¿Pinta bueno? Spot por reforma de pensiones abre delicado flanco a La Moneda en la Contraloría a días de la cuenta pública

“No resulta procedente que los ministerios, las intendencias, las gobernaciones y los órganos y servicios públicos incurran en gastos de publicidad y difusión de proyectos que la autoridad administrativa pretende desarrollar, pero que aún no han sido formalmente implementados”, decía el dictamen de la Contraloría número 47311, fechado el 19 de noviembre de 2002, que objetaba los gastos de publicidad en los que había incurrido el gobierno del Presidente Ricardo Lagos para difundir la bondades el Plan Auge, que a esa fecha era solo un proyecto de ley.

En esa época, la tercera administración de la Concertación celebró 52 contratos con canales de televisión y radios, por un valor total de $551.694.632, para difundir una campaña en favor de aquella reforma de salud, en momentos en que aún se tramitaba en el Congreso.

El gasto fue impugnado por los diputados de la UDI, quienes, representados por la entonces legisladora María Angélica Cristi, recurrieron a la Contraloría.

Aquel dictamen de hace 21 años, que posteriormente se ha ido asentando con otros pronunciamientos del ente contralor, hoy se convierte en un precedente delicado para La Moneda, que durante el fin de semana comenzó una campaña en favor de la reforma previsional, que recién se encuentra en el Senado, en su segundo trámite legislativo.

El despliegue comunicacional, a una semana de que el Presidente Gabriel Boric realice su tercera cuenta pública ante el Congreso Pleno, ya se materializó en la exhibición en canales de TV de un spot, protagonizado por personas que actúan en una escena familiar.

En la pieza audiovisual, los protagonistas aparecen tomando “once”, debatiendo sobre un “seguro social” (que “pinta bueno”, dice una de las comensales), aspecto que fue incluido en la reforma previsional que impulsa la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC).

Desde la oposición reaccionaron con molestia ante la campaña. De hecho, este lunes las bancadas de Chile Vamos recurrieron nuevamente a la Contraloría para denunciar lo que calificaron como una grave ilegalidad.

En una declaración pública, Juan Antonio Coloma (UDI), Ximena Ossandón (RN) y Jorge Guzmán (Evópoli), jefes de bancada de sus respectivos partidos, acusaron que esta campaña “infringiría”. Además, apuntaron a que el gobierno estaría usando recursos públicos “para tratar de convencer a los chilenos que, a juicio de ellos, el mejor camino para subir las pensiones es el sistema de reparto, lo que todos saben que no es así”.

Consultada por las críticas, la ministra Jara apuntó a las Administradoras de Fondos de Pensiones. “La verdad es que desde que estamos con el proyecto de reforma de pensiones, las AFP han invertido una gran cantidad de recursos en más que informar, desinformar a la ciudadanía. El comercial (de las AFP) que están pasando por TV es del todo engañoso, ya que le dice a la gente que tiene un 6% que no existe y que es un aporte, que, si se llega a legislar, van a hacer los empleadores. No los trabajadores. Lo que ha hecho el gobierno, en general, es informar y vamos a seguir haciéndolo con todos los desafíos que este proyecto tiene”.

En esta materia, la Contraloría ha tenido una postura estricta al cuestionar la procedencia de campañas gubernamentales para defender políticas que aún están en una fase elaboración legislativa.

Sin embargo, el precedente del Plan Auge es particularmente delicado, pues entonces el máximo ente administrativo inició un juicio de cuentas que obligaba al entonces ministro de Salud, Osvaldo Artaza (DC), y al subsecretario, Gonzalo Navarrete (PPD) a devolver los montos millonarios gastados en esa campaña.

Incluso, a pesar de que Artaza y Navarrete, recurrieron a la justicia, la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó, en agosto de 2003, el recurso de protección presentado por ambas exautoridades de la Concertación que buscaba evitar el juicio de cuentas.

En abril de 2015, durante el segundo gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, las bancadas de la UDI, RN y de Amplitud (disuelta colectividad de centroderecha), representados por los diputados Nicolás Monckeberg, Claudia Nogueira y Pedro Browne, cuestionaron ante la Contraloría una campaña comunicacional del gobierno para defender su reforma tributaria que estaba en tramitación en el Congreso.

