Presupuesto de $800 millones: Servel y gobierno detallan campaña informativa para el plebiscito constitucional de diciembre

La mañana de este jueves la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, se reunió con el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, para ajustar los últimos detalles de la campaña informativa en torno al plebiscito constitucional del próximo 17 de diciembre.

Al finalizar el encuentro en La Moneda, Tagle señaló que el Servel tiene un presupuesto de cerca de $800 millones para llevar a cabo el despliegue informativo. La campaña, dijo, “ya está preparada y básicamente apunta, primero, a informar a la ciudadanía de que hay un plebiscito; en segundo lugar, convocarlos a votar; y en tercer lugar, advertir de la situación de que seguimos con voto obligatorio”.

“Además, en nuestra campaña y en nuestras páginas web, cada vez que la ciudadanía consulte especialmente sobre su local de votación, va a haber un link para que pueda revisar el texto de propuesta constitucional que se está sometiendo a plebiscito”, agregó.

La campaña del Servicio Electoral iniciará el día en que se publique el decreto presidencial que convoca el plebiscito, es decir, el 7 de noviembre. Esto se efectuará luego de la ceremonia en la que el Consejo Constitucional hará entrega de la propuesta de nueva Carta Magna al Presidente Gabriel Boric. Ese mismo día parte la campaña de los partidos políticos.

Al respecto, Tagle informó que las colectividades “tienen que registrar en el Servel sus administradores, su autorización de cuenta corriente y la opción que van a apoyar -puede ser ambas-, y eso los habilita para hacer campaña desde ese momento”. Asimismo especificó que esta campaña solo la pueden realizar partidos políticos, ya que “en esta ocasión el legislador dejó afuera la posibilidad de que participaran organizaciones de la sociedad civil”.

Los partidos tendrán un financiamiento público “similar al anticipo que se les da antes de una elección de diputados”. Sin embargo, esta vez no tendrán “financiamiento posterior por voto ni lo que se llama remanente, solo ese anticipo, y exclusivamente los partidos políticos”.

El segundo hito de la campaña será el 25 de noviembre, día en que el Servicio Electoral va a publicar -en su página web- los vocales de mesa que tendrán que trabajar durante el plebiscito y los locales de votación que a cada persona la tocará en base a la georreferenciación registrada.

Por su parte, la ministra Vallejo dijo que espera que la jornada “sea expedita, tranquila, segura, y que la gente pueda acceder con los medios de transporte desplegados y facilitados a los locales de votación, eso va a venir obviamente en los próximos días”.

La vocera se refirió, además, a la multa que el Servel cursó a Google -el mes pasado- por no revelar la identidad de quienes contrataron propaganda en la plataforma, ni los montos involucrados, para el plebiscito de salida de septiembre del 2022. “Ahí hay un desafío que nos ha planteado el presidente (del Consejo Directivo del Servel) y que coincide mucho con la necesidad de avanzar en regulaciones o estándares a las grandes plataformas digitales, como los tienen otras personalidades jurídicas o, por ejemplo, los medios de comunicación tradicionales”, aseguró.

En ese sentido, Tagle explicó que actualmente “la legislación establece una obligación tanto a la prensa escrita o a las radios de que si reciben propaganda tienen que informarla al Servel y, además, tienen que tener tarifas previamente informadas al servicio para cobrar de forma uniforme a todos los candidatos”.

“Esto no opera para las redes sociales, pero sí operó por una disposición transitoria en la Constitución, que tuvo efecto solo en el plebiscito del año 2020 y del año 2022 para las redes sociales”, precisó, a la vez que sugirió que -de cara a la votación de diciembre- es “fácil de implementar”.

El representante del Servicio Electoral fue enfático en plantear que aspiran que “las redes sociales -y las plataformas de internet- en esta materia tuvieran la misma regulación que tienen las radios y la prensa”. Esto, para así poder saber “previamente de las tarifas y de toda la contratación de propaganda” y “poder hacer un mejor control del gasto que se está haciendo en las campañas”.

Las redes sociales y las distintas plataformas web no tienen la obligación legal de informar las tarifas ni quiénes contratan la propaganda.

“Eso no quita que nosotros estamos revisando las redes sociales y las plataformas de internet, buscando propaganda pagada y, de lo que encontramos, exigimos que el candidato nos explique en su rendición de cuentas esta contratación de propaganda que hizo”, precisó Tagle.

La ministra Vallejo se mostró en línea con la sugerencia de equiparar las obligaciones legales de las distintas plataformas: “Eso lo recogemos, nosotros estamos con una agenda muy importante en relación a desinformación. Creemos que es importante esta mirada desde el Servel, que es una institucionalidad de alto prestigio y que tiene sus propias herramientas de detección de desinformación de procesos electorales cuando se emite por redes sociales. Por ejemplo, cuando no corresponde con el calendario de votación u otras cosas que no se ajustan a la información veraz”, sostuvo.