“Plena igualdad” entre independientes y miembros de organizaciones políticas: La controversial norma que según expertos debilitaría a los partidos políticos

El pleno de la Convención Constitucional se alista para votar, este viernes, el último informe de la comisión de Sistema Político. Para algunos el hecho es de suma relevancia, ya que las normas que se someterán al escrutinio de los convencionales configura el corazón de la propuesta de nueva Constitución.

Durante estos días las conversaciones van y vienen para amarrar los votos para asegurar los 2/3. Durante ese trabajo han aparecido las primeras piedras de tope. Una de ellas es la pretensión de algunos colectivos de la Convención de querer igualar a los independientes con los partidos políticos. De hecho así lo reconoció a La Tercera el convencional Marco Arellano (Coordinadora Plurinacional), quien dijo que para votar a favor de la propuesta se debería habilitar “la posibilidad de listas independientes a nivel regional puedan competir en la Cámara de las Regiones”.

Sobre ese tema en disputa, el sábado la comisión dio un primer paso que encendió las alarmas entre los expertos. El origen de la controversia se dio por el siguiente artículo:

La Constitución protege el derecho de todas las personas a participar en organizaciones política y a postular a cargos de elección popular a través de ellas o como independientes. Se garantizará la plena igualdad a independientes y miembros de organizaciones políticas, tanto en la presentación de candidaturas como en su participación de procesos electorales. La ley regulará las condiciones del ejercicio de este derecho.

El artículo aprobado en la comisión y despachado al pleno

La norma aprobada es similar al actual artículo 18 de la Constitución, pero la de ahora ni siquiera menciona las palabras “partidos políticos”. El origen de esta norma viene de la Constitución de 1980. “Que esto no sea una innovación y la norma esté en la Constitución actual no significa que sea buena. Al repetir esta norma los convencionales están queriendo darle igualdad a organismos que no son iguales. La Constitución de 1980 buscó deliberadamente debilitar a los partidos políticos y los reguló desde la sospecha. Por eso el objetivo era debilitar de forma permanente a los partidos políticos. En esa línea, la comisión en vez de dar una solución a los problemas que tiene el actual sistema de partidos políticos, solo está repitiendo el mismo patrón”, explica el profesor de derecho electoral de la Universidad Central y Andrés Bello, Gabriel Osorio.

Habrá un sistema electoral público. Una ley orgánica constitucional determinará su organización y funcionamiento, regulará la forma en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios, en todo lo no previsto por esta Constitución y garantizará siempre la plena igualdad entre los independientes y los miembros de partidos políticos tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los señalados procesos. Dicha ley establecerá también un sistema de financiamiento, transparencia, límite y control del gasto electoral.

Actual artículo 18 de la Constitución vigente

Para Osorio, si esta norma es aprobada por el pleno, se debilitará el sistema de partidos políticos. “Al otorgar esta plena igualdad, la comisión está desarmando la base de la organización constitucional de los partidos políticos. No hay nada más pinochetista que repetir el artículo 18 de la actual Constitución”, dice el abogado.

¿Cuál es el riesgo? Según Osorio, esto hará más fácil modificar el sistema electoral. “Si esa norma se visa, el Congreso solo con una mayoría simple podrá permitir la inclusión de las listas de independientes, algo que actualmente necesita de un quórum de 3/5 o de 4/7. Si eso ocurre, se estará destruyendo el sistema político del país”, agrega Osorio.

En este punto también coincide el abogado constitucionalista Jorge Barrera. “Es un profundo error hablar de organizaciones políticas en vez de partidos políticos en el nuevo texto. Estamos frente a un intento bastante poco sutil de equiparación de los movimientos políticos desregulados, sin transparencia, sin límites normativos, y sin regulación interna. Lo propuesto tiene un efecto práctico muy similar a lo que ocurrió para la integración de la Convención entre las llamadas ‘listas de independientes’ y partidos políticos. En este sentido, la propuesta no pone fin a la sospecha que tiene la Constitución de 1980 respecto de los partidos, sino que muy por el contrario, profundiza un camino de socavación del régimen de partidos políticos actualmente vigente”, plantea el académico de la Universidad de Chile y San Sebastián.

