Penalistas apoyan a máximo tribunal ante Acusación constitucional

Durante esta jornada el secretario de la Cámara de Diputados deberá, como plazo perentorio, notificar a los ministros de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama, respecto a la acusación constitucional presentada por parlamentarios de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio, en rechazo a las siete libertades condicionales otorgadas por los magistrados a condenados por violaciones a los derechos humanos.

La acusación generó un amplio apoyo de diversos abogados penalistas a los tres ministros de la Suprema cuestionados por los parlamentarios de oposición.

La ex defensora nacional Paula Vial, reconoce que no le gustó cómo fallaron los supremos en el otorgamiento de las libertades condicionales a condenados por crímenes de lesa humanidad, pero eso "no supone notable abandono de deberes ni prevaricación (resolver contra norma)".

La abogada agregó que "lo que debilita el Estado de derecho es cuestionar con estos instrumentos poderes que han obrado dentro de sus atribuciones". Finalmente se preguntó "por qué el (Poder) Legislativo no se ha hecho cargo de regular estas materias con anterioridad si existía tanta preocupación".

Ciro Colombara, destacado penalista, cree que "la independencia judicial debe ser cautelada cuidadosamente porque es esencial para el buen funcionamiento del sistema democrático". Agregó que si bien Chile "no cumple los estándares internacionales de derechos humanos, amenaza esa independencia y no es el camino adecuado (...) el Sistema Interamericano es un camino para discutir la responsabilidad del Estado" en esta materia.

Para el abogado Leonardo Battaglia, representante del ex general director de Carabineros Eduardo Gordon, la acusación constitucional "no es la forma ni la manera de proceder" en este caso, pues "se inmiscuye un poder del Estado sobre otro (...) estamos creando una nueva instancia (que) no es acorde a nuestra Constitución", aseguró el vicepresidente de Blanco y Negro.

En la misma línea opinó el jurista Miguel Chávez, del estudio Chávez, Awad, Contreras y Schürmann: "Si vamos a transformar cada fallo en una acusación, entonces claramente el Parlamento invade una acción propia de los tribunales", expresó.