición en materia de plazos y debido proceso, la que amplía de 4 a 10 días el tiempo de acusación y de 2 a 5 para que el acusado pueda defenderse de las acusaciones que se le formulen, además, de extenderse a los establecimientos privados, a diferencia de lo planteado inicialmente por el ejecutivo.

El acuerdo, que fue valorado tanto por el gobierno como por los senadores de la ex Nueva Mayoría, aunque cuestionado desde el Frente Amplio, se había comenzado a fraguar desde temprano en el Congreso. Fue la propia Cubillos y el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, quienes lideraron intensas gestiones con los legisladores en Valparaíso.

Una reunión sostenida a primera hora entre Blumel, el subsecretario de su cartera, Claudio Alvarado, y los senadores Jorge Pizarro (DC), Juan Pablo Letelier (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD) fue el primer paso para iniciar el diálogo entre ambas partes. En ese contexto, el gobierno les transmitió a los legisladores los puntos intransables para el Ejecutivo en vista de lograr un consenso, entre ellos, la necesidad de que se detallaran las conductas graves y gravísimas a las que hacía alusión el proyecto y, asimismo, que se explicitara como sanción para aquellas conductas la "expulsión" y "cancelación de la matrícula", los que fueron acogidos finalmente por la oposición.

Más allá de las gestiones de los ministros, en la ex Nueva Mayoría había conciencia de que el Ejecutivo había logrado instalar la idea de que esta era una pugna entre quienes estaban con los "violentistas" y quienes estaban por erradicar la violencia de las aulas, lo que -según reconocen en La Moneda- fue una estrategia para poner a la ciudadanía, que ha evaluado bien la iniciativa, en contra de la oposición y reforzar su postura.

De hecho, este miércoles fue el propio Presidente Sebastián Piñera, quien -a través de su cuenta de Twitter- señaló que "el Senado deberá resolver de qué lado está. Del lado de los estudiantes que quieren aprender y crecer en paz o del lado de los delincuentes de overol".

El análisis que transmitían desde la oposición es que si bien lograron marcar un punto político y comunicacional tras la aprobación de sus indicaciones en la Comisión de Educación debían evitar un costo en ese sentido. Asimismo, al interior del sector varios cuestionaban en privado la arremetida de la senadora Provoste, quien lideró la oposición a la iniciativa del gobierno en su calidad de presidenta de esa instancia. De hecho, según decían algunos senadores en privado, ya le habían advertido que luego de que se ingresaran las enmiendas habría ajustes.

En La Moneda, en tanto,  reconocían que la férrea defensa al mensaje presidencial responde a que, en sus últimos sondeos internos, la iniciativa aumentó en aprobación de la ciudadanía ubicándose -según las mismas fuentes- por sobre el 80% de respaldo.

Por esta misma razón, por la tarde en Palacio aseguraban que la idea es mantener una postura firme para "dejar en evidencia" a la oposición. Con todo -señalan fuentes de La Moneda- también estaba sobre la mesa la idea de no repetir el revés que sufrió el Ejecutivo en el Congreso a propósito del reajuste del salario mínimo, iniciativa que fue rechazada luego que el Presidente Piñera enviara un veto y que lo obligó a enviar una nueva propuesta. Por eso, si bien saben que tienen a la opinión pública a su favor, de todos modos se abrieron a la posibilidad de arribar a un acuerdo, con el fin de evitar un escenario de tensión similar al ocurrido durante el mes de septiembre en el Parlamento.