Oposición ingresa hoy libelo contra Pérez e incluye violencia en La Araucanía

Incluir o no un capítulo especialmente dedicado a la situación de La Araucanía. Ese dilema fue el que terminó ayer tensionando a la oposición a solo horas de que el sector ingrese hoy la acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez.

El libelo busca establecer la responsabilidad política del jefe de gabinete al no haber aplicado el principio de “igualdad ante la ley” en el marco del paro de camioneros y, asimismo, al no haber ejercido el control jerárquico sobre Carabineros, posibilitando hechos como los ocurridos el viernes pasado en la Plaza Baquedano, donde un joven fue empujado por un uniformado, acusado por la fiscalía, al río Mapocho.

En medio de las dudas sobre su pertinencia, que ya había tenido que enfrentar el texto -principalmente en la DC, el PR e independientes- en la antesala de su ingreso, las bancadas de la centroizquierda abordaron ayer la petición que hicieron los diputados representantes de esa región, los PPD Andrea Parra y Ricardo Celis. Ambos solicitaron incorporar en el texto antecedentes relativos al actuar del Ejecutivo y Carabineros en La Araucanía. Esto, justamente luego de que durante el fin de semana un trabajador falleciera en Collipulli en medio de un ataque incendiario.

La solicitud se dio, además, en paralelo a que el legislador oficialista por la zona, Miguel Mellado (RN), asegurara que estaría dispuesto a respaldar el libelo en caso de que se incorporara un capítulo sobre el conflicto del territorio que representa.

Fue ese factor lo que habría terminado complicando a sectores del Frente Amplio y el Partido Comunista, desde donde, según quienes conocieron de las conversaciones, habrían advertido su inquietud por cómo se planteaba el tema. La idea era evitar que el texto se viera contradictorio respecto de la necesidad del control del orden público, por un lado, y el derecho a la manifestación, por otro.

En la centroizquierda, además, algunos argumentaron que no se debía conceder el punto a la derecha y desviar los fundamentos que los llevaron a anunciar la acción fiscalizadora contra Pérez. Esa aprensión, de hecho, la había exteriorizado en los días previos el jefe de bancada del PS, Luis Rocafull, al ser consultado sobre la petición de Mellado.

Así, el debate en la oposición se centró en si era recomendable agregar un nuevo capítulo o solo incluir los antecedentes respecto de La Araucanía en el capítulo segundo, donde se aborda la “igualdad ante la ley”, dado que se vulneraría el mismo principio.

“El acuerdo es que el tema de La Araucanía se va a incluir, pero desde la óptica de la oposición, especialmente de los diputados de la zona”, explicó el jefe de bancada de la DC, Daniel Verdessi.

Finalmente, en una reunión entre los equipos técnicos que tuvieron a cargo la redacción del texto, se ratificó que no se incluiría un nuevo capítulo y se optaría por adicionar esos antecedentes a los ya redactados.

El primer capítulo del libelo, de acuerdo a quienes conocieron de su contenido, apunta a infracciones legales del secretario de Estado “al omitir denunciar hechos ilícitos” de los cuales habría tomado conocimiento durante el paro de camioneros. Así como no hacer uso de sus facultades en el resguardo del orden público.

El segundo capítulo aborda, a su vez, una vulneración al derecho constitucional de igualdad ante la ley, al haber tenido un trato diferenciado con ese gremio respecto de otro tipo de manifestaciones. En ese apartado, según las mismas fuentes, se incluirían, por ejemplo, los hechos de represión que se dieron en La Araucanía durante el desalojo de municipios en el marco de la huelga de hambre de comuneros mapuche.

El tercero, en tanto, apunta a que el ministro del Interior habría infringido “la Constitución y las leyes, porque Carabineros, reiteradamente, ha actuado con violencia innecesaria y desproporcionada”, lo que -según el texto- ha derivado en la vulneración del “derecho a la vida e integridad física”. Asimismo, establece que el ministro habría “omitido sus deberes de gestión en la institución encargada del resguardo del orden público” al no adoptar medidas tendientes a evitar hechos ilícitos.