La abogada constitucionalista Verónica Undurraga comenta algunos matices. Para la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez “lo ideal es que la acción política se canalice a través de organizaciones políticas que tengan vocación de permanencia, que se hagan responsable de sus acciones y estén debidamente reguladas, por ejemplo, en relación a su financiamiento y niveles de transparencia”. Por lo mismo, Undurraga cree que “si se va a aceptar otro tipo de organizaciones políticas formadas por independientes, debieran cumplir con los mismos estándares que se exigen a los partidos en todos estos aspectos relevantes y la determinación específica de los estándares se entrega a la ley, como debe ser”.

Sobre por qué insistir en el mismo ánimo de la Constitución de 1980 -al plantear una norma similar al actual artículo 18-, Undurraga agrega: “La desconfianza en los partidos es mala para el país, tanto en dictadura como en democracia. Lamentablemente la creación de confianza no puede lograrse dictando una norma, porque es un fenómeno social y el derecho no es magia. La desconfianza actual en los partidos explica que tengamos esta norma y no otra. Por otro lado, es positivo que las personas quieran organizarse para participar en política más allá de la desconfianza en los partidos. Ahora el desafío es que ese interés se canalice de un modo que fortalezca las prácticas democráticas y no las debilite”.

La politóloga Julieta Suárez, en tanto, valora la norma aprobada. “Me parece positivo que se reconozca la importancia de las organizaciones políticas y que digan que tienen que competir en condiciones de igualdad. Yo por condiciones de igualdad también entiendo las condiciones para el registro y mantenimiento de estas organizaciones, de las cuales también se habla en otros artículos, cuando se habla de probidad, democracia interna, etcétera. Creo que sería iluso pensar que en este contexto de crisis de representación tan fuerte la nueva Constitución podría, por ejemplo, asegurar el monopolio de la representación de los partidos políticos. Creo que se hace cargo de la profunda desconfianza que tiene la ciudadanía chilena, me atrevería a decir casi a nivel mundial, con los partidos políticos”, dice la profesora de Ciencia Política de la Universidad Católica.

Suárez añade que “en la actual Constitución de la República Francesa, en el artículo 4, también se habla de partidos y organizaciones políticas, así que me parece sinceramente un poco de exageración decir que con esto se acaban los partidos”. La académica destaca que el detalle haya quedado remitido a la ley: “Me parece muy bien que esto quede para la ley, en especial ahora con un Estado regional. Tiene que ser la legislación la que vea criterios de requisitos, deberes y derechos de las organizaciones que puedan presentar candidaturas electorales, precisamente para fortalecer a los proyectos colectivos y para fomentar la organización de nuevos proyectos colectivos que ojalá vengan a reconstruir esa confianza”.

La norma va a llegar al pleno y, al menos hasta este lunes 2 de mayo, los colectivos ligados a partidos políticos adelantaban que es probable que la norma se rechace. La convencional Constanza Hube (UDI) dice que votará en contra. “Validar a las organizaciones como una especie de partidos políticos significa que pueden participar en igualdad de condiciones con ellos. La estafa electoral de la Lista del Pueblo y casos como el de Rojas Vade demuestran que la democracia necesita partidos políticos fuertes. Lo aprobado en la comisión va en el sentido contrario”, asegura la abogada.

El convencional Guillermo Namor (Independientes No Neutrales) -quien votó a favor de la norma- explica que “decidimos no innovar respecto al estándar establecido en la Constitución vigente sin perjuicios de las aprensiones que teníamos respecto de lo que han señalado muchos expertos que es la necesidad de evitar la fragmentación política. En ese sentido dejamos superestablecido que se mantiene el estándar de la Constitución actual que es básicamente la igualdad entre independientes y miembros de organizaciones políticas, pero recalcamos que se trata de independientes unipersonales, en ningún caso vistas programáticas ni algo parecido”.

Namor también se hace cargo de las críticas y explica cuál las razones de su postura: “Dentro de nuestro colectivo inclusive hay distintas posturas respecto de la importante de los partidos. A título netamente personal yo creo que los partidos son esenciales para la manutención de una democracia que genere gobernabilidad y estabilidad para el país, pero entiendo que hay distintas posturas y en ese sentido lo que permite esta norma es recalcar dos cosas: que la política se hace en forma organizada, y dos, darle margen al legislador para que el día de mañana él decida, con los antecedentes en mano y con una discusión mucho más profunda, respecto de si considera o no la creación de nuevas formas de organización, sean partidos políticos, movimientos, sean plataformas, lo que sea. Sin perjuicio de que somos muchos los que creemos que los partidos son esenciales para evitar la fragmentación política”.