“Mitos y Realidades: La Reforma Tributaria no la paga la clase media”, se llamaba el video, difundido en redes sociales en el que se criticaba a “los poderosos de siempre”, que se oponían a pagar más impuestos para planes sociales.

Si bien entonces la administración de Bachelet no incurrió en gastos externos, como espacios en canales de TV o los servicios de una agencia de publicidad, pues -según la versión de la Secretaría General de Gobierno- solo trabajó personal del ministerio en la elaboración de la campaña, la Contraloría igualmente hizo un reproche por el lenguaje y por el uso de espacios y recursos institucionales para crear y difundir el video.

“Pese a ser una cuestión de mérito, no obsta a que Contraloría General de la República pueda considerar que, por el bien del mensaje y del debate público, sea pertinente el uso de otras expresiones menos incisivas... Lo anterior no obsta a que la Contraloría pueda considerar recomendar al ministerio usar recursos lingüísticos moderados, en atención a que, con otras palabras, igualmente, la información puede ser entregada y comprendida en un lenguaje cotidiano”.

“El accionar de ese ministerio no se ha ajustado al ordenamiento jurídico, lo cual en lo sucesivo deberá corregirse y atenerse estrictamente a lo antes señalado”, decía ese dictamen emitido en abril de 2015.

Al llegar a la Contraloría, en diciembre de 2015, Jorge Bermúdez, quien ejerció como contralor hasta fines del año pasado, flexibilizó la jurisprudencia en términos de que los gobierno podían hacer campañas respecto de proyectos de ley, siempre y cuando, se limitaran a usar “medios idóneos”, según dice la ley.

Con ese criterio, la estrategia comunicacional que desplegó la segunda administración de Bachelet con el proyecto de aborto en tres causales, no tuvo reparos de Contraloría, a pesar de que la derecha igualmente cuestionó los videos en 2016. No obstante, en esa ocasión, la administración de Bachelet se cuidó de no incurrir en gastos extras y solo usar redes sociales o sitios web del Ejecutivo.

Ese punto fue destacado por Bermúdez en su resolución del 8 de abril de 2016, en la que desestimó el requerimiento opositor. “Este material audiovisual (sobre el aborto en tres causales) fue diseñado y producido por el personal de ambas entidades (ministerios de la Mujer y de la Secretaría General de la Presidencia), sin que mediara contrataciones externas de prestación de servicios, no existen gastos adicionales, de modo que el valor de los recursos utilizados, por la actividad de esos funcionarios y los materiales empleados, están comprendidos en las imputaciones a los respectivos subtítulos de la correspondiente ley de presupuestos”.

Ese mismo criterio, lo mantuvo el contralor en acciones que desplegó la segunda administración del Presidente Sebastián Piñera.

Por ejemplo, en 2021, ante un requerimiento del senador Alejandro Navarro que cuestionó la estrategia comunicacional de Piñera para defender su reforma previsional, el excontralor también desestimó la denuncia, en vista de que el material audiovisual y “su forma de divulgación” (en redes sociales y sitios web), se ajustaron a “la normativa vigente”.

Nuevamente en ese dictamen del 28 de noviembre de 2019, Bermúdez remarcó que los ministerios deben “restringir los gastos en publicidad y difusión a aquellos que sean necesarios e imprescindibles para el cumplimiento de la función pública, la que, por regla general, puede llevarse a cabo sin necesidad de incurrir en ellos (gastos en publicidad)”.

Esta resolución es relevada en la Subsecretaría de Prevención Social, que diseñó la campaña, donde señalan que “el gobierno está facultado para difundir los proyectos de ley siempre que se indique claramente que se trata de un proyecto en tramitación o discusión parlamentaria, y la campaña sobre la Reforma a las Pensiones cumple y respeta esta normativa”.

“Es importante dejar en claro que tanto el spot de referencia como toda la comunicación, campaña o difusión de este y los elementos asociados a la difusión de la reforma al sistema de pensiones, cumplen con cada uno de los requisitos que indica el informe de Fiscalía para la realización de información pública de una medida incluida en un proyecto de ley”, sostienen en la misma subsecretaría.

Uno de los problemas del gobierno es que esta nueva situación tendrá que ser resuelta por la contralora (s) Dorothy Pérez, quien podría innovar en mataria de jurisprudencia.