IMSI Catcher: PC y FA no logran firmas para ir al Tribunal Constitucional, pero insisten con plan B para acotar interceptaciones

Finalmente el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA) no lograron las 38 firmas para enviar un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) con el fin de anular un artículo de la nueva reforma a la Ley Antiterrorista, que autoriza el uso de dispositivos electrónicos, denominados IMSI Catcher.

Este aparato permite rastrear metadatos y comunicaciones de teléfonos celulares en un radio de kilómetros con el fin de detectar individuos sospechosos y neutralizar amenazas, lo que a juicio de legisladores de izquierda vulnera derechos y es invasivo de la vida privada, ya que el uso de esta herramienta no discrimina a las personas a su alrededor.

Sin embargo, hasta ayer solo se habían reunido 31 rúbricas de diputados, en su mayoría del PC y el FA y dos socialistas (Daniel Melo y Leonardo Soto), para tratar de derribar la norma que habilitaba la utilización de este dispositivo por parte de las policías y la Fiscalía, en la medida que haya autorización de un juez.

A pesar de que los parlamentarios no lograron su cometido en la fecha límite -que era este lunes-, en subsidio recurrieron a un plan B: presentar un “téngase presente”, un oficio para prevenir al TC de materias que pueden vulnerar disposiciones constitucionales.

En todo caso, un “téngase presente” es un documento con menor peso ante el Tribunal Constitucional, que ni siquiera está obligado a responderlo en el marco de control preventivo que igualmente debe hacer esta nueva ley. A diferencia, ante un requerimiento, el TC hubiese tenido que abrir un expediente y resolverlo.

La nueva Ley Antiterrorista, que incluyó este mecanismo de interceptación de metadatos y comunicaciones, fue despachada por el Congreso Nacional el miércoles 11 de diciembre. Sin embargo, desde antes, parlamentarios comunistas y frenteamplistas se mostraron en contra de la autorización del uso del IMSI Catcher.

Por ello, indicaron que presentarían un requerimiento ante el TC para revertir ese artículo. Sin embargo, necesitaban contar con las firmas de una cuarta parte de los senadores o de los diputados para presentarlo.

En el caso del Senado, la recopilación de firmas estaba prácticamente descartada, ya que el uso del dispositivo electrónico en cuestión fue apoyado por 41 de 50 senadores; solo hubo tres votos en contra y cuatro abstenciones.

En la Cámara de Diputados, en tanto, la medida fue visada con 102 votos a favor de los 152 diputados en ejercicio. En contra se manifestaron 17 diputados, en su mayoría del PC, dos socialistas (Emilia Nuyado y Juan Santana), tres frenteamplistas (Camila Rojas, Emilia Schneider y Claudia Mix) y dos independientes (René Alinco y Hernán Palma). También hubo trece abstenciones básicamente del Frente Amplio y un socialista (Daniel Melo).

El problema de las fuerzas de izquierda es que la mayoría aplastante que obtuvo esta medida (contenida en un informe de una comisión mixta de senadores y diputados), de más de dos tercios en ambas salas del Congreso, superando incluso el quórum de una reforma constitucional, también reduce el margen de maniobra del TC, de acuerdo al criterio de “deferencia con el legislador”.

En el mismo gobierno y en el oficialismo estiman que probablemente el tribunal se limitará a depurar la aplicación del IMSI Catcher a conductas y amenazas terroristas, pero no lo autorizará para otros delitos como tráfico de drogas, crimen organizado y control de armas y explosivos, ya que no eran parte de las ideas matrices.

Según el escrito, los siguientes puntos son los cuestionados por los parlamentarios del PC y Frente Amplio de la Ley Antiterrorista:

1. Art. 69 de la Constitución Política de la República, relativo a los aspectos formales de la norma, en cuanto el artículo impugnado va contra la idea matriz del proyecto, tanto por insertar diligencias, tecnologías y procedimientos inexistentes en la legislación vigente, así como también por extender su aplicación más allá de las propias normas de la Ley Antiterrorista en discusión.
2. Art. 19 N°4 de la Constitución Política de la República, relativo a la vulneración del respeto y protección de la vida privada, la honra y la protección de datos personales respecto de personas ajenas al procedimiento investigativo, cuya geolocalización, metadatos y otra información sensible será obtenida en el curso de diligencias respecto de terceros.
3. Art. 19 N°5 de la Constitución Política de la República, en cuanto se vulnera la comunicación privada de personas ajenas al procedimiento y contra las cuales no existe justificación para ello, más aún teniendo presente las potencialidades desconocidas de la tecnología denominada IMSI Catcher, que como se ha dicho levanta información adicional de la que la ley expresamente autoriza.