Presidente del PC vuelve a defender las pensiones de gracia: “El Estado tiene obligaciones con las víctimas de atropellos a los DD.HH.”

Este lunes el timonel del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, volvió a defender las pensiones de gracia entregadas en el marco del estallido social, incluso para quienes tenían condenas por diversos delitos. “Si se atropellan los derechos humanos por responsabilidad del Estado de Chile, de instituciones del Estado como son las policías, el Estado tiene obligaciones con quienes sean víctimas de ese atropello”, señaló en diálogo con Radio Agricultura.

Pese a afirmar que el Estado tiene “la obligación de reparar” los casos donde se constató una vulneración a los derechos humanos, el dirigente dijo que “este camino de las pensiones de gracia, al que yo no tenía acceso, ni conocía bien que estaba usándose a plenitud, es un camino básico, muy básico”.

“Lo primero que tiene que haber es verdad, desde el punto de vista de los tribunales, verdad, justicia, reparación, no repetición. Esos son códigos internacionales desde el punto de vista de una convivencia civilizada. Ahora, si de por medio se presentaron antecedentes de gente que no tenía mérito y estaba aprovechándose, abusando de un espacio que podía tener una retribución que no le correspondía, bueno, es justificable (la revocación). Es justo que se repare y se revoque aquella adjudicación, porque no corresponde”, reconoció.

En cuanto a los beneficiados con condenas, Carmona respaldó que “si una persona tiene un prontuario, ha cometido un delito, enfrentó a la justicia, asumió la consecuencia del castigo que definió la justicia respecto a su conducta delictual, no tiene por qué tener una falta de protección cuando se trata del atropello a los derechos humanos”.

“¿O alguien va a poder sostener civilizadamente que un delincuente no tiene derecho a defender y a presentar su situación si es que perdió un ojo, porque es delincuente?”, cuestionó.

Eso sí, acotó que “yo no soy quién para defender a delincuentes y darles cobertura, pero no puedo aceptar que se disminuya la obligación del Estado frente al atropello de derechos humanos”.