PDI alista informe final por asesorías externas a parlamentarios

En la última semana la Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios (Bridef) intensificó las diligencias que ha venido realizando en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente en torno al pago de asesorías parlamentarias desde el 2011 al 2017, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.

Para la elaboración de dicho informe y los peritajes que se incorporarán a la causa, los funcionarios de la PDI trabajaron en forma paralela solicitando información en los centros de estudio que tienen mayor cantidad de prestaciones en el Congreso, así como con los asesores particulares que reciben los más altos ingresos por los trabajos solicitados.

El documento, pese a no tener una fecha determinada, debería llegar a la fiscalía en un plazo de 30 días. Por ahora, según conocedores del caso, la PDI se encuentra en el proceso de recolección de antecedentes y cruce de la información recibida.

De hecho, el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) confirmó a La Tercera que el martes de esta semana entregó la información solicitada por la Bridef.

El documento tendrá las principales conclusiones de los peritajes que ha venido realizando desde mayo pasado a la fecha, los que fueron solicitadas por el fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, con el objetivo de comprobar si efectivamente se configuraría o no el delito de fraude al Fisco en el uso de asignaciones parlamentarias por concepto de asesorías externas.

La indagatoria se abrió luego de que en septiembre pasado se conocieran informes elaborados por un asesor externo del excandidato presidencial y senador, Alejandro Guillier, con párrafos copiados textual de la página web del Congreso. Así, la fiscalía solicitó a ambas corporaciones todos los informes de asesorías externas del citado periodo, lo que fue acogido por la Cámara Baja -que entregó toda la información requerida-, aunque resistido por el Senado.

Fue así que el Ministerio Público optó por solicitar información relativa a contratos, respaldo de informes, facturas, boletas de honorarios, entre otros antecedentes, a los propios asesores externos de esa corporación y, asimismo, de la Cámara Baja.

Para ello -explican fuentes de la Fiscalía-, la Bridef elaboró un listado con los nombres de más de cien profesionales.

Así, en los últimos días -según fuentes del Congreso-, funcionarios de la PDI han llegado hasta los domicilios de varios asesores para solicitarles información sobre su labor, entre ellos un asesor del senador Alejandro Navarro, mientras a otros se les ha requerido el respaldo de su trabajo y otros antecedentes contables mediante correo electrónico.

Asimismo, tal como publicó El Mercurio, la PDI solicitó documentación contable e informes de asesorías a sociedades y centros de estudios que prestaron servicios a diversas bancadas y comités.

Entre ellas, además del CED, la Fundación Jaime Guzmán, el Instituto Libertad, el instituto Alejandro Lipschutz, Cieplan, Centro Democracia y Comunidad (CDC) e Igualdad.

Según fuentes de la fiscalía, además se habría solicitado información al think tank ligado al oficialismo Libertad y Desarrollo. Esta información, sin embargo, es descartada desde el instituto, donde aseguran que no realizan trabajos remunerados para el Congreso y que no han sido requeridos en esta investigación.

Con todo, las diligencias de la Bridef ya se encuentran en su etapa final. Ahora, el objetivo será contrastar la información entregada por los asesores y los centros de estudios y ver si efectivamente los pagos que se hicieron tuvieron una contraprestación real.

Según fuentes de la fiscalía, lo relevante es verificar la existencia de los informes, más allá de su contenido.

Las acciones del Ministerio Público han generado inquietud entre los propios asesores y parlamentarios en el Congreso. De hecho, el Senado instruyó en los últimos días al fiscal de la corporación, Javier Norero, a solicitar una audiencia con Guerra, precisamente por esta causa.