Plebiscito: Boric sostuvo diálogo con contralor y aseguró que informarán respetando los dictámenes

“Independiente de la posición que se tenga respecto del plebiscito del 4 de septiembre, ustedes seguramente saben cuál es la de cada quien, lo que mejor que podemos hacer nosotros es gobernar en terreno, sacar al gobierno a terreno, hacerlo en conjunto con los alcaldes”.

Esa fue parte de la intervención que el Presidente Gabriel Boric realizó este jueves en la asamblea general de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), en Viña del Mar.

Un encuentro al que asistieron más de 250 jefes comunales de distintas zonas del país, así también el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), y autoridades de gobierno.

Durante la instancia, el Mandatario efectuó una declaración que se extendió por 28 minutos y en la que abordó diversos ejes. Uno de ellos fue la campaña informativa de cara al plebiscito constitucional del 4 de septiembre.

“Los alcaldes y alcaldesas, y en esto me refiero a un tema que seguramente ha sido parte de su discusión, tienen también el derecho y deber de informar respecto a los procesos cívicos”, comenzó diciendo al respecto.

En ese momento, reveló que mantuvo una conversación con el contralor general, Jorge Bermúdez, con quien dijo tener una “excelente relación de mucha colaboración”, y agregó que se debe respetar lo que plantea el ente fiscalizador.

“¿Qué es lo que me planteaba el contralor? Uno, una cuestión que es básica: todos nosotros somos personas políticas, por lo tanto, tenemos derecho a tener una opinión respecto a la coyuntura que vive nuestro país, y esa opción no puede ser acallada”, detalló.

En esa línea, continuó diciendo que “la prescindencia que exige Contraloría, en buena hora y que está bien, dice que no podemos usar recursos públicos para fortalecer una u otra opción”, un dictamen que -asegura- debe cumplirse a “raja tabla y está bien que se fiscalice”, ya que “ambas opciones son legítimas y porque nuestro deber en el uso de recursos públicos del Ejecutivo es informar”.

Sin embargo, precisó que “cada uno tiene derecho a expresar su opinión política e, incluso fuera del horario laboral, manifestar y movilizarse por ella, sea cual sea” y apuntó a que en el caso de los municipios “con austeridad, con estricto control del gasto público tienen también el derecho a informar, si son parte esencial de la vida cívica”.

“El deber de informar del gobierno respecto al proceso constituyente nosotros lo vamos a cumplir, respetando por cierto, los dictámenes de Contraloría”, sentenció.

Las palabras del Mandatario se dan a días de que la Contraloría General solicitara detalles sobre dos hechos que relacionan a autoridades de gobierno. Ambas situaciones instalaron dudas en la oposición sobre la prescindencia que el propio Ejecutivo ha comprometido en el marco del referéndum, y cuyos márgenes los definió el organismo.

Uno de ellos fue la reunión que sostuvo el Mandatario y el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, junto a la directiva del Partido Socialista el viernes pasado en La Moneda. Las dudas se instalaron luego de un video publicado por el diputado y vicepresidente de la colectividad, Leonardo Soto, en el que aseguraba que dicho encuentro era de coordinación para la campaña del Apruebo.

El segundo hecho, en tanto, se enmarca en la intervención que realizó la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, durante su participación en un matinal televisivo -también- el pasado 8 de julio. Una situación que motivó la denuncia de diputados de RN.

Pero la Contraloría no solo ha presentado resoluciones respecto a las autoridades de gobierno, sino que también sobre municipios.

El organismo, a través de sus redes sociales, ayer publicó un mensaje en el que advertía que “no es competencia de los municipios informar sobre materias ajenas a sus funciones, como el plebiscito de salida”.

Junto con eso, dio a conocer un dictamen en el que se señaló que, además de “respetar el principio de prescindencia política”, las municipalidades de Cerrillos, Cerro Navia, Maipú y Quinta Normal deberán instruir un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades administrativas.

Lo anterior, por hechos relacionados a actividades y acciones de difusión del proceso constituyente, y que fueron denunciados por parlamentarios de oposición.