Piñera deja abierta opción de aplicar veto contra proyecto de 40 horas

Arriba de uno de los vagones del Tren del Recuerdo, mientras iba camino a Melipilla para anunciar el plan de inversión "Chile sobre rieles", el Presidente Sebastián Piñera hizo este martes un alto en su agenda para referirse al proyecto de la oposición que busca reducir la jornada laboral a 40 horas, que fue aprobado el lunes en la mayoría de sus artículos y despachado este martes a la sala de la Cámara.

En un escenario en el que el gobierno ya había decidido que acudirá al Tribunal Constitucional (TC) para frenar la moción liderada por la diputada Camila Vallejo (PC), el Mandatario sostuvo que "voy a hacer cumplir la Constitución, y espero que la Cámara o el Senado no apruebe el proyecto". Pero, además, por primera vez el Jefe de Estado dejó abierta la opción de utilizar, incluso, el veto presidencial, una herramienta que usó en agosto del año pasado para frenar la propuesta de la centroizquierda para el reajuste del salario mínimo y que terminó siendo rechazado en la Cámara.

"No me voy a quedar de brazos cruzados y voy a recurrir a todos los instrumentos que estén a mi alcance para que se respete la Constitución", dijo, al ser consultado al respecto.

Más temprano, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, se había desplegado comunicacionalmente en una entrevista con radio Duna y, posteriormente, en un punto de prensa en el Congreso.

"El proyecto de Camila Vallejo tiene dos artículos, tres palabras. El nuestro tiene más de 80 artículos", dijo, entre otras cosas, para intentar desacreditar la moción de la oposición. De esta manera, Monckeberg -y el gobierno en general- endureció el tono contra la iniciativa, reforzando el argumento de que corresponde a una medida inconstitucional, porque irroga gasto fiscal y que va a repercutir en los empleos.

Casi a la misma hora, la diputada Vallejo realizó dos entrevistas radiales y, posteriormente, un punto de prensa, mientras que su par Karol Cariola hizo lo propio en radio Infinita. "No nos extraña, no nos sorprende. Esa ha sido la actitud autoritaria y obstinada del Poder Ejecutivo", dijo Vallejo sobre la idea del gobierno de acudir al TC y la posibilidad de que se utilice el veto. En paralelo, parlamentarios de Chile Vamos también se desplegaron en el Congreso y en medios de comunicación criticando la iniciativa, mientras que la presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara, Gael Yeomans, celebró el despacho a la sala y defendía que no se haya enviado previamente a la Comisión de Hacienda.

En medio de este escenario de enfrentamientos entre ambos sectores, La Moneda se encuentra preparando su ofensiva al TC, una acción que está coordinando en conjunto con Chile Vamos y, según dijo este martes el diputado Francisco Eguiguren (RN), la concretarán la próxima semana, al menos por el lado de los partidos.

En el gobierno señalan que está la convicción de que acudirán al organismo, pero que están viendo la fórmula. Esto puede ser a través de un escrito transmitiendo la inquietud por el proyecto o mediante un requerimiento. "Si fuera necesario ir al tribunal, voy hacerlo yo como Presidente de Chile", dijo Piñera esta noche en Meganoticias.

El documento, agregan en el Ejecutivo, se redactará con los equipos jurídicos del gobierno y con abogados externos, entre ellos, Gastón Gómez, quien defendió a Chile Vamos cuando acudieron al TC para reclamar la titularidad sindical en la reforma laboral de Michelle Bachelet. La oposición, en tanto, estará representada por el abogado DC Patricio Zapata.

En el gobierno, además, dicen que están viendo cuál es el mejor momento para acudir al TC y así evitar un revés. Esto, debido a que en el oficialismo advierten que hay un caso en que el organismo se pronunció sobre un proyecto en discusión en el Congreso y falló diciendo que, al menos, debía pasar un trámite. De esta manera, algunos plantean que quizás sería conveniente esperar la votación en sala.

La ofensiva y el despliegue comunicacional del oficialismo también fueron reforzados con insumos internos, como un informe que envió este martes la Segpres a autoridades y parlamentarios de Chile Vamos, en el que se señala, entre otras cosas, que "se debe rebatir esta iniciativa considerando al menos tres puntos fundamentales".

En ese escrito se refuerzan varios de los argumentos en los que el gobierno busca sustentar que el proyecto opositor es inconstitucional y que serían utilizados ante el TC. Así, se reitera que se afectará a los empleos y que "la reducción de la jornada implica gasto público, impactando directa e indirectamente las arcas fiscales, atribución exclusiva del Ejecutivo". Además, se sostiene que "se atenta contra múltiples normas de la Cámara".

Los argumentos del informe de la Segpres van, además, en línea con una minuta que elaboró el Ministerio del Trabajo, en la que se recalca que el proyecto fue declarado inconstitucional en 2017 por la mesa de la Cámara, y que en 2013 fue declarado inadmisible. También se asegura que "Chile establece una jornada más corta que la mayoría de los países de Latinoamérica" y que "en la mayoría de los países de la Ocde, incluyendo Chile, se trabajan menos horas efectivas que las reguladas".