Oposición hace valer su mayoría en el Consejo, aprueba normas de derechos sociales y recrudecen las críticas del oficialismo

“Hoy se ha sellado el ataúd del Estado social y democrático de derecho”. Así fue como el consejero oficialista, Fernando Viveros (PC), calificó lo que ocurrió durante este jueves en el pleno del Consejo Constitucional.

Las palabras del representante de izquierda llegaron en un momento especialmente duro para el oficialismo. En un solo día, el plenario revisó todas las normas vinculadas a los derechos sociales y que para el sector forman parte del “corazón del Estado social”.

Lo sucedido en el pleno, admiten comisionados y consejeros del oficialismo, significó “la derrota más dura” para el sector. Esto debido a que la derecha del Consejo, al fracasar en la búsqueda de acuerdos entre ambos bloques políticos, finalmente se impuso con su mayoría y avanzó despachando todas las normas sobre salud, educación, seguridad social, vivienda, libertad sindical, huelga, agua, libertad de enseñanza, trabajo, entre otros temas.

Luego de un largo debate, la derecha consiguió aprobar la norma sobre libertad en salud y también en seguridad social. Esta cláusula es la que la izquierda, tanto en la Comisión Experta y en el Consejo, han dicho una y otra vez que “constitucionaliza el modelo de isapres y AFP”.

Aquí radica el principal nudo político de todo este proceso constitucional y que se arrastra incluso desde la primera fase del proceso con los 24 comisionados. Para la derecha era intransable establecer la libertad de elección a nivel de aseguradora en salud y a nivel de administradora en seguridad social, ya que para el sector es indispensable que las personas puedan escoger quién se hará cargo de sus cotizaciones obligatorias y de sus ahorros previsionales. Esto, a juicio del oficialismo, implica amarrar en la Constitución las “isapres y las AFP” y “transforma en inconstitucionales” las ideas del sector que pretenden avanzar hacia seguros únicos administrados por el Estado.

La norma que visó el Consejo sobre salud plantea lo siguiente: “Es deber preferente del Estado garantizar para todas las personas la ejecución de las acciones de salud, a través de instituciones estatales y privadas, en la forma y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, sea éste estatal o privado”.

La gran novedad vino en la aprobación de un plan básico universal. Esta fue una idea promovida en la Comisión Experta por el comisionado Teodoro Ribera (RN) para convencer a la izquierda, pero aquella vez no hubo caso y el oficialismo no cedió. En el consejo, la norma fue defendida con fuerza por el consejero Germán Becker (RN) y Pilar Cuevas (RN).

Ese plan quedó regulado de la siguiente manera: “La ley establecerá un plan de salud universal, sin discriminación por edad, sexo o preexistencia médica, el cual será ofrecido por instituciones privadas y estatales”. Pese a que RN quería que la norma explicitara que dicho plan era “obligatorio” y “solidario”, resistencias en la UDI y republicanos frustraron ese objetivo.

Durante el debate, fue el delegado de los republicanos, Luis Silva, quien transparentó el punto que justifica la ardua pelea entre ambos bloques por el tema de la libertad de elección en los derechos sociales.

“Muchos en esta sala querían el monopolio estatal, que solo el Estado provea de salud, educación, que se haga cargo de las pensiones de las personas. Precisamente por eso limitamos al legislador, porque podía llevarnos al monopolio estatal”, reconoció el consejero.

Sus palabras de inmediato fueron recogidas por la izquierda, quienes las usaron para confirmar los reproches que tiene el oficialismo en este tema. Los reparos de ese sector, en todo caso, no apuntan a que la salud, educación y las pensiones se provean a través de prestadores públicos o privados, sino que están en contra de que eso se traslade al nivel de las aseguradoras o administradoras.

“Las palabras que acabamos de escuchar son elocuentes, ‘decidimos no habilitar al legislador’”, dijo el comisionado Domingo Lovera (RD), citando las palabras de Silva. El experto acusó que la propuesta que estaba en votación “constitucionaliza una política pública”. Esto debido a que el oficialismo ha dicho que resolver el problema de las isapres y las AFP, que se arrastra por décadas, es responsabilidad del “legislador” con sede en el Congreso y no a nivel constitucional.

Quien también criticó al consejero republicano fue la comisionada Catalina Lagos (PS): “Se ha planteado que la propuesta que hoy se somete a discusión y votación constitucionaliza opciones de política publica, lo cual fue refrendado por el consejero Silva al plantear ‘no habilitamos al legislador’”.

En el marco de la seguridad social, la oposición logró despachar el inciso que protege la propiedad de los ahorros previsionales. “Cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por estas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno”, se lee en el artículo.

El pleno también aprobó las normas sobre educación y libertad de enseñanza. Aquí vienen los artículos que tratan sobre el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos y escoger el tipo de establecimiento. Además, se dio luz verde a la norma que fue promovida con fuerza por el jefe de los asesores republicanos, Jorge Barrera, y que garantiza aportes basales del Estado a la educación pública. El artículo, que plantea una innovación en este tema, casi fue visado de manera unánime. El consejero republicano Antonio Barchiesi fue el único que se restó.

Las normas visadas llevaron al oficialismo a recrudecer sus críticas frente al contenido que va quedando en el texto, manifestándolo con fuerza inmediatamente finalizada la sesión de la mañana.

“La derecha ha terminado por convertir la salud, la educación, las pensiones en una mercancía con las cuales se lucra y pasan a ser un producto más del mercado. Es una pena tener que vivir este momento que sella el futuro de estos derechos sociales”, agregó el consejero Viveros.

Al representante comunista, se sumó la consejera Jocelyn Ormeño (PS), quien acusó que “la derecha eligió darle la espalda al país y mantener precarizada la educación pública”.

La consejera socialista continuó apuntando a la oposición, señalando que “la derecha nuevamente eligió aumentar las brechas existentes entre la educación pública y la privada. Demostraron, una vez más, que no les interesa emparejar la cancha y escriben una Constitución donde se mantienen chilenos de primera y segunda categoría”.

A su turno, Yerko Ljubetic (CS), afirmó que “hoy día vemos una Constitución anti derechos sociales y garantizados”. El consejero agregó que “hay un claro retroceso en relación al anteproyecto de los expertos, en relación a los temas de negociación colectiva, a la sindicalización y al derecho a huelga, pero incluso en algunos aspectos lo aprobado hoy día es aún más regresivo que la Constitución vigente”.

“Se consolida la destrucción de una efectiva idea de seguridad social en la medida en que se proscribe cualquier posibilidad de que la solidaridad entre las personas e intergeneracionalmente pueda darse en el país”, se lamentó Ljubetic.