Parlamentarios de oposición piden al gobierno “revocar” indultos tras dichos de Vallejo sobre “desprolijidades”

Diversas repercusiones en el mundo político generaron los dichos de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo respecto a las “desprolijidades” cometidas en el caso de los indultos a condenados en el marco del estallido social y que llevaron a renunciar a la ministra de Justicia, Marcela Ríos.

Durante una vocería en La Moneda, la militante PC explicó que existió una desprolijidad en algunos indultos otorgados al no excluir a “personas que tuviesen antecedentes complejos previo al estallido, efectivamente ese segundo criterio fue el que no se cumplió, fruto de una serie de desprolijidades de las cuales se asumieron las responsabilidades políticas”.

En esa línea sostuvo que “si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista la situación hubiese sido distinta”. Y aseguró que “los indultos están bajo la ley y jurídicamente bien establecidos (...) no es posible revocar los indultos presidenciales”.

Declaraciones que fueron cuestionadas por parlamentarios de oposición, quienes llamaron al Ejecutivo a dejar sin efecto los indultos.

El diputado DC, Eric Aedo planteó que “a confesión de parte, relevo de pruebas. Las declaraciones de la ministra Vallejo dan cuenta que al menos en dos de los decreto de indulto no estaban bien fundados, y por tanto lo que cabe es que el Presidente de la República revoque esos decretos. Si no lo hace, obviamente que va a quedar no solo mal frente a la opinión pública que ya lo rechaza en un 70%, sino que va a generar un mal precedente al futuro”.

“Necesitamos que se revoquen esos decretos mal entregados y mal fundados”, cerró.

El jefe de bancada de los diputados RN, Andrés Longton planteó que los dichos de la vocera “me parecen tremendamente irresponsables por las consecuencias que esa mala decisión está generando a las familias chilenas”.

“Es decir, porque el Presidente, la ministra de Justicia y el gobierno no leyeron los antecedentes que retrataban la peligrosidad del señor Castillo quiere decir que las familias chilenas tienen que estar expuestas a la peligrosidad de este tipo. Es decir, si vuelve a cometer un delito, ¿de quién va a ser la responsabilidad? Precisamente de quienes tomaron esta decisión que hoy están reconociendo y si es así, la pregunta lógica es: ¿Por qué no vuelven atrás? Pueden invalidar los actos administrativos que sean contrarios a derecho, eso lo establece la ley de base del procedimiento administrativo”, agregó.

Y enfatizó que “está en el gobierno revocar esta mala decisión y entregarle, aunque sea un poco, mayor seguridad a las personas que hoy día están absolutamente desprotegidas”.

En esa línea no descartó avanzar en una acusación constitucional en contra del Presidente: “Está sobre la mesa. Imagínate si el señor Castillo vuelve a cometer un delito grave, ¿a quién van a apuntar con el dedo? Al gobierno, al presidente de la República. Por lo tanto, el Presidente tiene en sus manos el poder revocar estos decretos para poder, además, atenuar una posible acusación constitucional contra él”.

El senador de Demócratas (partido en formación) y presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Matías Walker sostuvo, en tanto, que “es muy relevante este reconocimiento de la vocera de gobierno, de que de haber tenido todos los antecedentes el Presidente habría tomado una decisión distinta. Yo invito al gobierno a traducir en hechos las palabras. Si el gobierno tiene la convicción de que las personas indultadas, los hombres indultados, porque en esto parece que no hubo paridad, no reúnen las condiciones para ser acreedores de este beneficio, que lo deje sin efecto. Todavía el gobierno tiene instrumentos desde el punto de vista legal, constitucional, administrativo, para dejar sin efecto esos decretos”.

En esa línea planteó que “va a tener un gran desafío Luis Cordero Vega, el nuevo ministro de Justicia, que es uno de los grandes especialistas en derecho administrativo para dejar sin efecto el decreto por el cual se otorgó el indulto erróneamente según ha reconocido La Moneda”.

En tanto, los diputados de la UDI, Juan Antonio Coloma y Flor Weisse, señalaron que “no cabe duda ninguna otra posibilidad de que se revierta esta situación y se anule los decretos y se ordene por los organismos jurisdiccionales su reingreso inmediato a cumplir la condena”.

“El país ya está cansado de los continuos errores de adolescentes, es necesario un mayor profesionalismo en cada una de las actuaciones del Jefe de Estado y sus ministros (...) han estado más de una semana negando esta equivocación, y ahora recién, después de 10 días, vienen a reconocer este profundo error que llevó al desfonde político a este gobierno”, concluyeron.

La senadora de RN, Paulina Núñez, en tanto declaró que “la ministra vocera de gobierno le tiró un salvavidas de plomo al Presidente, porque el haber tenido todos los antecedentes sobre la mesa dependía, ni más ni menos, que de él mismo. A mí me produce una inseguridad total que el Presidente de la República esté firmando documentos -algunos tan complejos como los indultos presidenciales-, sin tener todos los antecedentes a la vista”.

“El llamado al gobierno, entonces, no es a revocar estos indultos, sino a invalidarlos y esta figura es muy importante. Le vamos a pasar el dato al gobierno: el artículo 53 de la 19.880 (que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado) dispone que la autoridad administrativa puede invalidar los actos cuando no estuvieren bien fundamentados, como ocurre en estos casos. O sea, depende del propio gobierno invalidarlos, porque se actuó fuera de los fundamentos legales”, añadió.

En los días posteriores al otorgamiento de los indultos comenzaron a surgir una serie de antecedentes respecto a los antecedentes judiciales de algunos de los beneficiados. Uno de ellos es Luis Castillo, quien registraba una condena previa por delitos comunes y que estando detenido había recibido sanciones internas de Gendarmería. A él se sumó el caso revelado por La Tercera PM de Juan Olguín Rivera, quien llegó a tener siete órdenes de detención en su contra. Pero también han habido reparos a que se otorgase el beneficio al exfrentista Jorge Mateluna, condenado por el asalto a una sucursal bancaria.